El copago judicial pone de acuerdo a todo el sector

22 de enero de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Críticas a la medida desde todas las tendencias políticas

La sociedad española sigue sin aceptar las reformas llevadas a cabo por Alberto Ruiz-Gallardón en el último año. Desde la aprobación de la Ley de Tasas hace poco más de dos meses, la polémica en el ámbito jurídico no ha remitido y el número de quejas sigue creciendo. La Ley 10/2012, que entró en vigor el 22 de noviembre, y con la que el Ministerio de Justicia pretende recaudar alrededor de 300 millones de euros anuales, supone la aplicación de unas tasas de entre 100 y 1.200 euros, tanto para ciudadanos como para empresas. Desde que el Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por Gallardón el día 14 de noviembre, durante la última huelga general, pocas voces se han alzado para defender esta nueva normativa que aleja a los ciudadanos de su derecho constitucional de acceso a la justicia.

Si bien en la ley se habla del incremento en el número de beneficiarios de la justicia gratuita, no se puede obviar que la clase media será la más perjudicada con esta nueva medida. La Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos recuerda, además, que las nuevas tasas propuestas por Gallardón suponen una regresión en el tiempo, recuperando la ley de acceso a la justicia de la era preconstitucional.

El Constitucional ha paralizado las tasas judiciales en Catalunya, pero no son las que introduce la nueva Ley

A pesar de que Justicia insiste en que la medida no es “una cuestión meramente tributaria”, numerosos colectivos de la abogacía han reaccionado contra ella. Antonio Massé, abogado con más de 30 años de experiencia, considera la medida una “norma técnicamente mala e injusta”, fruto del “afán recaudatorio” del Gobier­no, y la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Margarita Robles, la ve “absolutamente desproporcionada” ya que “lo que se está haciendo desde el Ministerio de Justicia es limitar los derechos de los ciudadanos para acceder a la Adminis­tración de Justicia”. La Confederación Española de Abo­gados Jóvenes (CEAJ) ya había planteando también numerosas razones por las que se oponía a la aprobación de esta ley. Entre ellas, se encontraba el problema autonómico, en concreto en la comunidad de Catalunya, con una regulación propia de tasas judiciales. Al entrar en vigor esta nueva medida, los ciudadanos catalanes se verían obligados a pagar dos veces por la justicia. Así pues, el Tribunal Constitu­cional se ha visto obligado a suspender las tasas judiciales en Catalunya, pero no las que implican la nueva Ley de Tasas, sino las que la Generalitat aplicaba con anterioridad.

Los colegios de abogados de todo el Estado también han comenzado su lucha por paralizar esta ley. En Ourense se pidió la suspensión cautelar de la norma que aplica las tasas, recurso que fue admitido a trámite ya que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En Málaga, además de esto, han pedido a la Defensora del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, petición que han llevado a cabo también los miembros de la Plata­forma Ciudadana por una Justicia de Todos. El sábado 19 se celebró en Madrid una manifestación en la que los colegiados de todo el país entregaron las firmas recogidas contra la nueva medida de privatización de la Justicia.

Gallardón se queda solo

La ley, que no entró con buen pie, no deja de recibir fuertes críticas desde todos los ámbitos. Javier Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional, manifestó su desacuerdo con la misma, que considera desacertada puesto que “los males de la Justicia” no se evitan incrementando las tasas. Por su parte, el grupo Legálitas ha presentado ya el primer recurso contra la medida, que considera abusiva ya que “imposibilita al ciudadano acceder a los juzgados y tribunales en defensa de sus derechos e intereses”.

Aunque no hay todavía actuaciones concretas de desobediencia ante esta ley que gran parte de la abogacía considera inconstitucional, ya se plantea la idea de evitar los pagos. José Sánchez Recuero, decano del Colegio de Abogados de Toledo, considera la orden como un “golpe al Estado de De­recho”, e invita a los ciudadanos a que desobedezcan su cumplimiento, ya que ésta sólo obedece a “fines recaudatorios”.

El CGPJ critica el Código Penal

La reforma del Código Penal propuesta por Alberto Ruiz-Gallardón es otra de las medidas de Justicia que están siendo objeto de críticas. El CGPJ ha aprobado un informe no vinculante en el que se pone en duda la constitucionalidad de dos puntos de la medida. Por un lado, considera que la prisión permanente revisable que figura en el proyecto de reforma vulnera el artículo 25 de la Constitución. Por el otro, consideran irregular la nueva custodia de seguridad, ya que se amplía hasta diez años la libertad vigilada. El CGPJ estima que esto supone “alargar innecesariamente la pena”, y que podría ser también una vulneración del principio de legalidad incluido en el artículo 25 de la Constitución.

JUSTICIA | Leer artículo original aquí…

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