7.000 tutores-profesores sin contrato ni Seguridad Social en la UNED

Tamara Fariñas R. | 4 de febrero de 2015 | PERIÓDICO DIAGONALEducación

“No somos becarios”. Así sintetiza la situación de los profesores-tutores de la UNED Dolores Mo­rales Muñiz, portavoz de la petición de Change.org que busca una regulación laboral para este colectivo. “No podemos seguir pasando por becarios cuando no lo somos”. No obstante, los tutores de esta institución se distinguen de los becarios en un aspecto muy importante: no cotizan a la Segu­ridad Social por sus funciones. Llama la atención que el colectivo de profesores que ejercen de tutores en una universidad que de­pende direc­tamente del Minis­terio de Edu­cación tenga que luchar por conseguir, únicamente, que su función esté regulada laboralmente. Pero así es.

La Universidad a Distancia cuenta con cerca de 200.000 alumnos cuya educación se basa, en gran parte, en el trabajo de los profesores-tutores, encargados de ofrecer atención directa, tanto personal como virtual, de corregir las pruebas de evaluación continua de los alumnos y de orientarles sobre cómo afrontar la asignatura en cuestión. Estos tutores son unos 7.000 docentes, repartidos por todo el país en los 61 centros asociados al organismo.

Su batalla comenzó cuando en 1986, gracias al Real Decreto 2005/86, al régimen de los “profesionales de los distintos campos del saber” que desarrollan la actividad tutorial se lo equiparó “a todos los efectos” al de “los becarios de docencia e investigación”. Sin embargo, desde 2011 los becarios tienen derecho –y obligación– de estar inscritos en la Seguridad Social con su correspondiente cotización, derecho del que los tutores de la UNED no están disfrutando.

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Aunque la gran mayoría de estos 7.000 profesores-tutores tienen otro trabajo, principalmente en la función pública, hay unos 200 tutores que no, por lo que su economía se basa únicamente en esta labor y, por lo tanto, su precariedad es mucho mayor. Pero la lucha de los tutores de la UNED no tiene como objetivo mejorar la situación laboral de este pequeño colectivo, sino la de que se reconozca “la especificidad de este trabajo” para todos, sin perjuicio para los que son funcionarios.

Una figura propia

“Cabe la posibilidad de que si se regula como una figura universitaria más, los profesores que también son tutores –y que suponen en torno al 60%– se enfrenten a una incompatibilidad”, explica Morales Muñiz, ya que “no se puede ser dos figuras docentes” a la vez. Ésta es una de las razones que la propia UNED da para no poner en marcha esta regulación: que la mayor parte de los profesores-tutores abandonarían su puesto.

Pero para solventar este obstáculo, los tutores, que buscan una solución “para que quepa todo el colectivo”, exigen que se diseñe “una figura propia”. Una exigencia que, por otro lado, no es más que el cumplimiento de la legis­lación vigente, ya que la Ley Or­gá­ni­ca de Uni­ver­sidades (LOU), apro­­bada en 2001 no sin un importante rechazo social generalizado, acuer­da la regulación específica por parte del Gobierno del régimen de los tutores.

“Estamos en una posición extraña, como en un limbo jurídico”, explica Morales Muñiz, quien indica que, aunque desde entonces se ha planteado la posibilidad de revisar esta situación, siguen man­­teniendo una “vinculación extraña” con la UNED. “Sólo pedimos que se reconozca la especificidad de nuestro trabajo”, repite.

Bolonia agrava la situación

La lucha de los tutores de la UNED no es nueva, pero se ha empeorado, según Morales Muñiz, porque el sistema universitario ha variado en los últimos 30 años, en especial con la normativa para intentar adaptarlo al espacio europeo. El conocido como plan Bolonia “ha cambiado el tipo de enseñanza” para basarlo, principalmente, en la actividad tutorial, “algo que la UNED lleva haciendo desde hace mucho tiempo”, explica.

En enero, este colectivo lanzó su petición a través de Change.org para recoger apoyos

Sin embargo, a pesar de que su carga laboral ha aumentado, su situación sigue siendo la misma: sin contrato, sin vinculación oficial con la universidad, sin Se­guridad Social y sin derechos. “Como tutores no tenemos derecho a pedir ayudas para investigación, no tenemos posibilidades de ampliar nuestra carrera universitaria y, si concursamos para una plaza de otra universidad, no existe reconocimiento, porque somos becarios”, explica Morales Muñiz. “No podemos seguir pasando por becarios cuando no lo somos”, añade.

El 8 de enero, este colectivo lanzó su petición a través de Change.org para recoger apoyos y extender el alcance de sus exigencias. Menos de un mes después, la petición de los tutores de la UNED cuenta ya con un respaldo de 35.000 firmas.Además, el grupo parlamentario de Izquierda Plural presentó, el pasado 14 de enero, una proposición no de ley instando al Gobierno a “adoptar las medidas oportunas para que se regule de forma urgente y sin mayor dilación la figura del profesor tutor como figura propia de la UNED, con todos los derechos laborales que ello implica”.

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Llegó la Marea Atlántica para acabar con la élite coruñesa

1 de noviembre de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | A Coruña se organiza en una ‘marea’ para echar un pulso en las municipales

“Chegou a marea”. Así se presenta un proceso respaldado, por el momento, por más de 2.800 coruñeses. Abogados, conductores, profesores, sociólogos: todos caben en la Marea Atlántica, cuya intención es sacar brazo para echarle un pulso al establishment en la ciudad de Breogán, formando parte de la “rebelión democrática que viene”.

En A Coruña sabemos lo que es ser una ciudad de mareas vivas”, advierten desde su manifiesto. “Somos mayoría las que pensamos que ya es suficiente. Que ha llegado la hora de cambiar las cosas de una vez”, dicen.

El objetivo de la Marea Atlántica es apropiarse “de las herramientas necesarias para combatir la desigualdad y construir una ciudad y un país distintos”. Rocío Fraga es una de las personas que nadan en esta nueva marea coruñesa, y lo hace desde la experiencia de los movimientos sociales. Es ella quien explica que no se debe confundir esta Marea Atlántica con una plataforma de partidos o colectivos: “Es un proceso, el proceso municipalista de A Coruña”.

“Todas las inscripciones en la marea son individuales”, recuerda. Y así será hasta diciembre, cuando “las fuerzas políticas decidirán si se unen o no”. Por el momento, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ya ha decidido que irá por libre. Los demás partidos, salvo PP y PSOE, “en principio están dispuestos a confluir en la marea”, pero todo se verá en diciembre, explica Rocío Fraga.

¿Cómo funciona la marea?

“Había gente que nos preguntaba qué era la marea. Ahora ya no hay dudas, la gente ya nos conoce”, explica Rocío. La Marea Atlántica nació desde un grupo promotor que abrió un proceso de participación a través de asambleas barriales. Lo primero era validar las firmas necesarias y crear el documento de principios básicos. “Ahora nos situamos en la segunda fase, donde estamos reforzando las mareas barriales y sectoriales, que son el pulmón del proyecto”, aclara.

No tienen mucho tiempo, ya que en enero quieren tener el programa preparado para presentarse a las elecciones. Pero lo hacen con fuerza, respaldados por grupos de trabajo y dando a conocer su finalidad: crear un proceso horizontal para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. “Y creemos que ya estamos teniendo influencia”.

Una de las propuestas de la Marea Atlántica es iniciar el proceso desde los barrios, dando protagonismo a los ciudadanos, liberándolos de lo que llaman los “grilletes de la vieja política”. Ciudadanía es la palabra clave: el objetivo es “buscar una nueva forma de organizar la vida en común, construida por la ciudadanía, al servicio de la ciudadanía y bajo el control de la ciudadanía”.

La del barrio de Agra de Orzán es la primera marea territorial coruñesa. Éste es el barrio con más densidad de población de Galiza, con 688 habitantes por hectárea, y uno de los más densos de España. El 12% de los residentes en A Coruña viven en Agra, y su población es, en general, muy mayor. Este proyecto se lanzó poco después de que naciera la Marea Atlántica a mediados de julio. Desde entonces ha celebrado siete reuniones en las que se debaten los problemas de la zona.

“En este grupo hay desde jubilados a estudiantes, muchos parados, gente de ambos sexos y con mucha experiencia en movimientos sociales y asociacionismo vecinal”, asegura Erik Dobaño, que trabaja en esta marea. “Hemos lanzado ya un primer boletín con los problemas que hemos detectado en el barrio: de movilidad y espacios públicos”, añade. El barrio de Agra cuenta con dos únicos espacios públicos, la avenida pea­tonal de Barcelona y el parque de As Conchiñas, en obras desde hace un año. Así, el barrio cuenta con un metro cuadrado de espacio público para cada tres habitantes; un metro cuadrado para cada seis desde que las obras comenzaron en el parque. “Ten­dría­mos que salir por turnos a pasear”, denuncia Erik.

Además, en este barrio los equipamientos son nulos, tanto sanitarios como culturales, así que la gente mayor “se queda encerrada en su propio distrito”. De esta forma, desde la marea de Agra, respaldados por la experiencia de quienes llevan años trabajando en asociaciones vecinales, buscan soluciones. “Intentamos buscar los problemas más acuciantes de cada barrio, para que el programa político –que se elaborará en diciembre con las propuestas de las diferentes mareas– responda a esas necesidades reales”, aclara.

Oportunidades de ganar

En las elecciones europeas Agra do Orzán votó por la izquierda, dando un 35% de los votos a la suma de Anova-Esquerda Unida, BNG y Po­de­mos, es decir, cuatro puntos más que el PSOE y uno más que el PP. “Este espacio de confluencia de las fuerzas de izquierda en el barrio, y en otros barrios populares de A Coruña, daría la oportunidad de ganar o de, al menos, llevar una representación a María Pita [el Ayun­tamiento]”, asegura Erik. El mes y medio que le queda a la Marea Atlántica para consolidarse es clave para su futuro.

Belén Fernández, que también está implicada en este nuevo movimiento, confía en que a este proceso se vaya sumando cada vez más gente. “Desde luego, A Co­ruña es una ciudad donde no es difícil que las ideas innovadoras tengan calado”, asegura. “El Gobierno municipal no está llevando a cabo una gestión que atraiga, tiene muchas voces críticas y ahí es donde se crea un contexto de oportunidad para estas alternativas”, añade.

El tiempo no corre a su favor, pero hay razones para ser optimista. “Estamos en un proceso acelerado de descomposición del régimen político y económico, en el que todos los días están saliendo escándalos y la gente está asumiendo cambios muy rápidamente –explica Belén–. Y todas esas personas van a apostar por otro tipo de iniciativas”.

Los mayores, la generación más compleja

“El cabreo se extiende a las familias, a otras generaciones y a más capas de la sociedad”, asegura Belén Fernández, integrante de la marea. También a la población de más edad, que pierde acceso a la sanidad o incluso que se ha visto afectada por el caso de las preferentes. No obstante, esta generación es la más reticente al cambio. “Es un sector complejo al que llegar porque las vías de comunicación que usamos son alternativas –como las redes sociales–, aunque intentamos llegar a ellos a través de comunicación tradicional”, añade.

