Catalá recoge un testigo cargado de polémicas

Tamara Fariñas R. | 11 de octubre de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Justicia

Al ahora exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón no le salió bien su plan de reformar la Ley del Aborto y, tras la retirada de la polémica norma, tuvo que presentar su dimisión. No obstante, en sus 1.006 días al frente de la cartera ha tenido tiempo de implementar y acabar imponiendo muchas normas que no han pasado desapercibidas, tanto por la sociedad en general como por los sectores vinculados a la Justicia.

Ahora, con Rafael Catalá tomando el testigo de uno de los ministerios que, junto al de Educación y Hacienda, se ha enfrentado a más protestas durante la última legislatura ‘popular’, la sociedad contiene la respiración ante el próximo movimiento de la cartera. Catalá, que tomó posesión del cargo de ministro de Justicia el pasado lunes 29 de septiembre tras su paso por el Ministerio de Fomento como secretario de Estado, aseguró que “revisará” las tasas judiciales, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la del Có­digo Penal, aprobadas durante la era Gallardón, aunque aún no ha detallado cómo lo hará. Durante el poco más de un año que queda para acabar la legislatura, Catalá tendrá que decidir también sobre la conocida como ‘Ley Mordaza’ y concretar los cambios en la actual Ley del Aborto.

El nuevo ministro tiene en su mano la posibilidad de reducir la tensión de cara a las próximas elecciones generales, que tendrán lugar antes de diciembre de 2015, o, por el contrario, de seguir la senda del que fue alcalde de Madrid y tensar aún más la cuerda social entre la población y el Ministerio de Justicia. En este contexto, Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la De­mo­cracia, ha valorado “positivamente” la salida de Gallardón del Ejecutivo. Eso sí, lo ha hecho “con la esperanza de que se abra una nueva etapa en el ámbito de la Justicia”.

Lo que Gallardón sí aprobó

La Ley de Tasas ha sido, sin duda, una de las que más polémica han levantado en todo el país. Decenas de colegios de abogados colgaron en sus puertas y ventanas, desde los meses anteriores a la aprobación de la Ley 10/2012, sus carteles manifestando su desacuerdo con la norma, que, según el Ejecutivo, pretendía recaudar más de 300 millones de euros. Afán recaudatorio es lo que la mayor parte de los detractores cree que está detrás de esta medida que, desde noviembre, aleja a los ciudadanos de su derecho constitucional de acceso a la justicia imponiendo tasas excesivamente altas a litigios sencillos, como las demandas por impagos de deudas pequeñas.

Desde Jueces para la Democracia insisten en que Gallardón no ha sabido enfocarse a la “modernización de las estructuras judiciales” y que, por el contrario, lo que sí ha hecho durante su mandato ha sido centrarse en “el recorte de elementos esenciales del servicio público (…), vulnerando seriamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…) y dejando fuera de la Justicia por razones económicas a amplios sectores de la sociedad”. En el mismo sentido se pronunció la comisaria de Justicia y Derechos Humanos de la Comisión Europea, Viviane Reding, que aseguró que vigilaría el caso español de cerca.

La imposición de estas tasas lleva a España a una situación preconstitucional, un salto que no es la primera vez que se vislumbra durante la última legislación del conservador Partido Popular: las tasas judiciales son un concepto que no estaba incluido en la ley desde 1959.

Ésta no ha sido la única norma que al ministro le ha dado tiempo a poner en marcha: la reforma del Registro Civil ha tenido también mucha repercusión entre los trabajadores y los defensores de la Justicia y no ha pasado desapercibida entre los que acusaban al exministro de querer privatizar el derecho a poder ser defendidos ante la Justicia. Con esta norma, Gallardón consiguió que trámites que hasta ahora habían sido gratuitos, como la nacionalización, el cambio de nombre o el matrimonio civil, pasaran a ser servicios de pago. Otro de los primeros cambios realizados por Gallardón afectó al sistema de elección de miembros del CGPJ, ya antes muy dependiente de las mayorías parlamentarias y ahora bajo el control del partido en el Gobierno. Es otra de las piezas que deberá mover el nuevo ministro. Bosch acusa al ahora exministro de vulnerar el papel de este organismo y de olvidarse de la división de poderes, clave de un Estado de Derecho, y de hacerlo además en un momento “en el que se investigan judicialmente centenares de casos de corrupción”.

Próximos movimientos

Ahora Catalá, además de “revisar” las reformas que sí se aprobaron durante la primera etapa del Go­bierno de Mariano Rajoy, tendrá que mover ficha sobre un tablero en el que se fijan muchas miradas que esperan que el nuevo ministro dé marcha atrás a las polémicas normas.

El Gobierno popular intentará “meter por la puerta de atrás” la revisión de la Ley del Aborto con un nuevo Plan de Protección Familiar previsto para antes de que acabe el año, y sigue en su intención de obligar a las jóvenes de 16 y 17 años a contar con el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. El movimiento feminista considera que “la mayoría de las menores consulta a sus padres antes de interrumpir un embarazo no deseado” y que, si no lo hacen, se debe a problemas intrafamiliares en los que puede haber trazas de maltrato. Así lo explicó Mar Gran­dal, del Mo­vi­miento Fe­mi­nis­ta de Madrid y de Católicas por el Derecho a Decidir, cuando la reforma de Gallardón se vio tumbada por el propio Gobierno.

Asimismo, la ‘Ley Mordaza’ y la reforma del Código Penal están pendientes de la decisión del nuevo ministro. De él dependerá que no se acabe criminalizando, por ley, la protesta ciudadana y endureciendo, de forma “populista e injustificada”, las penas, a las que se podría sumar una versión de la cadena perpetua, según Bosch, “de dudosa constitucionalidad”.

Organizaciones civiles contra la ‘Ley Mordaza’

A pesar de que en julio el Gobierno quiso hacer creer que la última versión de su Ley de Seguridad Ciudadana había contado con el apoyo de organismos en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Greenpeace, que ya habían calificado la reforma de “represiva”, la última versión de la ley sigue sancionando prácticas y conductas pacíficas, según estos organismos. Sara del Río, portavoz de Greenpeace, considera que esta nueva reforma, que tendrá que aprobar Catalá, “repite el discurso de justificar el que se pongan pegas y se dificulte la protesta pacífica”.

Un año de enmiendas al Código Penal

La reforma del Código Penal lleva en el Congreso poco más de un año. Se han presentado más de 35 enmiendas y sigue sin recibir una buena acogida desde colectivos como la plataforma No Somos Delito, que denuncia que ésta tiene una intención meramente de negocio, en este caso, de negocio carcelario. No Somos Delito denuncia que se incluya en esta misma ley a “colectivos sociales que no constituyen ningún peligro, como activistas, inmigrantes o personas sin recursos”. Mientras, “se suavizan las sanciones contra los delitos económicos ‘de cuello blanco’.

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¿Tendremos que pagar por ir al Registro Civil?

2 de abril de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Gallardón rectifica y paraliza temporalmente la privatización del Registro Civil

El anteproyecto de reforma de ley, cuyo objetivo era otorgar algunas competencias del Registro Civil a notarios y registradores, finalmente no ha calado. El ministro de Jus­ticia, Alberto Ruiz-Gallardón, se echó para atrás el pasado mes de octubre, pero esto no significa que se haya suspendido definitivamente el proceso de privatización de estos servicios, sino que se ha detenido temporalmente.

