Nacionalizarse o casarse por lo civil será más caro tras la reforma del Registro Civil

8 de enero de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Gobierno del PP modifica la Ley 20/2011 para introducir tasas de acceso a servicios básicos

El Cuerpo de Secretarios Judiciales ha mostrado su descontento con el anteproyecto de reforma de la ley que pretende otorgar algunas competencias en materia de Registro Civil a notarios y registradores ajenos al funcionariado público. La Ley 20/2011 fue aprobada durante la pasada legislatura por una amplia mayoría en las Cortes, aprobación que incluía el voto del Partido Popular. En ella no estaba incluido ningún tipo de tasas y en un principio todos los trámites de Registro Civil no suponían coste alguno a los ciudadanos. No obstante, en el borrador de la reforma que quiere llevar adelante el Gobierno de Mariano Rajoy, se atribuyen a organismos no estatales determinadas competencias que hasta entonces pertenecían a los secretarios judiciales y se proponen aranceles para algunas de ellas.

La Ley 20/2011 de Registro Civil, que se aprobó el 21 de julio del pasado año y que se esperaba que entrara en vigor el próximo 2014, planteaba la creación de un modelo de registro electrónico con una única base de datos informatizada para todo el territorio estatal. De esta manera, se facilitaría el trabajo a las oficinas registrales del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la reforma que pretende llevar a cabo el Partido Popular evitaría que esta ley se pusiera en marcha, por lo que el procedimiento de modernización del Registro no quedaría amortizado. Asimismo, se prevé ceder gran parte de las competencias a registradores de la propiedad y notarios no funcionarios. Por ello, el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) considera inoportuna esta reforma basándose, principalmente, en el esfuerzo y los recursos invertidos en el proceso de digitalización y modernización del Registro Civil, que una vez finalizado permitiría “ofrecer un servicio más eficaz y con los menores costes para los ciudadanos”.

Olmo Calvo | Periódico Diagonal
Olmo Calvo | Periódico Diagonal

El Sisej considera que ésta es “otra reforma privatizadora” del Gobierno, ya que algunos trámites como el sistema público de registros o el de matrimonios civiles dejan de estar en manos del Estado para ser cedidos a registradores y notarios. Esto supondría un encarecimiento de la justicia para el ciudadano debido a la aplicación de algunas tasas que no estaban previstas por esta ley. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha insistido en que no se trata de una privatización de servicios públicos, sin embargo, no ha negado que habrá nuevas tasas para trámites que hasta ahora eran gratuitos. Matrimonios civiles, cambios de nombre o apellidos y procesos de nacionalidad podrían ser algunas de las gestiones para las que sería necesario pagar una cuota que, según el Ministerio, oscilará entre los diez y los 40 euros. Los miembros del Sisej han acusado al Gobierno de ver la Justicia como una “oportunidad de negocio” y no como un servicio público, así como de desmantelar el Estado social y democrático de derecho. Además de esto, la aplicación de aranceles sobre trámites registrales hasta ahora gratuitos podría provocar, según los miembros del Sisej, una desmotivación por parte de la ciudadanía a la hora de realizar las inscripciones de pago, lo que redundaría en una falta de “concordancia del registro con la realidad”.

El sindicato, que considera que el Gobierno menosprecia la capacidad de su colectivo, ha pedido que rectifique su posición y que no se lleve a cabo la reforma. La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) también ha criticado esta nueva reforma, al considerar que ésta supone la depreciación de quienes llevarán a cabo estos procedimientos: el Estado prescindirá para ello de los secretarios judiciales y licenciados en Derecho de tipo A-1 para ceder sus competencias a notarios y registradores sin ningún tipo de conocimiento ni experiencia en la materia. No es la primera vez que los secretarios judiciales muestran su desaprobación hacia la actuación del Ministerio, a quien atribuye la culpa de la “involución y retroceso en la administración de justicia” del último año.

JUSTICIA | Leer artículo original aquí…

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