La reforma del CGPJ inclina la balanza hacia el poder legislativo

18 de marzo de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Parlamento asume más control judicial

A finales de 2012 el Ministerio de Justicia aprobó, tras varios meses de negociaciones con la oposición, un anteproyecto de reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debe tener una conclusión final en los próximos meses. En ella se modifican los procedimientos de nombramiento de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para solventar los problemas de “excesiva politización” que se le atribuyen a la ley. El viernes 1 de marzo, se abordó esta cuestión en el Consejo de Ministros y se concluyó con la aprobación del proyecto de reforma, que se remitirá a las Cortes para su puesta en marcha en septiembre.

Tras el desprestigio que el caso Carlos Dívar ocasionó al órgano de gobierno del Poder Judicial de España, debido al escándalo de los viajes privados del expresidente del CGPJ financiados con dinero público, el PP prometió ceder a los jueces la potestad de elegir a 12 de los 20 vocales del órgano, sin embargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consideró que de esa manera no se evitaba la “politización” que había dentro del gobierno de los jueces. Así pues, la propuesta que puso sobre la mesa en diciembre de 2012 daba la vuelta a todo lo prometido en etapa electoral y proponía que fueran las Cortes quienes designaran directamente a los vocales.

La nueva reforma sustituye el anterior procedimiento e introduce el criterio de representatividad, por lo que a partir de su puesta en vigor, las Cortes deberán escoger al menos a tres magistrados del Supremo, tres magistrados con más de 25 años de carrera judicial, a cuatro con menos de 25 años de experiencia y al menos a dos jueces. Hasta entonces, las cámaras no tenían la obligación de incluir en el CGPJ a los jueces no asociados, pero tras la reforma deberán tenerse en cuenta e incluirse proporcionalmente en la conformación del órgano. Otra de las remodelaciones que se incluyen en el anteproyecto es la de reducir el número de firmas necesarias para que los jueces no asociados puedan presentar candidaturas al CGPJ. En caso de ponerse en marcha la ley, precisarían tan sólo de 25 avales de compañeros en lugar de los 100 que se exigen con la ley hoy vigente.

Críticas de dentro

Como lleva ocurriendo en numerosas ocasiones desde que el Partido Popular empezara a gobernar, los colectivos judiciales han mostrado su desacuerdo también con esta reforma. Las agrupaciones de jueces sufrirán, con esta nueva ley, una pérdida sustancial de influencia a la hora de la toma de decisiones, influencia que pasará directamente a los miembros de las Cortes. La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) considera que la cesión de la designación de los vocales a las Cortes Generales lo único que consigue es “subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo”. Joaquim Bosch, portavoz de JpD, cree que las justificaciones de Gallardón para llevar adelante esta reforma no son aceptables, ya que pierden de vista la limitación de la división de poderes y sólo obedecen “a un intento de acumulación de poder por parte del Ejecutivo”.

La recomendación que se introduce de designar parte del CGPJ a tres magistrados del Tribunal Supremo y a otros tres con más de 25 años de experiencia en la carrera judicial también ha levantado numerosas críticas. A pesar de que Ruiz-Gallardón considera necesario constituir un “gobierno de los jueces más veteranos”, ha sido advertido de que esa “gerontocracia” crearía una fractura en la toma de decisiones, debido principalmente a la pérdida de percepción real de personas que llevan más de 25 años sin ejercer su profesión en un juzgado. La Asociación Profe­sional de la Magistratura, de carácter conservador, ha criticado una ley que “atenta contra independencia judicial” al reducir los medios con que cuenta el CGPJ y permitir el ejercicio privado simultáneamente a la vocalía en el órgano.

La reforma, que se encontraba en proceso de negociación con el PSOE, fue finalmente aprobada el pasado viernes 1 de marzo en el Consejo de Ministros, e introduce además algunas otras modificaciones. Entre ellas, el Ministerio de Justicia opta por la reducción de costes, ajuste que se podría plasmar en la nueva norma en forma de procedimientos acordes con la constancia a efectos de la ley de transparencia de las retribuciones de los miembros del CGPJ o la suspensión de incompatibilidad de cargos, salvo en los cinco altos cargos. El proyecto también incluiría modificaciones como instaurar la obligatoriedad de poseer la titulación de Derecho para acceder a los concursos meritorios para los diferentes puestos.

Resumen en un minuto

20 juristas nombrados por el Parlamento: Cada cámara parlamentaria escogerá diez vocales del CGPJ, cuatro serán juristas “de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional” y otros seis se elegirán en función del turno judicial.

Las Cámaras asumen más control: Hasta ahora, cada cámara escogía seis de entre 36 candidatos propuestos tanto por las asociaciones de jueces, como por jueces no asociados. A partir de la reforma todas las candidaturas se enviarán al Parlamento.

Reducción de comisiones: La Comisión Permanente del CGPJ, formada por el presidente y seis vocales, asume las competencias de 15 comisiones que desaparecen. La Comisión Permanente será rotatoria en el caso de los seis vocales.

Menos vocales con dedicación exclusiva: La dedicación exclusiva se limita a  a los seis miembros de la Comisión Permanente, al presidente y al vicepresidente del Supremo. Esto ha sido criticado por el riesgo de que se produzcan incompatibilidades.

Cuenta atrás para el Código Penal

Mientras la reforma del Poder Judicial comienza ahora su andadura, el proyecto de reforma del Código Penal apura fases hasta su aprobación, prevista para la segunda mitad del año. Además de la prisión permanente revisable, el anteproyecto incluye la supresión de las faltas y la ampliación de los supuestos de atentado y resistencia a la autoridad. Otro de los puntos conflictivos es el que modifica el artículo 318 bis del Código Penal, que contempla la petición de penas de cárcel para aquellas personas “que lleven a cabo actos de solidaridad con las personas en situación administrativa irregular”, según denuncia la plataforma recién creada Salvemos la Hospitalidad. El propio CGPJ emitió en enero un informe no vinculante que pone en cuestión la constitucionalidad de la reforma de Gallardón.

JUSTICIA | Leer artículo original aquí…

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