En un principio, Gallardón pretendía delegar las competencias del Registro Civil a notarios y registradores de la propiedad que, a pesar de haber accedido a sus cargos a través de oposiciones, no cobran directamente del Estado, sino que sus sueldos se financian a través de aranceles derivados de sus servicios, por lo que, a efectos prácticos, no pueden encuadrarse dentro del colectivo del funcionariado como tal. Esta medida iba acompañada de nuevos aranceles y tasas para servicios, como matrimonios civiles, modificación de nombres y apellidos o la nacionalización, que hasta ahora eran gratuitos.

En octubre, Gallardón cejó en su empeño de cobrar por servicios que hasta entonces estaban libres de impuestos, pero las últimas negociaciones sugieren que la privatización de estos servicios no se ha suspendido por completo. A pesar de haber insistido en que los registros civiles seguirán exentos de aranceles, el ministro ha asegurado que quienes asumirán estas competencias serán “diferentes funcionarios” pero no ha especificado quiénes.

Dentro del amplio abanico de funcionarios en los que se podrían delegar estas funciones se encuentran, precisamente, los registradores de la propiedad. Todo apunta a que será el Colegio de Regis­tra­do­res el que se encargará al final de todas estas gestiones, especialmente después de que se publicara el contenido de una misiva firmada por el decano de este mismo co­legio, Gonzalo Agui­lera, en la que aseguraba a sus afiliados que tomaba las riendas de los registros civiles.

Antes de anunciarlo, los registradores ya habían expresado su rechazo a encargarse de la gestión del Registro Civil, debido, principalmente, a la decisión del ministro de Justicia de mantener todas estas gestiones gratuitas sin los aranceles que éstos exigían. El traspaso de los registros civiles de manos de los secretarios judiciales a las de los registradores supondrá, además, que el Estado prescinda de los funcionarios y licenciados de tipo A-1, con más experiencia, para ceder competencias a empleados que, según denuncian los colectivos, no tienen ningún conocimiento en la materia.

Los sindicatos exigen garantías

El Sindicato de Secretarios Judicia­les (SiSeJ) ya denunció hace más de un año que, con esta medida, el Es­tado está menospreciando la capacidad de su colectivo.

Numerosos colectivos, entre ellos la Central Sindical Indepen­diente de Funcionarios (C-SIF) y asociaciones de funcionarios de diferentes provincias han seguido presionando para que se detenga esta medida y se mantengan las condiciones laborales de los que hasta ahora se habían encargado de estos trámites.

El sindicato mayoritario de la función pública, Comisiones Obre­ras, ya ha anunciado que trasladará al Grupo Parla­mentario Popular su petición para se garantice este servicio público y se mantengan los 5.194 puestos de trabajo —entre registros civiles únicos, central, juzgados con competencias registrales, juzgados de paz y agrupaciones— que se ve­rían afectados por la reforma del Re­gistro Civil, que representan cerca del 13% del personal de Justicia.

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Liberados los ocho detenidos de Navantia

30 de diciembre de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Después de dos semanas en prisión preventiva en Cádiz

Después de dos semanas, los ocho trabajadores de los astilleros de Cádiz que fueron detenidos el pasado 13 de diciembre por causar daños en el puente de José León de Carranza durante las protestas por la falta de trabajo en el sector naval han salido de prisión. Lo hicieron durante la tarde del viernes, con cargos y con un importante castigo: la prohibición de acceder al puente.

La imposición de esta nueva medida sustituye a la prisión preventiva bajo la que han estado sujetos durante estos 14 días por riesgo de reiteración delictiva, un riesgo que las autoridades siguen considerando, aunque en menor medida. “Esta decisión se tomó para que no volvieran a cortar el puente”, ha explicado Vicente Sarasa, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y amigo de los familiares de los detenidos. Esto es un severo castigo para los ocho trabajadores: desde su salida de prisión, ninguno de ellos podrá acercarse al puente Carranza, uno de los dos únicos accesos a Cádiz. “Ahora tendrán que dar la vuelta a toda la Bahía”, aseguraba Sarasa.

Durante la jornada de protestas del sector naval del 13 de diciembre, la Policía detuvo a diez personas por su relación con una serie de altercados que provocaron retenciones de más de diez kilómetros en el puente Ca­rran­za. El juez ordenó la entrada en prisión de ocho de ellos, ante la posibilidad de que pudieran volver a provocar atascos en la entrada de la ciudad.

Las protestas en el sector naval de Cádiz continúan tras tres años de paralización de la carga de trabajo. El Gobierno, en negociaciones con la empresa Navantia, ha anunciado un próximo pedido para construir un gasero para Gas Na­tural, sin embargo, los trabajadores del sector no confían en que éste sea real ya que todavía no existe ningún contrato firmado.

Solidaridad gaditana

Antes de conocer la noticia, varios colectivos tenían prevista una manifestación durante la tarde del viernes 27 para exigir la puesta en libertad de los trabajadores, aunque una vez que se hizo pública su liberación ésta fue desconvocada. Aun así, centenares de personas acabaron acudiendo a la plaza de Jesús, en el término de Puerto Real, a celebrar la excarcelación. Duran­te la concentración improvisada, algunos de los asistentes se hicieron con el liderazgo para asegurar que la liberación de los ocho gaditanos había sido una “victoria” que se ha conseguido gracias al apoyo de los ciudadanos y a la presión ejercida.

Mientras, a las puertas de la prisión Puerto II, donde se encontraban los detenidos, la gente se agolpaba para recibirles después de las dos semanas en prisión. “Han tenido un gran recibimiento por parte de sus familiares y amigos”, explicaba Sarasa. Los ocho detenidos han salido de la cárcel pero tendrán que enfrentarse a juicio, aunque los detalles todavía se desconocen. Sarasa ha declarado que es posible que se celebre un “juicio rápido” para resolver la cuestión, pero no sabe si finalmente se celebrará así.

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Medio centenar de personas sin casas tras los derribos de El Gallinero

19 de diciembre de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Desalojos en el asentamiento de El Gallinero

Muchos de los niños que viven en el poblado de El Gallinero, cerca de la zona de Cañada Real, no podrán pasar estas navidades en sus viviendas. Después de que esta área quedara excluida del proceso que la Comunidad de Madrid pretende llevar a cabo para legalizar la situación de los habitantes del poblado chabolista más grande de Europa, por no estar considerado como Cañada Real, el Ayuntamiento de Madrid ha asestado un nuevo golpe contra las personas de origen rumano asentadas en este campamento cercano a la autopista A3. Y lo ha hecho con el derribo de doce viviendas.

Los doce hogares que se convirtieron en escombros este mes de diciembre han dejado a casi medio centenar de personas en la calle, entre los que se encuentran 22 menores de edad. La noticia tuvo eco en las redes sociales por el compromiso de la alcaldía de no desalojar ninguna vivienda durante la temporada de frío. Javier Baeza, miembro de la Coordinadora de Barrios desde hace 21 años y actual párroco de San Carlos Borromeo (Vallecas, Madrid), ha sabido explicarlo. “Se comprometieron a no derribar durante el invierno y estrictamente, el invierno empieza el 21 de diciembre”. Los derribos tuvieron lugar el pasado 4 de diciembre, oficialmente, todavía otoño.