Sacarle los colores a la clase política

La Marea Atlántica, basada en una metodología de participación ciudadana, está obligando “a las viejas fuerzas políticas a hacer, al menos, cambios estéticos”, explica Belén Fernández, integrante de la marea. “Esto ya es un éxito. Creo que ellos mismos, creando asambleas e invitando a los ciudadanos a debates, están entendiendo el mensaje de que su manera de operar ya no está socialmente aceptada”, añade. Así, parece que este proceso ha abierto una ventana que permitirá airear el modelo político. Según Erik Dobaño, otro miembro de la marea, parece que “el viento empieza a entrar, pero con dificultades”. Mientras, la marea sigue con su intención de crear un proceso de participación abierta lo más horizontal posible.

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Catalá recoge un testigo cargado de polémicas

Tamara Fariñas R. | 11 de octubre de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Justicia

Al ahora exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón no le salió bien su plan de reformar la Ley del Aborto y, tras la retirada de la polémica norma, tuvo que presentar su dimisión. No obstante, en sus 1.006 días al frente de la cartera ha tenido tiempo de implementar y acabar imponiendo muchas normas que no han pasado desapercibidas, tanto por la sociedad en general como por los sectores vinculados a la Justicia.

Ahora, con Rafael Catalá tomando el testigo de uno de los ministerios que, junto al de Educación y Hacienda, se ha enfrentado a más protestas durante la última legislatura ‘popular’, la sociedad contiene la respiración ante el próximo movimiento de la cartera. Catalá, que tomó posesión del cargo de ministro de Justicia el pasado lunes 29 de septiembre tras su paso por el Ministerio de Fomento como secretario de Estado, aseguró que “revisará” las tasas judiciales, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la del Có­digo Penal, aprobadas durante la era Gallardón, aunque aún no ha detallado cómo lo hará. Durante el poco más de un año que queda para acabar la legislatura, Catalá tendrá que decidir también sobre la conocida como ‘Ley Mordaza’ y concretar los cambios en la actual Ley del Aborto.

El nuevo ministro tiene en su mano la posibilidad de reducir la tensión de cara a las próximas elecciones generales, que tendrán lugar antes de diciembre de 2015, o, por el contrario, de seguir la senda del que fue alcalde de Madrid y tensar aún más la cuerda social entre la población y el Ministerio de Justicia. En este contexto, Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la De­mo­cracia, ha valorado “positivamente” la salida de Gallardón del Ejecutivo. Eso sí, lo ha hecho “con la esperanza de que se abra una nueva etapa en el ámbito de la Justicia”.

Lo que Gallardón sí aprobó

La Ley de Tasas ha sido, sin duda, una de las que más polémica han levantado en todo el país. Decenas de colegios de abogados colgaron en sus puertas y ventanas, desde los meses anteriores a la aprobación de la Ley 10/2012, sus carteles manifestando su desacuerdo con la norma, que, según el Ejecutivo, pretendía recaudar más de 300 millones de euros. Afán recaudatorio es lo que la mayor parte de los detractores cree que está detrás de esta medida que, desde noviembre, aleja a los ciudadanos de su derecho constitucional de acceso a la justicia imponiendo tasas excesivamente altas a litigios sencillos, como las demandas por impagos de deudas pequeñas.

Desde Jueces para la Democracia insisten en que Gallardón no ha sabido enfocarse a la “modernización de las estructuras judiciales” y que, por el contrario, lo que sí ha hecho durante su mandato ha sido centrarse en “el recorte de elementos esenciales del servicio público (…), vulnerando seriamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…) y dejando fuera de la Justicia por razones económicas a amplios sectores de la sociedad”. En el mismo sentido se pronunció la comisaria de Justicia y Derechos Humanos de la Comisión Europea, Viviane Reding, que aseguró que vigilaría el caso español de cerca.

La imposición de estas tasas lleva a España a una situación preconstitucional, un salto que no es la primera vez que se vislumbra durante la última legislación del conservador Partido Popular: las tasas judiciales son un concepto que no estaba incluido en la ley desde 1959.

Ésta no ha sido la única norma que al ministro le ha dado tiempo a poner en marcha: la reforma del Registro Civil ha tenido también mucha repercusión entre los trabajadores y los defensores de la Justicia y no ha pasado desapercibida entre los que acusaban al exministro de querer privatizar el derecho a poder ser defendidos ante la Justicia. Con esta norma, Gallardón consiguió que trámites que hasta ahora habían sido gratuitos, como la nacionalización, el cambio de nombre o el matrimonio civil, pasaran a ser servicios de pago. Otro de los primeros cambios realizados por Gallardón afectó al sistema de elección de miembros del CGPJ, ya antes muy dependiente de las mayorías parlamentarias y ahora bajo el control del partido en el Gobierno. Es otra de las piezas que deberá mover el nuevo ministro. Bosch acusa al ahora exministro de vulnerar el papel de este organismo y de olvidarse de la división de poderes, clave de un Estado de Derecho, y de hacerlo además en un momento “en el que se investigan judicialmente centenares de casos de corrupción”.

Próximos movimientos

Ahora Catalá, además de “revisar” las reformas que sí se aprobaron durante la primera etapa del Go­bierno de Mariano Rajoy, tendrá que mover ficha sobre un tablero en el que se fijan muchas miradas que esperan que el nuevo ministro dé marcha atrás a las polémicas normas.

El Gobierno popular intentará “meter por la puerta de atrás” la revisión de la Ley del Aborto con un nuevo Plan de Protección Familiar previsto para antes de que acabe el año, y sigue en su intención de obligar a las jóvenes de 16 y 17 años a contar con el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. El movimiento feminista considera que “la mayoría de las menores consulta a sus padres antes de interrumpir un embarazo no deseado” y que, si no lo hacen, se debe a problemas intrafamiliares en los que puede haber trazas de maltrato. Así lo explicó Mar Gran­dal, del Mo­vi­miento Fe­mi­nis­ta de Madrid y de Católicas por el Derecho a Decidir, cuando la reforma de Gallardón se vio tumbada por el propio Gobierno.

Asimismo, la ‘Ley Mordaza’ y la reforma del Código Penal están pendientes de la decisión del nuevo ministro. De él dependerá que no se acabe criminalizando, por ley, la protesta ciudadana y endureciendo, de forma “populista e injustificada”, las penas, a las que se podría sumar una versión de la cadena perpetua, según Bosch, “de dudosa constitucionalidad”.

Organizaciones civiles contra la ‘Ley Mordaza’

A pesar de que en julio el Gobierno quiso hacer creer que la última versión de su Ley de Seguridad Ciudadana había contado con el apoyo de organismos en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Greenpeace, que ya habían calificado la reforma de “represiva”, la última versión de la ley sigue sancionando prácticas y conductas pacíficas, según estos organismos. Sara del Río, portavoz de Greenpeace, considera que esta nueva reforma, que tendrá que aprobar Catalá, “repite el discurso de justificar el que se pongan pegas y se dificulte la protesta pacífica”.

Un año de enmiendas al Código Penal

La reforma del Código Penal lleva en el Congreso poco más de un año. Se han presentado más de 35 enmiendas y sigue sin recibir una buena acogida desde colectivos como la plataforma No Somos Delito, que denuncia que ésta tiene una intención meramente de negocio, en este caso, de negocio carcelario. No Somos Delito denuncia que se incluya en esta misma ley a “colectivos sociales que no constituyen ningún peligro, como activistas, inmigrantes o personas sin recursos”. Mientras, “se suavizan las sanciones contra los delitos económicos ‘de cuello blanco’.

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Una ‘vuelta al cole’ sin ayudas y con libros deficientes

30 de septiembre de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Aterrizaje caótico de la LOMCE en los libros de texto

Siete reformas en democracia no han sido capaces de satisfacer las necesidades de la educación española. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida como ‘Ley Wert’, ha entrado en vigor en septiembre. Se trata de una reforma que ha convertido la última “vuelta al cole” en un momento más duro de lo que ya lo es habitualmente. La desaparición de las becas para libros de texto en prácticamente todas las comunidades autónomas ha sido el primer golpe que han acusado los hogares y uno de los que más protestas ha generado. En Madrid, las becas directas para libros se han sustituido por un sistema de dotaciones económicas que se entregan directamente a los centros, pero éstas son muy inferiores. Ángel Álvarez, profesor de 5º de Primaria, se une a las críticas contra la nueva ley del ministro y desde su centro, el colegio bilingüe Rosa Chacel, en Collado Villalba, denuncia que “el dinero global que la Comunidad destina a la ayuda para libros ahora es mucho menor”. Álvarez no puede más que lamentar esta situación, y más cuando a estas alturas, con el curso empezado, no han llegado más que el 40% de las subvenciones que debería haber recibido el colegio.

Los hogares no sólo se ven abocados a tener que apretarse aún más el cinturón tras perder las becas si quieren hacerse con los libros, sino que, además, la Ley Wert consiguió que se modificaran los contenidos de más de 180 asignaturas. Aunque para este curso 2014-2015 son sólo tres los cursos en los que se implanta la ley –1º, 3º y 5º de Primaria–, Educación ha conseguido aumentar todavía más los costes que deberán afrontar los padres. Y, paradójicamente, a pesar de que la nueva reforma beneficiaría, según el Ministerio, a los propios alumnos y a las familias, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos siente que esta ley se ha redactado sin tener en cuenta la opinión de ninguno de ellos.

Si se hiciera caso a la nueva regulación, todos los libros de estos tres cursos –y de los cursos iniciales de la Formación Profesional, donde también se implanta la Lomce durante el curso 2014-2015– deberían ser nuevos. Aun así, Álvarez asegura que “en Madrid están permitiendo usar libros de cursos anteriores” en determinadas asignaturas, como Lengua o Matemáticas, donde el contenido es prácticamente igual al de anteriores ediciones. Como también asegura la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), “otras comunidades autónomas, algunas incluso del mismo partido que el Gobierno [el Partido Popular], han recomendado a los centros no cambiar los libros de texto y reutilizar los del curso anterior”.

La Ley Wert ha supuesto que se modifiquen los contenidos de más de 180 asignaturas

En este contexto, Paula, madre de dos pequeños de cuatro y siete años, lamenta que estén cambiando “cada dos o tres años” los libros, ya que a sus hijos no les será posible compartir material escolar. “Cada año en libros de texto te puedes gastar más de 200 euros, sin contar con los cuadernos, lapiceros, estuches, etc.”, critica. Y no todas las familias pueden permitírselo. “En Historia, por ejemplo, podría entender que se cambiaran los libros cada diez años, porque van cambiando las cosas, pero no tiene sentido cambiar los libros de un año para otro, no es necesario”, lamenta. Por ello la CEAPA ha mostrado su “más profundo rechazo” a la compra de nuevo material, una medida que califica de “innecesaria, injustificada e inmoral”, ya que existen “toneladas de libros utilizables en los centros” y la situación de muchas familias no les permite afrontar un gasto que puede “parecer pequeño pero que supone un importante esfuerzo”. Asimismo, consideran que es una reforma que sólo beneficia a las empresas editoriales.