Las organizaciones de voluntarios, Cruz Roja y varios activistas todavía no se explican los derribos, para los que no había ninguna orden. Los juzgados habían emitido, meses atrás, una orden de desalojo para tres de las viviendas, pero en ningún caso habían ordenado el derribo de las mismas. Las familias que han perdido sus casas no han visto documentos en el que se acredite el permiso para desalojarlos y llevar a cabo los derribos. No han firmado ningún papel. Las órdenes de derribo no aparecieron. “Ni a la concejala del PSOE ni al jefe de Urbanismo le mostraron ninguna orden”, aseguraba Baeza. “Parece evidente que no las tienen”, añadía.

“El Samur Social fue quien nos avisó de los derribos de las tres chabolas, pero al final fueron doce”, aseguraba Baeza. Doce derribos que, en un periodo de cerca de tres horas, acabó dejando a 22 niños con sus familias en la calle. “Las rutas de los niños salen a las 09:45”, aseguraba el párroco Baeza. Los menores no vieron la actuación del Ayuntamiento, pero cerca de las cinco de la tarde, cuando volvían de la escuela, se tuvieron que enfrentar al hecho de que sus familias se encontraban en la calle. “Ha sido totalmente dramático”, explicaba Baeza. “De todo a lo que se comprometieron, la hora de los desalojos que habían prometido es lo único que cumplieron”.

Entre las viviendas derruidas se encuentra la de uno de los contratados del Instituto de Realojamien­to e Integración Social (IRIS), encargado de llevar a cabo trabajos socioeducativos con niños y niñas del poblado, donde vivía con su mujer y sus tres hijos, menores de edad, tal y como informó el periodista Miguel Ángel Vázquez.

Mientras iban cayendo las viviendas de El Gallinero, el acceso a la zona fue restringido. “Por primera vez no han dejado entrar ni a Cruz Roja ni a Iris”, aseguraba Baeza. Ni siquiera los abogados de las propias familias que estaban a punto de perder sus hogares pudieron acceder a la zona antes del derribo. Ni tampoco una concejala del PSOE, que denunció el hecho a través de su Twitter.

¿Cuáles son ahora las alternativas de los desalojados? Ninguna. El Ayuntamiento de Madrid no ha ofrecido, como es habitual, ninguna alternativa a las 40 familias que han perdido sus hogares, por lo que están siendo realojadas gracias a la solidaridad de sus vecinos. Tampoco existe para estas familias la posibilidad de realojarse en otro campamento.

El primer derribo desde julio

El Gallinero, cercano a la zona de Cañada Real, está habitado en su mayor parte por rumanos de etnia gitana. Desde que las familias se asentaron en esta zona en 2005, forma parte de la agenda política de urbanismo de la Comunidad de Madrid, que asegura que actúa en defensa de los intereses de los propietarios del suelo. No es la primera vez que los habitantes de El Gallinero ven cómo desaparecen sus casas, aunque desde el pasado mes de junio no habían llevado a cabo ninguno.

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Leyes menos ciudadanas y más corporativas

18 de septiembre de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Alberto Ruiz-Gallardón se enfrenta a distintos colectivos

La apertura del curso por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha devuelto a la actualidad los puntos más polémicos en materia de derechos desde que el Partido Popular (PP) entró en el Gobierno en diciembre de 2011. El ministro quiere que la reforma del Código Penal entre en vigor el próximo mes de octubre, después de la presentación del anteproyecto de ley el pasado mes de marzo. Un mes después, siempre según la agenda de Gallardón, tendrá lugar la reforma de la Ley del Aborto tras cuatro aplazamientos.

El 3 de septiembre, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) presentó un documento con 6.217 firmas en contra de la aprobación del nuevo Código Penal, previsto para finales de septiembre, en el marco de una campaña contra la “criminalización de la protesta social”. La nueva reforma se ha enfrentado, como prácticamente todas las reformas llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia que desde 2012 que lidera Gallardón, a numerosas críticas, no sólo desde los sectores sociales, sino también desde los propios sectores profesionales del ámbito jurídico.

Modificaciones como la que introduce la prisión permanente revisable incumple al principio de legalidad y de seguridad establecido en el artículo 25.1 de la Constitución, según el punto de vista del Consejo General del Poder Judicial. Ese artículo y el 25.2, que garantiza la posibilidad de reinserción total, también “rayan” la inconstitucionalidad según el dictamen del Consejo General de la Abogacía Española.

Al margen de estos organismos, en Madrid se ha creado la Plata­forma Otro Derecho Penal es Posible —integrada por personas de varios colectivos, entre ellos Legal Sol, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, SOS Racismo o la Asociación Libre de Abogados (ALA). Para Nerea García, activista de las Brigadas Vecinales de Observación de Dere­chos Humanos y participante en este espacio, con estas nuevas reformas “aumenta el control social y la represión y se alargan condenas con conceptos jurídicos arbitrarios”. En la búsqueda de algún punto menos negativo en torno a la nueva legislación, García ha asegurado que “casi nada” es positivo, ya que muchas de las valoraciones que hace la nueva legislación son de tipo moral, y que “valoran situaciones futuras no basadas en hechos”.

Uno de los primeros puntos que mencionó Gallardón una vez colocado en la cartera de Justicia fue la cuestión del aborto. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley Orgánica 2/2010 despenalizó la práctica de la interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas, una práctica que podía ser llevada a cabo de forma libre y voluntaria sin intervención de terceros. Para los embarazos de entre 14 y 22 semanas, la Ley del Aborto durante la etapa zapaterista permitía la interrupción del embarazo en caso de graves riesgos para la vida o la salud, tanto de la madre como del feto. A partir de la semana 22, siempre según el proyecto de Gallardón, sólo podría interrumpirse en caso de detectar una enfermedad extremadamente grave e incurable, para lo que era necesaria una decisión clínica.

Esta ley, conocida como ley de plazos, sustituyó a la que se había mantenido vigente hasta ahora, una ley redactada y publicada en 1985, en la que sólo estaba despenalizado el aborto en tres casos: riesgo para la salud de la madre, violación o malformación del feto, siempre y cuando se realizara antes de la 12ª semana. La Ley de Supuestos, que Gallardón pretende restablecer en su nuevo Código Penal, tiene una diferencia: según la nueva legislación, desaparecerá el tercer supuesto –el de malformación del feto–, por lo que la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo ha denunciado que esta reforma llevará a la clandestinidad a la práctica totalidad de mujeres que se enfrenten a esta situación. Asimismo, se suprimirá el derecho de menores de edad a decidir sobre la interrupción de sus embarazos, derecho al que hasta ahora han podido acogerse las jóvenes de 16 y 17 años.

La reforma del Código Penal incluye el incremento de las penas por delitos que, hasta ahora, habían sido considerados faltas. En este sentido, por ejemplo, los hurtos menores pasan a formar parte de la conducta delictiva tipificada por el nuevo Código Penal. Asimismo, la calificación de “atentado” cambia de sentido: a partir de la entrada en vigor de la nueva reforma, cualquier agresión, uso de violencia, amenaza o similar contra la autoridad puede ser calificado de atentado. Las protestas sociales, práctica habitual durante los últimos tres años, pasan a formar parte también de la conducta delictiva tipificada por la ley, por lo que cualquier tipo de resistencia no pasiva podrá ser castigada con hasta un año de cárcel. La vía administrativa se refuerza con el articulado de la Ley. En un principio, el Gobierno lanzó al aire una amenaza para incluir la resistencia pasiva en la lista de conductas delictivas calificadas de “atentado”. Finalmente, dio un paso atrás y rectificó, aunque el resto de texto también contiene posibles limitaciones de la libertad de expresión y reunión.

En el nuevo articulado, la “malversación”, definida como administración desleal de fondos públicos, es calificada de delito, así como la recepción de sobornos, la ocultación de bienes en procedimientos de embargo o el encubrimiento de situaciones de crisis económica en los deudores. No obstante, en un punto que se presentaba como necesario, más en un momento de destape de numerosos fraudes y casos de corrupción dentro de las formaciones políticas, Gallardón no ha querido tipificar la financiación ilegal de partidos políticos como delito, tampoco se modifica la regulación del fraude fiscal. Además el juez podrá rebajar los grados de las penas en caso de fraude si se produce la devolución de lo defraudado una vez que el acusado está imputado. Asimismo, la nueva reforma no modifica la reciente regulación de delitos contra la Seguridad Social –a partir de un euro defraudado– , que desde diciembre de 2012 es mucho más “gravosa” que la de fraude fiscal contra la Hacienda Pública.

Cuatro puntos clave :

• Penas
Artículos 32 a 94. Se introduce la pena de prisión permanente revisable. Aumentan los plazos para acogerse al tercer grado penitenciario. Aumenta el plazo de cumplimiento de pena para acceder a permisos de salida.
• Multas 
Artículos 80 a 94. Se incrementa la subjetividad y los aspectos que tienen que valorar los jueces para establecer multas o trabajos a la comunidad. Las penas entre un y tres años de prisión son sustituidas por expulsión para todos los penados extranjeros, aunque estén residiendo “legalmente” en España. Se introduce la prohibición de relacionarse con personas que puedan facilitar o inducir a cometer delitos.
• Propiedad intelectual
Capítulo XI. Se castiga con un incremento de penas el “top manta”. Se vulnera la intervención mínima que debe realizar el Derecho Penal en la vida de las personas. Se establecen penas para quien “facilite el acceso” (mediante enlaces) a cualquier obra intelectual, aún sin beneficio económico directo.
• Delitos de odio
Artículo 510. Se castigan más actos de intolerancia: aumenta el número de conductas y se introduce la responsabilidad de personas jurídicas y asociaciones sin personalidad jurídica.

Se reintroduce la Ley de Supuestos

La nueva Ley del Aborto será aprobada, previsiblemente, “antes de que termine el mes de octubre”, sin embargo, ésta es la quinta fecha que Gallardón da para su entrada en vigor. Mientras países anclados en legislaciones anacrónicas –como es el caso de Irlanda, un país históricamente adherido a la religión católica, que dio un paso adelante incluyendo en julio en su legislación el derecho al aborto en caso de que la mujer corra peligro físico o mental-, España da pasos atrás con la sustitución de una Ley de Plazos en favor de otra de Supuestos. Antes de su aprobación, el día 28 de septiembre, varios colectivos feministas han convocado manifestaciones “Por el derecho al aborto. Nuestros cuerpos, nuestras vidas” en el contexto de una movilización internacional por el derecho a decidir.

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Nuevo varapalo a la Ley de Dependencia

29 de mayo de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Partido Popular incumple más promesas: a los 1.100 millones recortados deben añadirse dos nuevos decretos reales en materia de dependencia que está previsto que se pongan en marcha este año.

Las reformas propuestas y puestas en marcha por el Partido Popular (PP) han eliminado de forma drástica la mayoría de las garantías sociales de la ciudadanía. Parecía que  la Ley de Dependencia iba a sufrir su peor momento durante 2012, con la introducción del copago, la desaparición de las subvenciones en las cuotas de los cuidadores, los recortes de entre el 15% y el 90% en las prestaciones y la nueva regulación de grados de dependencia. Sin embargo, a menos de cinco meses del comienzo del nuevo año, la situación parece empeorar ya que, durante 2013, el PP pretende recortar 1.108 millones de euros sólo en materia de Dependencia.

1.100 millones

A golpe de Real Decreto, la Ley de Dependencia sufre una estrategia por parte de los populares que, según la secretaria del Fórum de Política Feminista, Begoña San José, intenta “dinamitarla sistemáticamente”. El Programa Nacional de Reformas de 2013, publicado el pasado 30 de abril, prevé la puesta en vigor de nuevos decretos reales que, junto a los aprobados durante 2012, suponen la pérdida de la mayor parte de las garantías sociales ofrecidas a las personas dependientes. En el programa de reformas se propone el incremento de “en torno al 5%” de los costes que deben aportar los beneficiarios de los servicios de dependencia, así como dos nuevos decretos con los que, presuntamente, se ahorrarán casi 500 millones de euros más durante el próximo año 2014.

Desde el Partido Popular han intentado explicar que esos más de 1.100 millones de euros no forman parte de un nuevo recorte, sino que responden a las medidas acordadas con las comunidades autónomas, que se empezaron a aplicar durante el verano de 2012 y que continuarán hasta finales de 2014. El tijeretazo ha sido disfrazado por el Gobierno popular como una medida de ahorro prometida a Bruselas; no obstante, la desinformación provoca que los cálculos de los que habla el Ejecutivo de Mariano Rajoy no coincidan con la realidad: el aumento de alrededor del 5% que los beneficiarios deberán aportar a los costes de los servicios no es suficiente para alcanzar ese ahorro de 1.108 millones de euros.

El secretario de Estado para Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, también ha asegurado que el que se haya puesto en marcha un recorte de más de mil millones de euros en Dependencia “es rotundamente falso”, ya que es lo que prevén ahorrar hasta 2014. Casi la mitad de esa cantidad, 527 millones de euros, explica Moreno, “se lo ahorran las comunidades autónomas, y en especial la Junta de Andalucía”. Moreno afirma que esta reforma ya está empezando a dar frutos, ya que ha aumentado el número de beneficiarios y que, según explica, el Gobierno garantiza la asistencia “a aquel que más lo necesita, a ese gran dependiente que muchas veces está postrado en una cama las 24 horas del día”. Esta afirmación choca con la realidad, ya que no son pocas las situaciones que, desde que se iniciaron los recortes, han empeorado drásticamente: Dolors Carrasquilla, vecina del Port de Sagunt (Comunitat de València), lleva más de dos meses encadenada al Palau de la Generalitat tras haberse visto afectada por una reducción del grado de invalidez que sufre por causa de una enfermedad crónica y que la mantiene postrada en una silla de ruedas. La Sanidad valenciana también fue la encargada de retirar una prótesis a Adrián García, de 23 años, por no poder pagar los 152 euros que costaba. No sólo los valencianos sufren las consecuencias de los recortes en Dependencia: en Galicia, más de 14.000 cuidadores familiares perderán las prestaciones. La rebaja en las subvenciones por parte del Gobierno central, incrementada considerablemente por parte de las comunidades autónomas –y especialmente por las gobernadas por el PP, como Valencia o Galicia– es la culpable de que la aplicación de la Ley de Depen­dencia empiece a ser insostenible.