Otro de los problemas de la modificación del contenido de los libros de texto es el tiempo: las editoriales han tenido que sacar el material en tiempo récord y no en pocos lugares no han llegado a tiempo. Los libros de los hijos de Olga, funcionaria residente en Madrid, no llegaron a tiempo, a pesar de haberlos encargado en junio. “Las editoriales han hecho pocos libros porque no se sabe qué va a pasar con esta ley en el futuro, y no quieren que sobren libros”. Álvarez, por su parte, asegura que en su centro se han encontrado con el material “recién sacado” en septiembre, cuando en general pueden hacerse con el material desde junio y que incluso en una de las nuevas asignaturas, Valores Éticos, los libros no han llegado a la escuela.

Comunidades del PP han recomendado a los centros no cambiar los libros y reutilizar los del curso pasado

Sin embargo, según Ángel Álvarez, de CC OO, “los contenidos, en general, prácticamente no varían nada y, además, han tenido despistes muy gordos en la elaboración del modelo”. “En el área de Sociales, en el nuevo currículo sostienen que 1898 fue el año en que España perdió las colonias americanas. Ese año sólo se perdió Cuba, el resto se habían perdido antes, desde 1810”, comenta el profesor, que cree que lo peor de la Lomce es “la sensación de chapucería que ha presidido la redacción en cuanto a aspectos pedagógicos”. Además, “la programación didáctica” ha sido desastrosa. “Lo primero que debe estar en el desarrollo curricular son los objetivos. No se puede trabajar sin objetivos, pero esta ley no los tiene, se centra directamente en los contenidos”, añade. La sensación de haber hecho una “chapuza” también la tienen desde Marea Verde Aragón, quienes han denunciado “la incompetencia de la Consejería en la elaboración del nuevo currículo (…), que es un mero ‘corta y pega’ de documentos de otras comunidades”. Además del plagio, el colectivo educativo aragonés ha denunciado la “desigual concreción de contenidos” en el currículo y falta de coordinación entre los responsables.

Las ayudas a comedor también se recortan

Las becas de comedor han sufrido el mismo recorte que las ayudas para libros, con la eliminación del sistema de dotación de ayudas directas. En un contexto en el que lamentablemente “muchos niños sólo hacen una comida completa en el colegio” pierden, con esta nueva ley, ese derecho. Según denuncia el maestro de Primaria Ángel Álvarez, este recorte es muy perjudicial en especial en “zonas deprimidas socialmente”. “Nosotros teníamos unos 80 niños entre Infantil y Primaria en el comedor. Este año, sólo nos hemos quedado con 20”, lamenta este profesor.

Privilegios a la propaganda religiosa

Este año nace la asignatura de Valores Éticos, un batiburrillo de Religión, Educación para la Ciudadanía, Ética o Alternativa a la Religión; y se desdobla en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales lo que hasta ahora era Conocimiento del Medio. Mientras padres y madres se rascan el bolsillo, otras asignaturas se convierten en objeto de ayudas autonómicas. El Govern, por ejemplo, ha decidido poner en marcha una subvención de hasta 900.000 euros para material que fomente la “cultura religiosa”, eso sí, en instituciones y organizaciones de carácter religioso.

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Una ley de protección del menor que “entra a saco” en la familia

9 de julio de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Anteproyecto de ley de protección a la infancia

El Gobierno español aprobó, el pasado 25 de abril, el Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia, un texto valorado de manera positiva por algunas organizaciones, como la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf), pero que ha sido tachado de “insuficiente” por gran número de colectivos y profesionales por los derechos de la infancia.

“Lo han dignificado un poco más, aunque siguen aplicando los mismos métodos, pero con más cautela”, asegura a Diagonal Juan Ignacio Ruiz Huerta, exresponsable del Área Social y Trabajo del Defensor del Pueblo, en relación al trato que se dará a los jóvenes con problemas de conducta tras la aprobación de esta ley. Ruiz Huerta participó en 2009 en el informe del Defensor del Pueblo sobre la situación de los menores con trastornos de conducta o en situación de dificultades sociales que llegaba poco después de que, en el centro de menores tutelados de Picón del Jarama, un adolescente que se encontraba aislado en su habitación se quitara la vida. La publicación del informe, en el que se detallaban las deficiencias de los centros de menores, sirvió para que, en cierto modo, se moderase la actuación en estos centros. Según explica Ruiz Huerta, desde entonces “los centros de menores tienen la sensación de que un ojo les vigila constantemente”.

Ruiz Huerta se expresa con dureza sobre la reforma planteada por el Gobierno, de la que afirma que no solventa las carencias de la anterior, sino “todo lo contrario, es más de lo mismo”, asegura. “No se ha aprovechado la oportunidad para hacer una buena ley”, añade. En esta nueva norma, los conceptos de situación de riesgo y situación de desamparo vuelven a estar en un limbo jurídico. Según Ruiz Huerta, en el texto se definen las situaciones de riesgo de forma muy indeterminada, con términos ambiguos como conflicto. “¿En qué familia no hay ningún conflicto? Esta ley permite, además, entrar a saco en una familia y quitar la patria potestad”, señala.

Pobreza y reclusión

Aunque la nueva ley recoge una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que indica que la situación de pobreza no es motivo para quitar la patria potestad, en base a la obligación de los Estados de impulsar la reintegración familiar, y contempla los artículos 18 y 39.4 de la Consti­tución, sobre los derechos de la familia, el texto señala que esta situación de pobreza de padres o tutores “no será en ningún caso la única circunstancia para valorar la situación de desamparo”, dejando la puerta abierta a tomarse como causa cuando la pobreza vaya acompañada de otros supuestos.

Según explica Ruiz Huerta, el trastorno de conducta en menores es un término que, clínicamente, no está aprobado. La Asociación Clínica de Psiquiatría de Estados Unidos lo eliminó como concepto clínico por su “excesiva peligrosidad”. Sin embargo, aunque el término en sí haya desaparecido, el Gobierno español lo recupera en esta reforma y va más allá, denominándolo enfermedad o deficiencia mental.

Una “enfermedad” o “deficiencia” que, en España, no puede ser diagnosticada, dado que la especialidad de psiquiatría infantil no existe en el Estado español. Entonces ¿quién la diagnostica? Ruiz Huerta tiene la respuesta: “Los médicos de los centros de menores”, que obtienen rédito económico por los niños, niñas y adolescentes en este régimen. De hecho, la media de lo que estas instituciones reciben es de 3.980 euros mensuales por niño, una cifra que hace que diagnosticar una “enfermedad” en el niño sea altamente rentable para una entidad amparada bajo la denominación de sin ánimo de lucro. Aunque no todo es negativo, señala este especialista, parece que pocas partes de esta nueva reforma tendrán efectos positivos.

En cuanto a la situación de los centros de menores, aunque con la nueva legislación se necesita una “autorización judicial para ingresar al niño”, la supervisión y la vigilancia acaba cuando el menor entra por la puerta del centro, por lo que será complicado mejorar las condiciones que existen en este tipo de centros, donde se seguirá aplicando, por ejemplo, el castigo de aislamiento. El ingreso en este tipo de instituciones es, también, más fácil con la nueva norma, ya que el período para que los padres recurran una orden por situación de desamparo pasa de los tres a los dos meses en un proceso que, según señala Ruiz Huerta, “debería estar supervisado por el fiscal, pero no lo está; sigue estando sujeto al criterio de la Administración, sin contrastar la opinión de las familias”.

Sin posibilidad de vuelta atrás tras dos años

Redacción
Una de las novedades de la nueva legislación será que, dos años después de que se declare la situación de desamparo del niño, sólo el Ministerio Fiscal podrá impugnar la situación, perdiendo la familia biológica el derecho a pedir que se revoque la decisión. En cuanto a la guardia voluntaria, aquella solicitada por los padres, se limitará a dos años, tras los cuáles el menor deberá volver con su familia biológica o dictarse sobre él una medida de protección estable.

¿Tendremos que pagar por ir al Registro Civil?

2 de abril de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Gallardón rectifica y paraliza temporalmente la privatización del Registro Civil

El anteproyecto de reforma de ley, cuyo objetivo era otorgar algunas competencias del Registro Civil a notarios y registradores, finalmente no ha calado. El ministro de Jus­ticia, Alberto Ruiz-Gallardón, se echó para atrás el pasado mes de octubre, pero esto no significa que se haya suspendido definitivamente el proceso de privatización de estos servicios, sino que se ha detenido temporalmente.

En un principio, Gallardón pretendía delegar las competencias del Registro Civil a notarios y registradores de la propiedad que, a pesar de haber accedido a sus cargos a través de oposiciones, no cobran directamente del Estado, sino que sus sueldos se financian a través de aranceles derivados de sus servicios, por lo que, a efectos prácticos, no pueden encuadrarse dentro del colectivo del funcionariado como tal. Esta medida iba acompañada de nuevos aranceles y tasas para servicios, como matrimonios civiles, modificación de nombres y apellidos o la nacionalización, que hasta ahora eran gratuitos.

En octubre, Gallardón cejó en su empeño de cobrar por servicios que hasta entonces estaban libres de impuestos, pero las últimas negociaciones sugieren que la privatización de estos servicios no se ha suspendido por completo. A pesar de haber insistido en que los registros civiles seguirán exentos de aranceles, el ministro ha asegurado que quienes asumirán estas competencias serán “diferentes funcionarios” pero no ha especificado quiénes.

Dentro del amplio abanico de funcionarios en los que se podrían delegar estas funciones se encuentran, precisamente, los registradores de la propiedad. Todo apunta a que será el Colegio de Regis­tra­do­res el que se encargará al final de todas estas gestiones, especialmente después de que se publicara el contenido de una misiva firmada por el decano de este mismo co­legio, Gonzalo Agui­lera, en la que aseguraba a sus afiliados que tomaba las riendas de los registros civiles.

Antes de anunciarlo, los registradores ya habían expresado su rechazo a encargarse de la gestión del Registro Civil, debido, principalmente, a la decisión del ministro de Justicia de mantener todas estas gestiones gratuitas sin los aranceles que éstos exigían. El traspaso de los registros civiles de manos de los secretarios judiciales a las de los registradores supondrá, además, que el Estado prescinda de los funcionarios y licenciados de tipo A-1, con más experiencia, para ceder competencias a empleados que, según denuncian los colectivos, no tienen ningún conocimiento en la materia.

Los sindicatos exigen garantías

El Sindicato de Secretarios Judicia­les (SiSeJ) ya denunció hace más de un año que, con esta medida, el Es­tado está menospreciando la capacidad de su colectivo.

Numerosos colectivos, entre ellos la Central Sindical Indepen­diente de Funcionarios (C-SIF) y asociaciones de funcionarios de diferentes provincias han seguido presionando para que se detenga esta medida y se mantengan las condiciones laborales de los que hasta ahora se habían encargado de estos trámites.