Las mentiras

El 21 de marzo el INS comunicó a Dolors que no revisará su caso y no recuperará la condición de gran invalidez

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con Ana Mato al frente, ha asegurado que no endurecerá estas medidas “ni este año, ni el que viene, ni después”; sin embargo, en el Programa de Reformas ya se plantean tres nuevos decretos que se aplicarán a lo largo de 2013 y 2014 y que, al contrario de lo que prometen, sí empeorarán la situación de la Depen­dencia en el Estado. Este último gran recorte supone un enorme varapalo a la Dependencia, y ha sido recibido con sorpresa incluso por comunidades populares, como la de Castilla y León, donde recuerdan que no tienen previsto “ningún ajuste en dependencia para conseguir ahorro” y que las aportaciones de los usuarios, fijadas el pasado año, se mantendrán.

Desde el primer tijeretazo a la Ley de Dependencia en 2012, los populares no han dejado de intentar justificar sus reformas. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Asuntos Sociales, Susana Camarero, defendió el pasado mes de julio los recortes en Dependencia escudándose, como ya es habitual, en la mala gestión del Gobierno socialista e intentando promover la idea de que el objetivo de la reforma era “hacer la Dependencia más sostenible y perdurable en el tiempo, y garantizar la viabilidad de las prestaciones”. Sin embargo, Mariano Rajoy ya había puesto en duda la sostenibilidad de la Dependencia incluso antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno “Realmente hoy no [es viable]. Lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda”; así contestaba en una entrevista publicada por el diario El País en noviembre de 2011. El Partido Popular incumple, una vez más, una de sus promesas y provoca que la insostenibilidad de la Ley de Dependencia de la que hablaba hace ahora un año y medio esté causada por sus constantes recortes en garantías sociales.

La Rioja recorta sobre el recorte en dependencia

El Gobierno de La Rioja “ha suavizado las incompatibilidades de Dependencia”, según el consejero de Servicios Sociales, José Ignacio Nieto. Esto se traduce en un recorte en Dependencia en esta Comunidad, dirigida por Pedro Sanz, del PP, que se une al recorte de diez millones en el presupuesto para 2013. Sin previo aviso, el Gobierno de Sanz publicó en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), un recorte del 50% en partidas como la ayuda a domicilio y la prestación por cuidados en el entorno familiar, además de establecer criterios restrictivos como la imposibilidad de desempeñar un trabajo a tiempo completo si se solicita la prestación por dependencia.

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Recogido también en Agencia de Noticias de Aragón Ara Info, en Rebelion.org, en Afate (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Tenerife) en Cyclopaedia.

Todo lo que nunca quiso saber sobre el copago judicial

16 de abril de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Guía para conocer las tasas judiciales

Desde el mes de noviembre, cuando entró en vigor la Ley 10/2012, ha habido un bombardeo informativo en torno a la cuestión de la aplicación de tasas en procedimientos judiciales que hasta entonces eran gratuitos. Se paralizaron los pagos de tasas por falta de formularios en las instituciones públicas, se detuvieron en algunas comunidades autónomas para evitar duplicidades de liquidaciones, y el Gobierno ha intentado recular en algunas cuestiones concretas, para disminuir la presión a la que el Ministerio de Justicia se estaba viendo sometido. Pero, ¿en qué se ha quedado la aplicación de tasas?

La nueva política de pago de tasas judiciales abre el abanico de pagadores y provoca un incremento del gasto por parte de los ciudadanos. Hasta ahora sólo las personas jurídicas con una facturación de más de diez millones de euros estaban obligadas a pagar las tarifas en procedimientos judiciales. A partir de la nueva ley, las personas físicas con más de 15.000 euros percibidos anualmente tendrán que pagar la misma cantidad que las empresas con facturaciones millonarias.

¿Cuánto pagaremos?

La cuota de liquidación en procedimientos jurídicos oscilará entre los 150 euros en procesos verbales y cambiarios de jurisdicción civil, y los 1.200 para los recursos de casación, tanto en el ámbito civil como en el contencioso-administrativo: unas cuotas muy altas si las comparamos con otros países europeos.

Estarán sujetos a estas tasas todos los procedimientos de jurisdicción de lo contencioso-administrativo, lo social y lo civil –pero no los procesos penales– con algunas excepciones: solicitudes de concursos voluntarios por los deudores, juicios monitorios y demandas de juicios verbales de menos de 2.000 euros, recursos de lo contencioso-administrativo por parte de funcionariado público, recursos de lo contencioso-administrativo cuando sean por silencio o inactividad de la Administración pública, procesos relacionados con la custodia de hijos menores y, por último, procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. El último real decreto que modificaba esta ley incluye además otras exenciones tarifarias: las separaciones y divorcios llevados a cabo por mutuo acuerdo –los que sean sin acuerdo pagarán una tasa de más de 150 euros–; los procedimientos de desahucios y todos aquellos impuestos por víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos. Además, se han reducido las cuantías en primera instancia, las tarifas en procedimientos laborales para todos los trabajadores –incluyendo a los funcionarios– y las de reclamaciones en materia de consumidores.

Estas nuevas tasas judiciales deberán pagarlas ya no sólo las personas jurídicas –entes, organismos, empresas, etc.– sino que pasan, por vez primera, a ser soportadas también por personas físicas, siempre que se perciban más de 14.900 euros anuales por unidad familiar. Además, reciben una rebaja tarifaria del 60% los trabajadores por cuenta ajena y autónomos que interpongan recursos de casación y suplicación en materia social.

¿Qué se hará con ese dinero?

Sólo en dos casos se procederá a la devolución de las tasas: cuando se alcance una terminación extrajudicial en la que se ahorre parte de los costes, y cuando las tasas son acumulativas. En este último caso, se pagan todas las tasas, Justicia se queda sólo con las de uno de los procesos y se devuelven las tasas correspondientes a los demás.

El Estado pretende, con la imposición de estos aranceles, recaudar fondos para, según explican, mantener la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, para esto han tenido que acudir a un sistema de pago utilizado durante el Franquismo, y que ya había sido derogado en los ‘80.

Los recortes dejan desprotegidos a los valencianos con diversidad funcional

2 de abril de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Una mujer reclama por medio de una huelga de hambre la restitución de su grado de invalidez

La población valenciana se ha volcado con Dolors Carrasquilla en su lucha por la consecución del grado de gran invalidez por una infección crónica que la obliga a vivir sobre una silla de ruedas. Tras ocho operaciones el pasado año 2012 y más de 30 en total, la Generalitat de Valencia ha decidido reducirle un grado de discapacidad, sin haberse visto ninguna remisión en su enfermedad. Desde el 6 de marzo Carrasquilla se mantiene encadenada al Palau de la Generalitat, de los cuales ha pasado en huelga de hambre desde el 11 de marzo hasta el 4 de abril.

Dolors Carrasquilla, vecina del Port de Sagunt (Valencia) de 42 años, sufre una enfermedad crónica llamada osteomielitis, una infección en la pierna izquierda que la mantiene postrada en una silla de ruedas. Dolors, diagnosticada en 2009 con un grado de gran invalidez –el máximo, que se adjudica a personas con una incapacidad permanente y por la cual necesitan la asistencia de otra persona para actos esenciales de la vida diaria– vio reducida su categoría de minusvalía en 2011, hasta dejarla en el 54%, lo que determina que su grado de incapacidad es absoluta, y no gran invalidez, a pesar de haber empeorado su infección. El 21 de marzo el Instituto Nacional de la Seguridad Social le dio una mala noticia a Dolors: no revisará su caso y, por tanto, no recuperará la gran invalidez. Esto supone, además del recorte de la prestación recibida, la derogación de la gratuidad de su prestación farmacéutica y, por tanto, la aplicación de su copago.

El 21 de marzo el INS le comunicó que no revisará su caso y no recuperará la condición de gran invalidez

La Comunidad Autónoma de Valencia es la que más ha maltratado la Ley de Dependencia durante el último año. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en su informe para puntuar la calidad y aplicación de la Ley de Dependencia en todo el Estado, destaca la “calificación muy deficiente” de la comunidad dirigida por Alberto Fabra (PP), puntuada con un 0,8 sobre 10. José Manuel Ramírez, presidente de esta asociación, considera un “destrozo de la ley” lo que se ha hecho en la comunidad.

No han sido pocos los organismos que han mostrado su descontento con la situación. Producto de la misma, por ejemplo, nació hace algo menos de un mes Vicoval, Asociación para la Vida Independiente de la Comunitat Valenciana, que promueve la participación activa de las personas con discapacidad en la vida pública –social, política y comunitaria–. También la Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència lucha por la derogación de esa nueva ley que establece el incremento del copago farmacéutico y ortoprotésico en personas dependientes. Asimismo, el Foro de Vida Independiente y Divertad apoya a Carrasquilla en su reivindicación y defiende que las Corts supediten el Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria al Estatuto del Discapacitado de la Comunidad Valenciana, que en 2002 fue el primero de estas características aprobado en el Estado.

Tajo a la dependencia

En el último año la Generalitat no ha soltado la tijera en materia de Dependencia. En primer lugar, la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores –cotización de tan solo 160 euros–, dejó de ser abonada por la propia Administración Pública para constituirse en un gasto más del beneficiario. Poco más tarde, se fijó la reducción de un mínimo del 15% en las ayudas a dependientes, reducción que en algunos casos ha alcanzado más del 90%. Esta cuantía depende directamente del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), índice de referencia para la concesión de ayudas públicas, que se mantiene congelado desde 2010 en poco más de 530 euros mensuales. A principios de 2013 se inició, además, el proceso paulatino para incrementar el copago –antes de esta reforma el usuario ya aportaba un 10%– farmacéutico y protésico, y a pesar de que la comunidad tenía hasta el próximo mes de junio para formalizar el aumento del copago, se ha dado prisa para ponerlo en vigor.

Otra de las reformas incluidas en todo este proceso de recortes a la Dependencia valenciana es la nueva estructura de grados de dependencia, con lo que se ha conseguido no disminuir directamente las prestaciones económicas de los usuarios dependientes, pero sí recolocar a las personas incapacitadas en un nivel diferente al que se mantenía hasta hoy: Dolors Carrasquilla es, una vez más, ejemplo de ello, ya que no le han quitado parte de su prestación, sino que le han disminuido el grado de discapacidad.

En la reforma, que entró en vigor en diciembre de 2012, se derogaba, además, parte del artículo 16 de la Ley sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad; con motivo de la supresión de esta parte de la ley, queda eliminada la gratuidad para incrementar el copago farmacéutico, ortoprotésico y las ayudas técnicas a personas con discapacidad.

Dolors Carrasquilla continuará su acampada hasta que consiga que sus reivindicaciones se vean satisfechas: que le devuelvan la discapacidad que se le había reconocido, que se evite la reducción de porcentajes de grados de minusvalía en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, que se elimine la ley de copago farmacéutico.

15% de los recortes en Dependencia

  • Reducción de al menos un 15% en las prestaciones a personas con discapacidad y que, en algunos casos, alcanza el 90%.
  • Supresión de la cotización a los cuidadores abonada por la Administración Pública.
  • Disminución y recolocación de los grados de minusvalía.
  • Incremento del copago farmacéutico y ortoprotésico.
  • Destrucción de empleos relacionados con la atención al dependiente –de 2011 a 2012 se redujo un 0,4%–.

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La reforma del CGPJ inclina la balanza hacia el poder legislativo

18 de marzo de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Parlamento asume más control judicial

A finales de 2012 el Ministerio de Justicia aprobó, tras varios meses de negociaciones con la oposición, un anteproyecto de reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debe tener una conclusión final en los próximos meses. En ella se modifican los procedimientos de nombramiento de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para solventar los problemas de “excesiva politización” que se le atribuyen a la ley. El viernes 1 de marzo, se abordó esta cuestión en el Consejo de Ministros y se concluyó con la aprobación del proyecto de reforma, que se remitirá a las Cortes para su puesta en marcha en septiembre.

Tras el desprestigio que el caso Carlos Dívar ocasionó al órgano de gobierno del Poder Judicial de España, debido al escándalo de los viajes privados del expresidente del CGPJ financiados con dinero público, el PP prometió ceder a los jueces la potestad de elegir a 12 de los 20 vocales del órgano, sin embargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consideró que de esa manera no se evitaba la “politización” que había dentro del gobierno de los jueces. Así pues, la propuesta que puso sobre la mesa en diciembre de 2012 daba la vuelta a todo lo prometido en etapa electoral y proponía que fueran las Cortes quienes designaran directamente a los vocales.

La nueva reforma sustituye el anterior procedimiento e introduce el criterio de representatividad, por lo que a partir de su puesta en vigor, las Cortes deberán escoger al menos a tres magistrados del Supremo, tres magistrados con más de 25 años de carrera judicial, a cuatro con menos de 25 años de experiencia y al menos a dos jueces. Hasta entonces, las cámaras no tenían la obligación de incluir en el CGPJ a los jueces no asociados, pero tras la reforma deberán tenerse en cuenta e incluirse proporcionalmente en la conformación del órgano. Otra de las remodelaciones que se incluyen en el anteproyecto es la de reducir el número de firmas necesarias para que los jueces no asociados puedan presentar candidaturas al CGPJ. En caso de ponerse en marcha la ley, precisarían tan sólo de 25 avales de compañeros en lugar de los 100 que se exigen con la ley hoy vigente.