El sindicato mayoritario de la función pública, Comisiones Obre­ras, ya ha anunciado que trasladará al Grupo Parla­mentario Popular su petición para se garantice este servicio público y se mantengan los 5.194 puestos de trabajo —entre registros civiles únicos, central, juzgados con competencias registrales, juzgados de paz y agrupaciones— que se ve­rían afectados por la reforma del Re­gistro Civil, que representan cerca del 13% del personal de Justicia.

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La marea verde balear suma 18 días de huelga en cuatro meses

14 de enero de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | El gobierno se enroca en sus posiciones mientras se extienden las protestas

A pesar de haber contado con altas cifras de seguimiento, los días de huelga de la marea verde balear todavía no han dado sus frutos y el conflicto educativo se encuentra en un impasse sin solución aparente. El martes 7 de enero, las Islas Baleares vivieron una nueva jornada de huelga, sumando 18 días de protestas en los últimos cuatro meses.

En esta última jornada se ha unido, según los datos de la Assemblea de Docents, cerca del 55% del colectivo educativo de las islas, cifra que las autoridades de la Conselle­ria d’ Educació, Cultura i Univer­si­tats del Govern balear han reducido hasta el 11%. “Que en la 18º jornada de huelga haya habido tanta gente es muy significativo”, aseguró el portavoz de la Assemblea, Miquel Àngel Tortell. De hecho, participaron tantas personas que han podido rodear el IES Marratxì (Pal­­ma), unas instalaciones de 600 m2, dando dos vueltas. “Y aún había más gente”, añadió Tortell, orgulloso de la solidaridad demostrada entre el colectivo educativo.
Aunque el colectivo docente es el único que tiene “un mínimo de protección legal a la hora de protestar”, Tortell aseguraba que la sociedad se ha volcado con la huelga. “En la última jornada, los padres sabían que hacíamos huelga y no llevaron a sus hijos a la escuela. La gente está de nuestro lado”, afirma Tortell.
Tanto los recortes que han afectado a la Educación a nivel estatal, aunque con especial incidencia y gravedad en las islas, como la imposición del TIL –el decreto que califica de obligatorio el trilingüismo– han sido los detonantes no sólo de esta última huelga, sino de los parones educativos que han tenido lugar desde comienzos de curso. Y no serán los únicos, ya que la Assemblea de Docents tiene previstas más protestas para la primavera y para el final del curso escolar.
Eso sí, en esta ocasión también ha tenido que ver la apertura de expedientes contra varios educadores de diferentes institutos baleares, entre los que se encuentra uno contra el director del IES Marratxì, que, según Tortell, cuenta con más de 20 años de experiencia en el cargo y al que cariñosamente apodan “el BOE humano porque se conoce todas las leyes”.

Grabación secreta

Tortell aseguró que el expediente se había abierto debido a una “grabación secreta de una alumna”, algo bastante insólito. “Si un alumno graba en secreto a un profesor, se le puede caer el pelo y la Conselleria abriría un expediente contra el alumno”, aseguraba el portavoz de la Assemblea. “En este caso, ha servido para abrir el expediente contra el propio director”, añadía.
“Esto es intolerable –se indignaba Tortell–. Es intolerable que la Admi­nistración utilice para expedientar a un profesor una grabación secreta, tergiversada y sacada de contexto”. En este mismo instituto también se han abierto diversas diligencias contra “cuatro o cinco” profesores más, y una “organización de ultraderecha” ha presentado más de una veintena de denuncias tanto a edu­ca­dores como a la propia Caja de Re­sistencia, el órgano encargado de recoger donaciones en apoyo al colectivo docente. “Es intolerable una Administración que hace caso a la ultraderecha más rancia y que ataca continuamente a la Educación pública –se quejaba Tortell–. Pero por cada paso que ellos den, nosotros daremos dos”, añade.
Las negociaciones sobre los “puntos de reflexión” que reivindica el colectivo de educadores baleares se han visto completamente paralizadas. A pesar de las continuas peticiones para que el presidente de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá (PP), se siente en la mesa de negociaciones con los profesores, no ha habido ninguna respuesta. “Desde navidades hemos registrado tres solicitudes pidiendo a Bauzá que se siente a negociar con nosotros”, explicaba Tortell.
Ha habido muchas reuniones de la Conselleria con diferentes agrupaciones educativas, sin embargo, Bauzá no ha hecho ningún intento por negociar con la Assemblea de Docents baleares. “La situación ahora mismo es de esquizofrenia. Están histéricos, violentos, y muy poco por la labor de negociar”, explica Tortell, quien asegura que para el Govern todo lo que funciona mal en la edu­cación pública balear “es culpa de los profesores”.

Trilingüismo

El punto sobre la imposición del trilingüismo –el TIL– ha sido uno de los más polémicos durante las numerosas jornadas de huelga de la edu­cación balear: un proyecto que Tor­tell ha calificado de “despropósito educativo”. “Una metodología que pretende que se impartan en lengua extranjera asignaturas no lingüísticas lo único que provocará será el aumento del fracaso escolar”, denunciaba Tortell, quien sostiene que “ni siquiera un 30% del profesorado está capacitado para hacerlo”.
Imponer la impartición de asignaturas no lingüísticas en un idioma extranjero exige, como poco, una amplia y extensa formación para el profesorado. Sin embargo, “los certificados B2 –los exigidos para impartir las clases en inglés– se han repartido a cambio de 100 euros haciendo cursos cutres”, según Tortell. Ahora, las Islas Baleares cuentan con muchos profesores que tienen el título exigido pero no las capacidades ni los recursos lingüísticos necesarios para impartir clases en inglés. “Lo único que pretenden con esto es mermar las horas de catalán”.
Tortell asegura que nadie de la Administración pública ha querido dar explicación alguna y ha denunciado que los políticos a cargo de la cuestión educativa en las Islas Ba­leares ni siquiera tienen relación con el mundo educativo. “Para nosotros, la crisis tiene forma de niño pequeño (…) y el TIL está muy lejos de las necesidades de los más pequeños –denuncia Tortell–. La única solución a esto es que las urnas los quiten de los puestos de responsabilidad”.

37,5% menos en ayudas para libros de texto

El 7 de enero, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte anunció que destinará 20 millones de euros a subvencionar libros de texto y materiales didácticos. En la convocatoria anterior, esta cifra era de 32 millones, lo que supone un tijeretazo del 37,5%. De estos 20 millones, 1.440.390 van a los centros gestionados por el Ministerio en Ceuta y Melilla. El resto, 18.559.610 euros, se reparte atendiendo a dos criterios: la tasa de riesgo de pobreza que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el número de alumnos y alumnas matriculadas.

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Liberados los ocho detenidos de Navantia

30 de diciembre de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Después de dos semanas en prisión preventiva en Cádiz

Después de dos semanas, los ocho trabajadores de los astilleros de Cádiz que fueron detenidos el pasado 13 de diciembre por causar daños en el puente de José León de Carranza durante las protestas por la falta de trabajo en el sector naval han salido de prisión. Lo hicieron durante la tarde del viernes, con cargos y con un importante castigo: la prohibición de acceder al puente.

La imposición de esta nueva medida sustituye a la prisión preventiva bajo la que han estado sujetos durante estos 14 días por riesgo de reiteración delictiva, un riesgo que las autoridades siguen considerando, aunque en menor medida. “Esta decisión se tomó para que no volvieran a cortar el puente”, ha explicado Vicente Sarasa, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y amigo de los familiares de los detenidos. Esto es un severo castigo para los ocho trabajadores: desde su salida de prisión, ninguno de ellos podrá acercarse al puente Carranza, uno de los dos únicos accesos a Cádiz. “Ahora tendrán que dar la vuelta a toda la Bahía”, aseguraba Sarasa.

Durante la jornada de protestas del sector naval del 13 de diciembre, la Policía detuvo a diez personas por su relación con una serie de altercados que provocaron retenciones de más de diez kilómetros en el puente Ca­rran­za. El juez ordenó la entrada en prisión de ocho de ellos, ante la posibilidad de que pudieran volver a provocar atascos en la entrada de la ciudad.

Las protestas en el sector naval de Cádiz continúan tras tres años de paralización de la carga de trabajo. El Gobierno, en negociaciones con la empresa Navantia, ha anunciado un próximo pedido para construir un gasero para Gas Na­tural, sin embargo, los trabajadores del sector no confían en que éste sea real ya que todavía no existe ningún contrato firmado.

Solidaridad gaditana

Antes de conocer la noticia, varios colectivos tenían prevista una manifestación durante la tarde del viernes 27 para exigir la puesta en libertad de los trabajadores, aunque una vez que se hizo pública su liberación ésta fue desconvocada. Aun así, centenares de personas acabaron acudiendo a la plaza de Jesús, en el término de Puerto Real, a celebrar la excarcelación. Duran­te la concentración improvisada, algunos de los asistentes se hicieron con el liderazgo para asegurar que la liberación de los ocho gaditanos había sido una “victoria” que se ha conseguido gracias al apoyo de los ciudadanos y a la presión ejercida.

Mientras, a las puertas de la prisión Puerto II, donde se encontraban los detenidos, la gente se agolpaba para recibirles después de las dos semanas en prisión. “Han tenido un gran recibimiento por parte de sus familiares y amigos”, explicaba Sarasa. Los ocho detenidos han salido de la cárcel pero tendrán que enfrentarse a juicio, aunque los detalles todavía se desconocen. Sarasa ha declarado que es posible que se celebre un “juicio rápido” para resolver la cuestión, pero no sabe si finalmente se celebrará así.

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Medio centenar de personas sin casas tras los derribos de El Gallinero

19 de diciembre de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Desalojos en el asentamiento de El Gallinero

Muchos de los niños que viven en el poblado de El Gallinero, cerca de la zona de Cañada Real, no podrán pasar estas navidades en sus viviendas. Después de que esta área quedara excluida del proceso que la Comunidad de Madrid pretende llevar a cabo para legalizar la situación de los habitantes del poblado chabolista más grande de Europa, por no estar considerado como Cañada Real, el Ayuntamiento de Madrid ha asestado un nuevo golpe contra las personas de origen rumano asentadas en este campamento cercano a la autopista A3. Y lo ha hecho con el derribo de doce viviendas.

Los doce hogares que se convirtieron en escombros este mes de diciembre han dejado a casi medio centenar de personas en la calle, entre los que se encuentran 22 menores de edad. La noticia tuvo eco en las redes sociales por el compromiso de la alcaldía de no desalojar ninguna vivienda durante la temporada de frío. Javier Baeza, miembro de la Coordinadora de Barrios desde hace 21 años y actual párroco de San Carlos Borromeo (Vallecas, Madrid), ha sabido explicarlo. “Se comprometieron a no derribar durante el invierno y estrictamente, el invierno empieza el 21 de diciembre”. Los derribos tuvieron lugar el pasado 4 de diciembre, oficialmente, todavía otoño.

Las organizaciones de voluntarios, Cruz Roja y varios activistas todavía no se explican los derribos, para los que no había ninguna orden. Los juzgados habían emitido, meses atrás, una orden de desalojo para tres de las viviendas, pero en ningún caso habían ordenado el derribo de las mismas. Las familias que han perdido sus casas no han visto documentos en el que se acredite el permiso para desalojarlos y llevar a cabo los derribos. No han firmado ningún papel. Las órdenes de derribo no aparecieron. “Ni a la concejala del PSOE ni al jefe de Urbanismo le mostraron ninguna orden”, aseguraba Baeza. “Parece evidente que no las tienen”, añadía.

“El Samur Social fue quien nos avisó de los derribos de las tres chabolas, pero al final fueron doce”, aseguraba Baeza. Doce derribos que, en un periodo de cerca de tres horas, acabó dejando a 22 niños con sus familias en la calle. “Las rutas de los niños salen a las 09:45”, aseguraba el párroco Baeza. Los menores no vieron la actuación del Ayuntamiento, pero cerca de las cinco de la tarde, cuando volvían de la escuela, se tuvieron que enfrentar al hecho de que sus familias se encontraban en la calle. “Ha sido totalmente dramático”, explicaba Baeza. “De todo a lo que se comprometieron, la hora de los desalojos que habían prometido es lo único que cumplieron”.

Entre las viviendas derruidas se encuentra la de uno de los contratados del Instituto de Realojamien­to e Integración Social (IRIS), encargado de llevar a cabo trabajos socioeducativos con niños y niñas del poblado, donde vivía con su mujer y sus tres hijos, menores de edad, tal y como informó el periodista Miguel Ángel Vázquez.

Mientras iban cayendo las viviendas de El Gallinero, el acceso a la zona fue restringido. “Por primera vez no han dejado entrar ni a Cruz Roja ni a Iris”, aseguraba Baeza. Ni siquiera los abogados de las propias familias que estaban a punto de perder sus hogares pudieron acceder a la zona antes del derribo. Ni tampoco una concejala del PSOE, que denunció el hecho a través de su Twitter.

¿Cuáles son ahora las alternativas de los desalojados? Ninguna. El Ayuntamiento de Madrid no ha ofrecido, como es habitual, ninguna alternativa a las 40 familias que han perdido sus hogares, por lo que están siendo realojadas gracias a la solidaridad de sus vecinos. Tampoco existe para estas familias la posibilidad de realojarse en otro campamento.

El primer derribo desde julio

El Gallinero, cercano a la zona de Cañada Real, está habitado en su mayor parte por rumanos de etnia gitana. Desde que las familias se asentaron en esta zona en 2005, forma parte de la agenda política de urbanismo de la Comunidad de Madrid, que asegura que actúa en defensa de los intereses de los propietarios del suelo. No es la primera vez que los habitantes de El Gallinero ven cómo desaparecen sus casas, aunque desde el pasado mes de junio no habían llevado a cabo ninguno.

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Leyes menos ciudadanas y más corporativas

18 de septiembre de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Alberto Ruiz-Gallardón se enfrenta a distintos colectivos

La apertura del curso por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha devuelto a la actualidad los puntos más polémicos en materia de derechos desde que el Partido Popular (PP) entró en el Gobierno en diciembre de 2011. El ministro quiere que la reforma del Código Penal entre en vigor el próximo mes de octubre, después de la presentación del anteproyecto de ley el pasado mes de marzo. Un mes después, siempre según la agenda de Gallardón, tendrá lugar la reforma de la Ley del Aborto tras cuatro aplazamientos.

El 3 de septiembre, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) presentó un documento con 6.217 firmas en contra de la aprobación del nuevo Código Penal, previsto para finales de septiembre, en el marco de una campaña contra la “criminalización de la protesta social”. La nueva reforma se ha enfrentado, como prácticamente todas las reformas llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia que desde 2012 que lidera Gallardón, a numerosas críticas, no sólo desde los sectores sociales, sino también desde los propios sectores profesionales del ámbito jurídico.

Modificaciones como la que introduce la prisión permanente revisable incumple al principio de legalidad y de seguridad establecido en el artículo 25.1 de la Constitución, según el punto de vista del Consejo General del Poder Judicial. Ese artículo y el 25.2, que garantiza la posibilidad de reinserción total, también “rayan” la inconstitucionalidad según el dictamen del Consejo General de la Abogacía Española.

Al margen de estos organismos, en Madrid se ha creado la Plata­forma Otro Derecho Penal es Posible —integrada por personas de varios colectivos, entre ellos Legal Sol, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, SOS Racismo o la Asociación Libre de Abogados (ALA). Para Nerea García, activista de las Brigadas Vecinales de Observación de Dere­chos Humanos y participante en este espacio, con estas nuevas reformas “aumenta el control social y la represión y se alargan condenas con conceptos jurídicos arbitrarios”. En la búsqueda de algún punto menos negativo en torno a la nueva legislación, García ha asegurado que “casi nada” es positivo, ya que muchas de las valoraciones que hace la nueva legislación son de tipo moral, y que “valoran situaciones futuras no basadas en hechos”.

Uno de los primeros puntos que mencionó Gallardón una vez colocado en la cartera de Justicia fue la cuestión del aborto. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley Orgánica 2/2010 despenalizó la práctica de la interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas, una práctica que podía ser llevada a cabo de forma libre y voluntaria sin intervención de terceros. Para los embarazos de entre 14 y 22 semanas, la Ley del Aborto durante la etapa zapaterista permitía la interrupción del embarazo en caso de graves riesgos para la vida o la salud, tanto de la madre como del feto. A partir de la semana 22, siempre según el proyecto de Gallardón, sólo podría interrumpirse en caso de detectar una enfermedad extremadamente grave e incurable, para lo que era necesaria una decisión clínica.

Esta ley, conocida como ley de plazos, sustituyó a la que se había mantenido vigente hasta ahora, una ley redactada y publicada en 1985, en la que sólo estaba despenalizado el aborto en tres casos: riesgo para la salud de la madre, violación o malformación del feto, siempre y cuando se realizara antes de la 12ª semana. La Ley de Supuestos, que Gallardón pretende restablecer en su nuevo Código Penal, tiene una diferencia: según la nueva legislación, desaparecerá el tercer supuesto –el de malformación del feto–, por lo que la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo ha denunciado que esta reforma llevará a la clandestinidad a la práctica totalidad de mujeres que se enfrenten a esta situación. Asimismo, se suprimirá el derecho de menores de edad a decidir sobre la interrupción de sus embarazos, derecho al que hasta ahora han podido acogerse las jóvenes de 16 y 17 años.

La reforma del Código Penal incluye el incremento de las penas por delitos que, hasta ahora, habían sido considerados faltas. En este sentido, por ejemplo, los hurtos menores pasan a formar parte de la conducta delictiva tipificada por el nuevo Código Penal. Asimismo, la calificación de “atentado” cambia de sentido: a partir de la entrada en vigor de la nueva reforma, cualquier agresión, uso de violencia, amenaza o similar contra la autoridad puede ser calificado de atentado. Las protestas sociales, práctica habitual durante los últimos tres años, pasan a formar parte también de la conducta delictiva tipificada por la ley, por lo que cualquier tipo de resistencia no pasiva podrá ser castigada con hasta un año de cárcel. La vía administrativa se refuerza con el articulado de la Ley. En un principio, el Gobierno lanzó al aire una amenaza para incluir la resistencia pasiva en la lista de conductas delictivas calificadas de “atentado”. Finalmente, dio un paso atrás y rectificó, aunque el resto de texto también contiene posibles limitaciones de la libertad de expresión y reunión.

En el nuevo articulado, la “malversación”, definida como administración desleal de fondos públicos, es calificada de delito, así como la recepción de sobornos, la ocultación de bienes en procedimientos de embargo o el encubrimiento de situaciones de crisis económica en los deudores. No obstante, en un punto que se presentaba como necesario, más en un momento de destape de numerosos fraudes y casos de corrupción dentro de las formaciones políticas, Gallardón no ha querido tipificar la financiación ilegal de partidos políticos como delito, tampoco se modifica la regulación del fraude fiscal. Además el juez podrá rebajar los grados de las penas en caso de fraude si se produce la devolución de lo defraudado una vez que el acusado está imputado. Asimismo, la nueva reforma no modifica la reciente regulación de delitos contra la Seguridad Social –a partir de un euro defraudado– , que desde diciembre de 2012 es mucho más “gravosa” que la de fraude fiscal contra la Hacienda Pública.

Cuatro puntos clave :

• Penas
Artículos 32 a 94. Se introduce la pena de prisión permanente revisable. Aumentan los plazos para acogerse al tercer grado penitenciario. Aumenta el plazo de cumplimiento de pena para acceder a permisos de salida.
• Multas 
Artículos 80 a 94. Se incrementa la subjetividad y los aspectos que tienen que valorar los jueces para establecer multas o trabajos a la comunidad. Las penas entre un y tres años de prisión son sustituidas por expulsión para todos los penados extranjeros, aunque estén residiendo “legalmente” en España. Se introduce la prohibición de relacionarse con personas que puedan facilitar o inducir a cometer delitos.
• Propiedad intelectual
Capítulo XI. Se castiga con un incremento de penas el “top manta”. Se vulnera la intervención mínima que debe realizar el Derecho Penal en la vida de las personas. Se establecen penas para quien “facilite el acceso” (mediante enlaces) a cualquier obra intelectual, aún sin beneficio económico directo.
• Delitos de odio
Artículo 510. Se castigan más actos de intolerancia: aumenta el número de conductas y se introduce la responsabilidad de personas jurídicas y asociaciones sin personalidad jurídica.

Se reintroduce la Ley de Supuestos

La nueva Ley del Aborto será aprobada, previsiblemente, “antes de que termine el mes de octubre”, sin embargo, ésta es la quinta fecha que Gallardón da para su entrada en vigor. Mientras países anclados en legislaciones anacrónicas –como es el caso de Irlanda, un país históricamente adherido a la religión católica, que dio un paso adelante incluyendo en julio en su legislación el derecho al aborto en caso de que la mujer corra peligro físico o mental-, España da pasos atrás con la sustitución de una Ley de Plazos en favor de otra de Supuestos. Antes de su aprobación, el día 28 de septiembre, varios colectivos feministas han convocado manifestaciones “Por el derecho al aborto. Nuestros cuerpos, nuestras vidas” en el contexto de una movilización internacional por el derecho a decidir.

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA | Leer artículo original aquí…

Los tribunales obligan al Estado a revalorizar las pensiones

19 de julio de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Un tribunal de San Sebastián falla a favor de dos ciudadanos

En diciembre, el Partido Popular (PP) incumplió una promesa electoral. En esta ocasión se trataba de las pensiones: el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha repetido en numerosas ocasiones que no tocaría estas prestaciones. “De todas las partidas de presupuestos hay una que no hemos querido recortar, y es la de las pensiones”, afirmaba el popular ante los micrófonos de Onda Cero. “Mi primera prioridad es mantener el poder adquisitivo de las pensiones”, recalcaba en una entrevista concedida al diario El País.