Críticas de dentro

Como lleva ocurriendo en numerosas ocasiones desde que el Partido Popular empezara a gobernar, los colectivos judiciales han mostrado su desacuerdo también con esta reforma. Las agrupaciones de jueces sufrirán, con esta nueva ley, una pérdida sustancial de influencia a la hora de la toma de decisiones, influencia que pasará directamente a los miembros de las Cortes. La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) considera que la cesión de la designación de los vocales a las Cortes Generales lo único que consigue es “subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo”. Joaquim Bosch, portavoz de JpD, cree que las justificaciones de Gallardón para llevar adelante esta reforma no son aceptables, ya que pierden de vista la limitación de la división de poderes y sólo obedecen “a un intento de acumulación de poder por parte del Ejecutivo”.

La recomendación que se introduce de designar parte del CGPJ a tres magistrados del Tribunal Supremo y a otros tres con más de 25 años de experiencia en la carrera judicial también ha levantado numerosas críticas. A pesar de que Ruiz-Gallardón considera necesario constituir un “gobierno de los jueces más veteranos”, ha sido advertido de que esa “gerontocracia” crearía una fractura en la toma de decisiones, debido principalmente a la pérdida de percepción real de personas que llevan más de 25 años sin ejercer su profesión en un juzgado. La Asociación Profe­sional de la Magistratura, de carácter conservador, ha criticado una ley que “atenta contra independencia judicial” al reducir los medios con que cuenta el CGPJ y permitir el ejercicio privado simultáneamente a la vocalía en el órgano.

La reforma, que se encontraba en proceso de negociación con el PSOE, fue finalmente aprobada el pasado viernes 1 de marzo en el Consejo de Ministros, e introduce además algunas otras modificaciones. Entre ellas, el Ministerio de Justicia opta por la reducción de costes, ajuste que se podría plasmar en la nueva norma en forma de procedimientos acordes con la constancia a efectos de la ley de transparencia de las retribuciones de los miembros del CGPJ o la suspensión de incompatibilidad de cargos, salvo en los cinco altos cargos. El proyecto también incluiría modificaciones como instaurar la obligatoriedad de poseer la titulación de Derecho para acceder a los concursos meritorios para los diferentes puestos.

Resumen en un minuto

20 juristas nombrados por el Parlamento: Cada cámara parlamentaria escogerá diez vocales del CGPJ, cuatro serán juristas “de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional” y otros seis se elegirán en función del turno judicial.

Las Cámaras asumen más control: Hasta ahora, cada cámara escogía seis de entre 36 candidatos propuestos tanto por las asociaciones de jueces, como por jueces no asociados. A partir de la reforma todas las candidaturas se enviarán al Parlamento.

Reducción de comisiones: La Comisión Permanente del CGPJ, formada por el presidente y seis vocales, asume las competencias de 15 comisiones que desaparecen. La Comisión Permanente será rotatoria en el caso de los seis vocales.

Menos vocales con dedicación exclusiva: La dedicación exclusiva se limita a  a los seis miembros de la Comisión Permanente, al presidente y al vicepresidente del Supremo. Esto ha sido criticado por el riesgo de que se produzcan incompatibilidades.

Cuenta atrás para el Código Penal

Mientras la reforma del Poder Judicial comienza ahora su andadura, el proyecto de reforma del Código Penal apura fases hasta su aprobación, prevista para la segunda mitad del año. Además de la prisión permanente revisable, el anteproyecto incluye la supresión de las faltas y la ampliación de los supuestos de atentado y resistencia a la autoridad. Otro de los puntos conflictivos es el que modifica el artículo 318 bis del Código Penal, que contempla la petición de penas de cárcel para aquellas personas “que lleven a cabo actos de solidaridad con las personas en situación administrativa irregular”, según denuncia la plataforma recién creada Salvemos la Hospitalidad. El propio CGPJ emitió en enero un informe no vinculante que pone en cuestión la constitucionalidad de la reforma de Gallardón.

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La Comisión Europea critica las tasas judiciales

19 de febrero de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Copago judicial

La comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, ha criticado el proceso de copago judicial que puso en marcha Alberto Ruiz-Gallardón el pasado mes de noviembre. El más que significativo incremento de tasas en procedimientos civiles, y la aparición de algunas nuevas en procesos que eran gratuitos provocó una cadena de manifestaciones y peticiones cuyo objetivo era detener esta ley. Reding se unió a las críticas hacia el ministro y explicó que un “recargo excesivo” de las tasas judiciales podría provocar una “restricción” del derecho a la Justicia.

A pesar de que el Tribunal de Estrasburgo no considera la exigencia de honorarios una violación en sí del derecho fundamental de acceso a la Justicia, sí cree oportuno remarcar que, en el caso de ser desproporcionada esta exigencia, vulneraría el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, Viviane Reding ha mostrado su preocupación y ha declarado su intención de vigilar de cerca el caso español, para evitar que se restrinja este derecho fundamental de los ciudadanos.

Discriminación

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que a petición de los colectivos de magistrados exigió la paralización de la ley, ha conseguido que Gallardón recule en algunas tasas, pero a pesar de ello el proyecto de incremento de las tarifas en procedimientos civiles seguirá en marcha. La oficina del Defensor del Pueblo tiene hasta el 21 de febrero para recurrir las tasas ante el Tribunal Constitucional. La Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel) se suma también a las protestas contra la Ley de Tasas, argumentando que podría provocar situaciones de discriminación ante el derecho de acceso a la Justicia por motivos económicos.

En Europa, 46 países aplican diferentes tipos de tasas judiciales, pero las tarifas son muy diferentes. En Reino Unido, donde el salario mínimo es de 1.238 libras (1.436 euros), las tasas judiciales en procedimientos civiles oscilan entre 25 y 325 libras (entre 30 y 380 euros); en Dinamarca, cuyo sueldo mínimo, calculado estadísticamente, ronda los 2.000 euros, las tasas judiciales son de cerca de 70 euros, y muchos procedimientos civiles, como los relacionados con el derecho de familia entre otros, están exentos de tasas. Sin embargo, en España, con un salario mínimo de 748 euros, las tasas judiciales impuestas por el Ministerio oscilan entre los 100 y los 1.200 euros.

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El copago judicial pone de acuerdo a todo el sector

22 de enero de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Críticas a la medida desde todas las tendencias políticas

La sociedad española sigue sin aceptar las reformas llevadas a cabo por Alberto Ruiz-Gallardón en el último año. Desde la aprobación de la Ley de Tasas hace poco más de dos meses, la polémica en el ámbito jurídico no ha remitido y el número de quejas sigue creciendo. La Ley 10/2012, que entró en vigor el 22 de noviembre, y con la que el Ministerio de Justicia pretende recaudar alrededor de 300 millones de euros anuales, supone la aplicación de unas tasas de entre 100 y 1.200 euros, tanto para ciudadanos como para empresas. Desde que el Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por Gallardón el día 14 de noviembre, durante la última huelga general, pocas voces se han alzado para defender esta nueva normativa que aleja a los ciudadanos de su derecho constitucional de acceso a la justicia.

Si bien en la ley se habla del incremento en el número de beneficiarios de la justicia gratuita, no se puede obviar que la clase media será la más perjudicada con esta nueva medida. La Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos recuerda, además, que las nuevas tasas propuestas por Gallardón suponen una regresión en el tiempo, recuperando la ley de acceso a la justicia de la era preconstitucional.