Sin embargo, el 30 de noviembre el Gobierno aprobó un decreto-ley en el que recogía, entre otras medidas, la no actualización de las pensiones con la desviación del IPC interanual. Este decreto provocaba que las pensiones no fueran revalorizadas en base al IPC, es decir, que se mantuvieran estáticas a pesar de la subida de impuestos de 2011, obligando a las personas que cobran pensiones a disminuir considerablemente su poder adquisitivo.

“El pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222 euros” Tras una serie de manifestaciones de descontento popular, el Gobierno rectificó a medias y añadió una concesión a los pensionistas: se seguirían sin actualizar las pensiones en función del IPC, pero aquéllas cuya cuantía fuera superior a mil euros se revalorizarían en un 1% y las inferiores a esa cantidad, en un 2%. Este decreto fue finalmente publicado el 28 de diciembre de 2012, y aplicado a los presupuestos del año vigente.

El año 2013 comenzó para los pensionistas con una bajada de las pensiones catastrófica: el IPC interanual al mes de noviembre –la fecha establecida para realizar el cálculo de actualización– era del 2,9%. La diferencia de valor ha provocado pérdidas que a final de año se han materializado en cantidades entre los 97 y los 385 euros, según datos del Gabinete Técnico Confederal de UGT a partir de los datos del Ministerio de Empleo. En condiciones normales, los perceptores deberían haber recibido esa diferencia como compensación por la desviación de precios. No obstante, “el pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222,45 euros”, según los datos del informe sobre la revalorización de las pensiones elaborado por el sindicato UGT, cuantía que tampoco recibió ese pensionista medio.

Asimismo, la revalorización de su pensión para 2013 debería haberse realizado sobre ese 2,9%, sin embargo, al hacerla sobre el 1% o el 2% –según la cuantía de la pensión percibida– en tan sólo dos años la merma del poder adquisitivo ha sido doble: la pérdida de la compensación del año 2012 y la pérdida de revalorización para 2013.

Las pensiones a tribunal

Varios tribunales han fallado a favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en San Sebastián, falló a mediados de junio a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013 de acuerdo al valor de los impuestos al consumo, y obligó al Gobierno a pagar a ambos “una paga única compensatoria por el desvío del IPC durante 2012 calculada sobre un 2,9%”, así como a proceder a la “revalorización de su pensión para el año 2013 sobre un 2,9% de la percibida el año anterior”. La Federación Metal, Construcción y Afines de UGT (MAC-UGT) manifestó entonces su acuerdo con la sentencia y declaró que esperaba que se abriera así “el camino a que se les reconozca a todos los pensionistas” su derecho legítimo, sustraído tras la publicación del decretazo.

Varios tribunales han fallado a favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en San Sebastián, falló a mediados de junio a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013 El pasado 5 de julio, otro tribunal, en este caso de Burgos, falló a favor de 25 vecinos de la provincia, quienes verán revalorizadas sus pensiones en base al 2,9% del IPC interanual y recibirán de la Tesorería los atrasos correspondientes.

También a mediados del mes de junio otro ciudadano de Barcelona presentó su demanda, apoyado por el Col·lectiu Ronda, organismo en defensa de los trabajadores y su protección social, contra la decisión del Gobierno de no revalorizar su pensión. Antes del juicio, que fue archivado a la espera de sentencia en el plazo máximo de un año, una veintena de pensionistas presentaron sus propias demandas.

Fundamentación legal

Que las demandas hayan llegado a buen puerto es signo de que el decreto-ley aprobado por los populares tiene algo de irregular. UGT ha recalcado, con el apoyo de los fallos de los tribunales, que el decretazo es contrario al artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, que implica que “las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, será revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año”.

La ultraactividad de los convenios entra en barrena

La reforma laboral del Gobierno de Rajoy daba un año de límite para que los convenios pendientes de renovación se prorrogaran de forma automática. La fecha límite llegó el lunes 8 de julio, y con ella cerca de 1.324 convenios que afectan a 1,8 millones de personas quedan en el aire, según datos de CC OO y UGT.

El aumento previsible de la conflictividad —y de los casos llevados a los tribunales— llevó a los sindicatos de concertación y a las patronales a firmar el 23 de mayo un acuerdo confederal. No obstante, como ha dicho un representante de la patronal CEOE, el acuerdo no es sino “un código de buenas prácticas en las mesas de negociación”.

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“El rey Juan Carlos trabaja como intermediario en la venta de armas”

18 de julio de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Antimilitarismo

Diversas ONG de defensa del pueblo saharaui denunciaron este lunes día 15, en un acto público ante el Ministerio de Economía en Madrid, al Gobierno español por la venta de armamento a Marruecos, una circunstancia que infringe la legislación internacional que regula la exportación de armas a países en conflicto. La denuncia, presentada no sólo en acto público sino también ante los tribunales, va acompañada de una serie de documentos, entre ellos fotografías y vídeos, que demuestran que el material comprado a España ha sido utilizado por las Fuerzas de Seguridad marroquíes en la represión del pueblo saharaui.

Es el cuarto año consecutivo que estos organismos acusan públicamente al Gobierno de vender material bélico –tanques, todoterrenos y armas– al monarca marroquí, Mohamed VI, quien el mismo lunes dio la bienvenida al rey Juan Carlos I, al ministro de Exteriores y a sus acompañantes, que llegaron al país vecino para debatir sobre sus intereses comerciales comunes.

La venta de armas a Marruecos no es algo actual. Según ha explicado Eduardo Melero, abogado y miembro de Justicia i Pau –una de las ONG denunciantes–, “desde 1995 hasta 2012 España ha exportado material bélico a Marruecos por valor de más de 250 millones de Euros de forma ininterrumpida”. A estas cifras, calculadas sólo hasta 2012, hay que añadirle la venta de material del año vigente. A pesar de que no se han encontrado datos detallados sobre ella, el pasado mes de abril el ministro de Defensa español, Pedro Morenés, y el de Marruecos, Abdeltif Loudyi, se reunieron en la fábrica de Urovesa, una empresa encargada de fabricar vehículos militares, en Santiago de Compostela.

Las ONG han aprovechado la visita de Juan Carlos I a Mohamed VI, y han manifestado su descontento con la intención del monarca, que “con sus visitas a Marruecos no sólo pretende mejorar las relaciones internacionales, sino que trabaja como intermediario en la venta de armas”, según ha afirmado Melero. Las denuncias anteriores han sido desestimadas por los tribunales, que han alegado que toda información “acerca de la exportación de armas es secreto de Estado”. Melero se ha indignado ante la situación, ya que “basándose en el secreto de Estado el Gobierno impide que podamos plantear una demanda judicial”, ha añadido. Por su parte, Luis Mangrané, miembro del Observatorio Aragonés por el Sáhara Occidental, ha recalcado que a pesar de que el Gobierno se empeñe en calificarlo como secreto estatal, “la exportación de armas es un secreto a voces”.

Represión en el Sahara

La legislación internacional prohíbe la venta de armas a países que mantienen algún conflicto en su territorio, sin embargo, España se ha saltado esta ley desde hace años y ha olvidado el conflicto del Sáhara Occidental. La Coordinadora Estatal de Acciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), una de las organizaciones denunciantes, envió junto a otras ONG una carta al rey antes de su visita a Marruecos con el objetivo de pedirle que tuviera el “coraje de asumir sus responsabilidades” para con el pueblo saharaui, un pueblo “al que España abandonó y con el que tiene una deuda histórica”.
Días después del envío de la carta y de que comenzara la visita oficial de Juan Carlos I en territorio marroquí, éste sigue negociando sobre sus intereses comerciales con el monarca marroquí, entre los que se encuentra la venta de armas.

Uno de los activistas saharauis, Hassana Aalia, estaba presente en el acto público de denuncia ante el Ministerio de Economía. Durante el acto, ha mostrado su preocupación por la situación y ha afirmado que “es una vergüenza que los intereses económicos estén por encima de los Derechos Humanos”. Ha sido Aalia quien ha asegurado que junto a la denuncia han presentado documentación que demuestra que el material bélico español, principalmente tanques y todoterrenos militares, han sido utilizados para reprimir al pueblo saharaui. “Cuando yo estuve en el Campamento de la Dignidad –el Gdeim Izik, situado a las fueras de El Aaiún– pude ver cómo utilizaban los vehículos, y tenemos fotos y vídeos para demostrarlo”, ha asegurado. Aalia fue acusado junto a otros 23 activistas saharauis de matar a once soldados durante el desalojo del Campamento de la Dignidad, y condenado in absentia el pasado 18 de febrero a cadena perpetua. Actualmente vive en España a espera de poder presentar algún recurso para que su sentencia, de la que se enteró a través de la radio, quede anulada.

Mientras tanto, las ONG siguen en su lucha por denunciar la venta de armas a Marruecos, exigiendo que se denieguen las autorizaciones para exportar armas a países en conflicto y que se revoquen las concedidas. Sin embargo, Melero ha explicado que “todos los años el tribunal falla a favor del Ministerio y la denuncia queda desestimada”.

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Blanqueo de dinero en la familia Borbón

9 de julio de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Implicación en redes internacionales de lavado de dinero

Tres familiares del rey Juan Carlos I han sido imputadas en el caso de corrupción vinculado a la mafia china encabezado por Gao Ping Xiang. María Margarita de Borbón, su hermana María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia García, han sido imputadas por el juez Fernando Andreu por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pública en relación con la “trama hebrea”, investigada de forma separada al conocido caso Emperador. La trama hebrea es el nombre de una supuesta red de blanqueo de dinero a través de varios empresarios, muchos de ellos asentados en España e Israel, algunos relacionados con el negocio de la joyería. Esta red, encargada de transferir capital desde paraísos fiscales al entramado de la mafia china, estaba dirigida por la empresaria israelí Malka Mamman Levy, a quien la Fiscalía Antico­rrupción considera el eje central de una “organización criminal especializada en blanqueo de capitales”.

En unas conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación aparecieron por primera vez los nombres de las tres familiares del rey, vinculadas directamente con la trama hebrea a través de María Ilia, hija de María Inmaculada. La prima del rey tuvo que declarar en la Audiencia Nacional y reconoció haber recibido una primera entrega en su domicilio de La Moraleja, en Madrid, de 20.000 euros, directamente de Levy, tras haberle comunicado por teléfono que tenía que hacerle una entrega “de parte de don Quijote”. En su declaración afirmó que creía que provenían de una cuenta que su madre tenía en un banco suizo en el que guardaba una supuesta herencia de un millón de euros de su familia polaca.

Gracias a las escuchas telefónicas, se descubrió que hubo una segunda entrega a María Ilia en febrero de 2012, aunque de ésta no se conoce la cantidad. También su tía, María Margarita, recibió dos visitas de la empresaria israelí para hacerle una “entrega de claveles”. Los claveles fueron dos entregas, una de cien mil y otra de 30.000 euros. El juez sólo ha podido tomar declaración a María Ilia, ya que las otras dos mujeres alegan problemas de salud que les impiden trasladarse a la Audiencia Nacional. Sin embargo, María Ilia ha declarado que su madre se acogió a la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno del PP para regularizar los fondos de que disponía en un banco de Suiza, pagando a Hacienda 14.000 euros en concepto de impuestos.

La prima del rey está acusada, junto a otros empresarios vinculados al caso Emperador y su trama hebrea, de transacción de capital procedente de paraísos fiscales –Suiza, en el caso de María Ilia– a cambio de dinero en metálico.

Las fincas de la infanta

El caso de las primas Borbón no es el único que salpica a la familia del rey. La infanta Cristina, imputada por el caso Nóos hasta que la Audiencia de Palma suspendió la imputación, es ahora “víctima” de un error de la Agencia Tributaria, que le había atribuido la venta de 13 fincas. La noticia de que había realizado 13 operaciones inmobiliarias por valor de casi un millón y medio de euros se ha desmentido desde Hacienda alegando una confusión en los números del DNI de la infanta, con la consecuente mala imagen que supone para el organismo. Pocos se han creído la explicación, debido a la dificultad que implica traspapelar no sólo su número de DNI –00000014Z–, sino también su nombre, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia.

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Nuevo varapalo a la Ley de Dependencia

29 de mayo de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Partido Popular incumple más promesas: a los 1.100 millones recortados deben añadirse dos nuevos decretos reales en materia de dependencia que está previsto que se pongan en marcha este año.

Las reformas propuestas y puestas en marcha por el Partido Popular (PP) han eliminado de forma drástica la mayoría de las garantías sociales de la ciudadanía. Parecía que  la Ley de Dependencia iba a sufrir su peor momento durante 2012, con la introducción del copago, la desaparición de las subvenciones en las cuotas de los cuidadores, los recortes de entre el 15% y el 90% en las prestaciones y la nueva regulación de grados de dependencia. Sin embargo, a menos de cinco meses del comienzo del nuevo año, la situación parece empeorar ya que, durante 2013, el PP pretende recortar 1.108 millones de euros sólo en materia de Dependencia.

1.100 millones

A golpe de Real Decreto, la Ley de Dependencia sufre una estrategia por parte de los populares que, según la secretaria del Fórum de Política Feminista, Begoña San José, intenta “dinamitarla sistemáticamente”. El Programa Nacional de Reformas de 2013, publicado el pasado 30 de abril, prevé la puesta en vigor de nuevos decretos reales que, junto a los aprobados durante 2012, suponen la pérdida de la mayor parte de las garantías sociales ofrecidas a las personas dependientes. En el programa de reformas se propone el incremento de “en torno al 5%” de los costes que deben aportar los beneficiarios de los servicios de dependencia, así como dos nuevos decretos con los que, presuntamente, se ahorrarán casi 500 millones de euros más durante el próximo año 2014.

Desde el Partido Popular han intentado explicar que esos más de 1.100 millones de euros no forman parte de un nuevo recorte, sino que responden a las medidas acordadas con las comunidades autónomas, que se empezaron a aplicar durante el verano de 2012 y que continuarán hasta finales de 2014. El tijeretazo ha sido disfrazado por el Gobierno popular como una medida de ahorro prometida a Bruselas; no obstante, la desinformación provoca que los cálculos de los que habla el Ejecutivo de Mariano Rajoy no coincidan con la realidad: el aumento de alrededor del 5% que los beneficiarios deberán aportar a los costes de los servicios no es suficiente para alcanzar ese ahorro de 1.108 millones de euros.

El secretario de Estado para Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, también ha asegurado que el que se haya puesto en marcha un recorte de más de mil millones de euros en Dependencia “es rotundamente falso”, ya que es lo que prevén ahorrar hasta 2014. Casi la mitad de esa cantidad, 527 millones de euros, explica Moreno, “se lo ahorran las comunidades autónomas, y en especial la Junta de Andalucía”. Moreno afirma que esta reforma ya está empezando a dar frutos, ya que ha aumentado el número de beneficiarios y que, según explica, el Gobierno garantiza la asistencia “a aquel que más lo necesita, a ese gran dependiente que muchas veces está postrado en una cama las 24 horas del día”. Esta afirmación choca con la realidad, ya que no son pocas las situaciones que, desde que se iniciaron los recortes, han empeorado drásticamente: Dolors Carrasquilla, vecina del Port de Sagunt (Comunitat de València), lleva más de dos meses encadenada al Palau de la Generalitat tras haberse visto afectada por una reducción del grado de invalidez que sufre por causa de una enfermedad crónica y que la mantiene postrada en una silla de ruedas. La Sanidad valenciana también fue la encargada de retirar una prótesis a Adrián García, de 23 años, por no poder pagar los 152 euros que costaba. No sólo los valencianos sufren las consecuencias de los recortes en Dependencia: en Galicia, más de 14.000 cuidadores familiares perderán las prestaciones. La rebaja en las subvenciones por parte del Gobierno central, incrementada considerablemente por parte de las comunidades autónomas –y especialmente por las gobernadas por el PP, como Valencia o Galicia– es la culpable de que la aplicación de la Ley de Depen­dencia empiece a ser insostenible.

Las mentiras

El 21 de marzo el INS comunicó a Dolors que no revisará su caso y no recuperará la condición de gran invalidez

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con Ana Mato al frente, ha asegurado que no endurecerá estas medidas “ni este año, ni el que viene, ni después”; sin embargo, en el Programa de Reformas ya se plantean tres nuevos decretos que se aplicarán a lo largo de 2013 y 2014 y que, al contrario de lo que prometen, sí empeorarán la situación de la Depen­dencia en el Estado. Este último gran recorte supone un enorme varapalo a la Dependencia, y ha sido recibido con sorpresa incluso por comunidades populares, como la de Castilla y León, donde recuerdan que no tienen previsto “ningún ajuste en dependencia para conseguir ahorro” y que las aportaciones de los usuarios, fijadas el pasado año, se mantendrán.

Desde el primer tijeretazo a la Ley de Dependencia en 2012, los populares no han dejado de intentar justificar sus reformas. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Asuntos Sociales, Susana Camarero, defendió el pasado mes de julio los recortes en Dependencia escudándose, como ya es habitual, en la mala gestión del Gobierno socialista e intentando promover la idea de que el objetivo de la reforma era “hacer la Dependencia más sostenible y perdurable en el tiempo, y garantizar la viabilidad de las prestaciones”. Sin embargo, Mariano Rajoy ya había puesto en duda la sostenibilidad de la Dependencia incluso antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno “Realmente hoy no [es viable]. Lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda”; así contestaba en una entrevista publicada por el diario El País en noviembre de 2011. El Partido Popular incumple, una vez más, una de sus promesas y provoca que la insostenibilidad de la Ley de Dependencia de la que hablaba hace ahora un año y medio esté causada por sus constantes recortes en garantías sociales.

La Rioja recorta sobre el recorte en dependencia

El Gobierno de La Rioja “ha suavizado las incompatibilidades de Dependencia”, según el consejero de Servicios Sociales, José Ignacio Nieto. Esto se traduce en un recorte en Dependencia en esta Comunidad, dirigida por Pedro Sanz, del PP, que se une al recorte de diez millones en el presupuesto para 2013. Sin previo aviso, el Gobierno de Sanz publicó en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), un recorte del 50% en partidas como la ayuda a domicilio y la prestación por cuidados en el entorno familiar, además de establecer criterios restrictivos como la imposibilidad de desempeñar un trabajo a tiempo completo si se solicita la prestación por dependencia.

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Recogido también en Agencia de Noticias de Aragón Ara Info, en Rebelion.org, en Afate (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Tenerife) en Cyclopaedia.

Todo lo que nunca quiso saber sobre el copago judicial

16 de abril de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Guía para conocer las tasas judiciales

Desde el mes de noviembre, cuando entró en vigor la Ley 10/2012, ha habido un bombardeo informativo en torno a la cuestión de la aplicación de tasas en procedimientos judiciales que hasta entonces eran gratuitos. Se paralizaron los pagos de tasas por falta de formularios en las instituciones públicas, se detuvieron en algunas comunidades autónomas para evitar duplicidades de liquidaciones, y el Gobierno ha intentado recular en algunas cuestiones concretas, para disminuir la presión a la que el Ministerio de Justicia se estaba viendo sometido. Pero, ¿en qué se ha quedado la aplicación de tasas?

La nueva política de pago de tasas judiciales abre el abanico de pagadores y provoca un incremento del gasto por parte de los ciudadanos. Hasta ahora sólo las personas jurídicas con una facturación de más de diez millones de euros estaban obligadas a pagar las tarifas en procedimientos judiciales. A partir de la nueva ley, las personas físicas con más de 15.000 euros percibidos anualmente tendrán que pagar la misma cantidad que las empresas con facturaciones millonarias.

¿Cuánto pagaremos?

La cuota de liquidación en procedimientos jurídicos oscilará entre los 150 euros en procesos verbales y cambiarios de jurisdicción civil, y los 1.200 para los recursos de casación, tanto en el ámbito civil como en el contencioso-administrativo: unas cuotas muy altas si las comparamos con otros países europeos.

Estarán sujetos a estas tasas todos los procedimientos de jurisdicción de lo contencioso-administrativo, lo social y lo civil –pero no los procesos penales– con algunas excepciones: solicitudes de concursos voluntarios por los deudores, juicios monitorios y demandas de juicios verbales de menos de 2.000 euros, recursos de lo contencioso-administrativo por parte de funcionariado público, recursos de lo contencioso-administrativo cuando sean por silencio o inactividad de la Administración pública, procesos relacionados con la custodia de hijos menores y, por último, procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. El último real decreto que modificaba esta ley incluye además otras exenciones tarifarias: las separaciones y divorcios llevados a cabo por mutuo acuerdo –los que sean sin acuerdo pagarán una tasa de más de 150 euros–; los procedimientos de desahucios y todos aquellos impuestos por víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos. Además, se han reducido las cuantías en primera instancia, las tarifas en procedimientos laborales para todos los trabajadores –incluyendo a los funcionarios– y las de reclamaciones en materia de consumidores.

Estas nuevas tasas judiciales deberán pagarlas ya no sólo las personas jurídicas –entes, organismos, empresas, etc.– sino que pasan, por vez primera, a ser soportadas también por personas físicas, siempre que se perciban más de 14.900 euros anuales por unidad familiar. Además, reciben una rebaja tarifaria del 60% los trabajadores por cuenta ajena y autónomos que interpongan recursos de casación y suplicación en materia social.

¿Qué se hará con ese dinero?

Sólo en dos casos se procederá a la devolución de las tasas: cuando se alcance una terminación extrajudicial en la que se ahorre parte de los costes, y cuando las tasas son acumulativas. En este último caso, se pagan todas las tasas, Justicia se queda sólo con las de uno de los procesos y se devuelven las tasas correspondientes a los demás.

El Estado pretende, con la imposición de estos aranceles, recaudar fondos para, según explican, mantener la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, para esto han tenido que acudir a un sistema de pago utilizado durante el Franquismo, y que ya había sido derogado en los ‘80.