El Constitucional ha paralizado las tasas judiciales en Catalunya, pero no son las que introduce la nueva Ley

A pesar de que Justicia insiste en que la medida no es “una cuestión meramente tributaria”, numerosos colectivos de la abogacía han reaccionado contra ella. Antonio Massé, abogado con más de 30 años de experiencia, considera la medida una “norma técnicamente mala e injusta”, fruto del “afán recaudatorio” del Gobier­no, y la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Margarita Robles, la ve “absolutamente desproporcionada” ya que “lo que se está haciendo desde el Ministerio de Justicia es limitar los derechos de los ciudadanos para acceder a la Adminis­tración de Justicia”. La Confederación Española de Abo­gados Jóvenes (CEAJ) ya había planteando también numerosas razones por las que se oponía a la aprobación de esta ley. Entre ellas, se encontraba el problema autonómico, en concreto en la comunidad de Catalunya, con una regulación propia de tasas judiciales. Al entrar en vigor esta nueva medida, los ciudadanos catalanes se verían obligados a pagar dos veces por la justicia. Así pues, el Tribunal Constitu­cional se ha visto obligado a suspender las tasas judiciales en Catalunya, pero no las que implican la nueva Ley de Tasas, sino las que la Generalitat aplicaba con anterioridad.

Los colegios de abogados de todo el Estado también han comenzado su lucha por paralizar esta ley. En Ourense se pidió la suspensión cautelar de la norma que aplica las tasas, recurso que fue admitido a trámite ya que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En Málaga, además de esto, han pedido a la Defensora del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, petición que han llevado a cabo también los miembros de la Plata­forma Ciudadana por una Justicia de Todos. El sábado 19 se celebró en Madrid una manifestación en la que los colegiados de todo el país entregaron las firmas recogidas contra la nueva medida de privatización de la Justicia.

Gallardón se queda solo

La ley, que no entró con buen pie, no deja de recibir fuertes críticas desde todos los ámbitos. Javier Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional, manifestó su desacuerdo con la misma, que considera desacertada puesto que “los males de la Justicia” no se evitan incrementando las tasas. Por su parte, el grupo Legálitas ha presentado ya el primer recurso contra la medida, que considera abusiva ya que “imposibilita al ciudadano acceder a los juzgados y tribunales en defensa de sus derechos e intereses”.

Aunque no hay todavía actuaciones concretas de desobediencia ante esta ley que gran parte de la abogacía considera inconstitucional, ya se plantea la idea de evitar los pagos. José Sánchez Recuero, decano del Colegio de Abogados de Toledo, considera la orden como un “golpe al Estado de De­recho”, e invita a los ciudadanos a que desobedezcan su cumplimiento, ya que ésta sólo obedece a “fines recaudatorios”.

El CGPJ critica el Código Penal

La reforma del Código Penal propuesta por Alberto Ruiz-Gallardón es otra de las medidas de Justicia que están siendo objeto de críticas. El CGPJ ha aprobado un informe no vinculante en el que se pone en duda la constitucionalidad de dos puntos de la medida. Por un lado, considera que la prisión permanente revisable que figura en el proyecto de reforma vulnera el artículo 25 de la Constitución. Por el otro, consideran irregular la nueva custodia de seguridad, ya que se amplía hasta diez años la libertad vigilada. El CGPJ estima que esto supone “alargar innecesariamente la pena”, y que podría ser también una vulneración del principio de legalidad incluido en el artículo 25 de la Constitución.

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Nacionalizarse o casarse por lo civil será más caro tras la reforma del Registro Civil

8 de enero de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Gobierno del PP modifica la Ley 20/2011 para introducir tasas de acceso a servicios básicos

El Cuerpo de Secretarios Judiciales ha mostrado su descontento con el anteproyecto de reforma de la ley que pretende otorgar algunas competencias en materia de Registro Civil a notarios y registradores ajenos al funcionariado público. La Ley 20/2011 fue aprobada durante la pasada legislatura por una amplia mayoría en las Cortes, aprobación que incluía el voto del Partido Popular. En ella no estaba incluido ningún tipo de tasas y en un principio todos los trámites de Registro Civil no suponían coste alguno a los ciudadanos. No obstante, en el borrador de la reforma que quiere llevar adelante el Gobierno de Mariano Rajoy, se atribuyen a organismos no estatales determinadas competencias que hasta entonces pertenecían a los secretarios judiciales y se proponen aranceles para algunas de ellas.

La Ley 20/2011 de Registro Civil, que se aprobó el 21 de julio del pasado año y que se esperaba que entrara en vigor el próximo 2014, planteaba la creación de un modelo de registro electrónico con una única base de datos informatizada para todo el territorio estatal. De esta manera, se facilitaría el trabajo a las oficinas registrales del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la reforma que pretende llevar a cabo el Partido Popular evitaría que esta ley se pusiera en marcha, por lo que el procedimiento de modernización del Registro no quedaría amortizado. Asimismo, se prevé ceder gran parte de las competencias a registradores de la propiedad y notarios no funcionarios. Por ello, el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) considera inoportuna esta reforma basándose, principalmente, en el esfuerzo y los recursos invertidos en el proceso de digitalización y modernización del Registro Civil, que una vez finalizado permitiría “ofrecer un servicio más eficaz y con los menores costes para los ciudadanos”.

Olmo Calvo | Periódico Diagonal
Olmo Calvo | Periódico Diagonal

El Sisej considera que ésta es “otra reforma privatizadora” del Gobierno, ya que algunos trámites como el sistema público de registros o el de matrimonios civiles dejan de estar en manos del Estado para ser cedidos a registradores y notarios. Esto supondría un encarecimiento de la justicia para el ciudadano debido a la aplicación de algunas tasas que no estaban previstas por esta ley. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha insistido en que no se trata de una privatización de servicios públicos, sin embargo, no ha negado que habrá nuevas tasas para trámites que hasta ahora eran gratuitos. Matrimonios civiles, cambios de nombre o apellidos y procesos de nacionalidad podrían ser algunas de las gestiones para las que sería necesario pagar una cuota que, según el Ministerio, oscilará entre los diez y los 40 euros. Los miembros del Sisej han acusado al Gobierno de ver la Justicia como una “oportunidad de negocio” y no como un servicio público, así como de desmantelar el Estado social y democrático de derecho. Además de esto, la aplicación de aranceles sobre trámites registrales hasta ahora gratuitos podría provocar, según los miembros del Sisej, una desmotivación por parte de la ciudadanía a la hora de realizar las inscripciones de pago, lo que redundaría en una falta de “concordancia del registro con la realidad”.

El sindicato, que considera que el Gobierno menosprecia la capacidad de su colectivo, ha pedido que rectifique su posición y que no se lleve a cabo la reforma. La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) también ha criticado esta nueva reforma, al considerar que ésta supone la depreciación de quienes llevarán a cabo estos procedimientos: el Estado prescindirá para ello de los secretarios judiciales y licenciados en Derecho de tipo A-1 para ceder sus competencias a notarios y registradores sin ningún tipo de conocimiento ni experiencia en la materia. No es la primera vez que los secretarios judiciales muestran su desaprobación hacia la actuación del Ministerio, a quien atribuye la culpa de la “involución y retroceso en la administración de justicia” del último año.

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