Los recortes dejan desprotegidos a los valencianos con diversidad funcional

2 de abril de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Una mujer reclama por medio de una huelga de hambre la restitución de su grado de invalidez

La población valenciana se ha volcado con Dolors Carrasquilla en su lucha por la consecución del grado de gran invalidez por una infección crónica que la obliga a vivir sobre una silla de ruedas. Tras ocho operaciones el pasado año 2012 y más de 30 en total, la Generalitat de Valencia ha decidido reducirle un grado de discapacidad, sin haberse visto ninguna remisión en su enfermedad. Desde el 6 de marzo Carrasquilla se mantiene encadenada al Palau de la Generalitat, de los cuales ha pasado en huelga de hambre desde el 11 de marzo hasta el 4 de abril.

Dolors Carrasquilla, vecina del Port de Sagunt (Valencia) de 42 años, sufre una enfermedad crónica llamada osteomielitis, una infección en la pierna izquierda que la mantiene postrada en una silla de ruedas. Dolors, diagnosticada en 2009 con un grado de gran invalidez –el máximo, que se adjudica a personas con una incapacidad permanente y por la cual necesitan la asistencia de otra persona para actos esenciales de la vida diaria– vio reducida su categoría de minusvalía en 2011, hasta dejarla en el 54%, lo que determina que su grado de incapacidad es absoluta, y no gran invalidez, a pesar de haber empeorado su infección. El 21 de marzo el Instituto Nacional de la Seguridad Social le dio una mala noticia a Dolors: no revisará su caso y, por tanto, no recuperará la gran invalidez. Esto supone, además del recorte de la prestación recibida, la derogación de la gratuidad de su prestación farmacéutica y, por tanto, la aplicación de su copago.

El 21 de marzo el INS le comunicó que no revisará su caso y no recuperará la condición de gran invalidez

La Comunidad Autónoma de Valencia es la que más ha maltratado la Ley de Dependencia durante el último año. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en su informe para puntuar la calidad y aplicación de la Ley de Dependencia en todo el Estado, destaca la “calificación muy deficiente” de la comunidad dirigida por Alberto Fabra (PP), puntuada con un 0,8 sobre 10. José Manuel Ramírez, presidente de esta asociación, considera un “destrozo de la ley” lo que se ha hecho en la comunidad.

No han sido pocos los organismos que han mostrado su descontento con la situación. Producto de la misma, por ejemplo, nació hace algo menos de un mes Vicoval, Asociación para la Vida Independiente de la Comunitat Valenciana, que promueve la participación activa de las personas con discapacidad en la vida pública –social, política y comunitaria–. También la Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència lucha por la derogación de esa nueva ley que establece el incremento del copago farmacéutico y ortoprotésico en personas dependientes. Asimismo, el Foro de Vida Independiente y Divertad apoya a Carrasquilla en su reivindicación y defiende que las Corts supediten el Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria al Estatuto del Discapacitado de la Comunidad Valenciana, que en 2002 fue el primero de estas características aprobado en el Estado.

Tajo a la dependencia

En el último año la Generalitat no ha soltado la tijera en materia de Dependencia. En primer lugar, la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores –cotización de tan solo 160 euros–, dejó de ser abonada por la propia Administración Pública para constituirse en un gasto más del beneficiario. Poco más tarde, se fijó la reducción de un mínimo del 15% en las ayudas a dependientes, reducción que en algunos casos ha alcanzado más del 90%. Esta cuantía depende directamente del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), índice de referencia para la concesión de ayudas públicas, que se mantiene congelado desde 2010 en poco más de 530 euros mensuales. A principios de 2013 se inició, además, el proceso paulatino para incrementar el copago –antes de esta reforma el usuario ya aportaba un 10%– farmacéutico y protésico, y a pesar de que la comunidad tenía hasta el próximo mes de junio para formalizar el aumento del copago, se ha dado prisa para ponerlo en vigor.

Otra de las reformas incluidas en todo este proceso de recortes a la Dependencia valenciana es la nueva estructura de grados de dependencia, con lo que se ha conseguido no disminuir directamente las prestaciones económicas de los usuarios dependientes, pero sí recolocar a las personas incapacitadas en un nivel diferente al que se mantenía hasta hoy: Dolors Carrasquilla es, una vez más, ejemplo de ello, ya que no le han quitado parte de su prestación, sino que le han disminuido el grado de discapacidad.

En la reforma, que entró en vigor en diciembre de 2012, se derogaba, además, parte del artículo 16 de la Ley sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad; con motivo de la supresión de esta parte de la ley, queda eliminada la gratuidad para incrementar el copago farmacéutico, ortoprotésico y las ayudas técnicas a personas con discapacidad.

Dolors Carrasquilla continuará su acampada hasta que consiga que sus reivindicaciones se vean satisfechas: que le devuelvan la discapacidad que se le había reconocido, que se evite la reducción de porcentajes de grados de minusvalía en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, que se elimine la ley de copago farmacéutico.

15% de los recortes en Dependencia

  • Reducción de al menos un 15% en las prestaciones a personas con discapacidad y que, en algunos casos, alcanza el 90%.
  • Supresión de la cotización a los cuidadores abonada por la Administración Pública.
  • Disminución y recolocación de los grados de minusvalía.
  • Incremento del copago farmacéutico y ortoprotésico.
  • Destrucción de empleos relacionados con la atención al dependiente –de 2011 a 2012 se redujo un 0,4%–.

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La reforma del CGPJ inclina la balanza hacia el poder legislativo

18 de marzo de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Parlamento asume más control judicial

A finales de 2012 el Ministerio de Justicia aprobó, tras varios meses de negociaciones con la oposición, un anteproyecto de reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debe tener una conclusión final en los próximos meses. En ella se modifican los procedimientos de nombramiento de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para solventar los problemas de “excesiva politización” que se le atribuyen a la ley. El viernes 1 de marzo, se abordó esta cuestión en el Consejo de Ministros y se concluyó con la aprobación del proyecto de reforma, que se remitirá a las Cortes para su puesta en marcha en septiembre.

Tras el desprestigio que el caso Carlos Dívar ocasionó al órgano de gobierno del Poder Judicial de España, debido al escándalo de los viajes privados del expresidente del CGPJ financiados con dinero público, el PP prometió ceder a los jueces la potestad de elegir a 12 de los 20 vocales del órgano, sin embargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consideró que de esa manera no se evitaba la “politización” que había dentro del gobierno de los jueces. Así pues, la propuesta que puso sobre la mesa en diciembre de 2012 daba la vuelta a todo lo prometido en etapa electoral y proponía que fueran las Cortes quienes designaran directamente a los vocales.

La nueva reforma sustituye el anterior procedimiento e introduce el criterio de representatividad, por lo que a partir de su puesta en vigor, las Cortes deberán escoger al menos a tres magistrados del Supremo, tres magistrados con más de 25 años de carrera judicial, a cuatro con menos de 25 años de experiencia y al menos a dos jueces. Hasta entonces, las cámaras no tenían la obligación de incluir en el CGPJ a los jueces no asociados, pero tras la reforma deberán tenerse en cuenta e incluirse proporcionalmente en la conformación del órgano. Otra de las remodelaciones que se incluyen en el anteproyecto es la de reducir el número de firmas necesarias para que los jueces no asociados puedan presentar candidaturas al CGPJ. En caso de ponerse en marcha la ley, precisarían tan sólo de 25 avales de compañeros en lugar de los 100 que se exigen con la ley hoy vigente.

Críticas de dentro

Como lleva ocurriendo en numerosas ocasiones desde que el Partido Popular empezara a gobernar, los colectivos judiciales han mostrado su desacuerdo también con esta reforma. Las agrupaciones de jueces sufrirán, con esta nueva ley, una pérdida sustancial de influencia a la hora de la toma de decisiones, influencia que pasará directamente a los miembros de las Cortes. La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) considera que la cesión de la designación de los vocales a las Cortes Generales lo único que consigue es “subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo”. Joaquim Bosch, portavoz de JpD, cree que las justificaciones de Gallardón para llevar adelante esta reforma no son aceptables, ya que pierden de vista la limitación de la división de poderes y sólo obedecen “a un intento de acumulación de poder por parte del Ejecutivo”.

La recomendación que se introduce de designar parte del CGPJ a tres magistrados del Tribunal Supremo y a otros tres con más de 25 años de experiencia en la carrera judicial también ha levantado numerosas críticas. A pesar de que Ruiz-Gallardón considera necesario constituir un “gobierno de los jueces más veteranos”, ha sido advertido de que esa “gerontocracia” crearía una fractura en la toma de decisiones, debido principalmente a la pérdida de percepción real de personas que llevan más de 25 años sin ejercer su profesión en un juzgado. La Asociación Profe­sional de la Magistratura, de carácter conservador, ha criticado una ley que “atenta contra independencia judicial” al reducir los medios con que cuenta el CGPJ y permitir el ejercicio privado simultáneamente a la vocalía en el órgano.

La reforma, que se encontraba en proceso de negociación con el PSOE, fue finalmente aprobada el pasado viernes 1 de marzo en el Consejo de Ministros, e introduce además algunas otras modificaciones. Entre ellas, el Ministerio de Justicia opta por la reducción de costes, ajuste que se podría plasmar en la nueva norma en forma de procedimientos acordes con la constancia a efectos de la ley de transparencia de las retribuciones de los miembros del CGPJ o la suspensión de incompatibilidad de cargos, salvo en los cinco altos cargos. El proyecto también incluiría modificaciones como instaurar la obligatoriedad de poseer la titulación de Derecho para acceder a los concursos meritorios para los diferentes puestos.

Resumen en un minuto

20 juristas nombrados por el Parlamento: Cada cámara parlamentaria escogerá diez vocales del CGPJ, cuatro serán juristas “de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional” y otros seis se elegirán en función del turno judicial.

Las Cámaras asumen más control: Hasta ahora, cada cámara escogía seis de entre 36 candidatos propuestos tanto por las asociaciones de jueces, como por jueces no asociados. A partir de la reforma todas las candidaturas se enviarán al Parlamento.

Reducción de comisiones: La Comisión Permanente del CGPJ, formada por el presidente y seis vocales, asume las competencias de 15 comisiones que desaparecen. La Comisión Permanente será rotatoria en el caso de los seis vocales.

Menos vocales con dedicación exclusiva: La dedicación exclusiva se limita a  a los seis miembros de la Comisión Permanente, al presidente y al vicepresidente del Supremo. Esto ha sido criticado por el riesgo de que se produzcan incompatibilidades.

Cuenta atrás para el Código Penal

Mientras la reforma del Poder Judicial comienza ahora su andadura, el proyecto de reforma del Código Penal apura fases hasta su aprobación, prevista para la segunda mitad del año. Además de la prisión permanente revisable, el anteproyecto incluye la supresión de las faltas y la ampliación de los supuestos de atentado y resistencia a la autoridad. Otro de los puntos conflictivos es el que modifica el artículo 318 bis del Código Penal, que contempla la petición de penas de cárcel para aquellas personas “que lleven a cabo actos de solidaridad con las personas en situación administrativa irregular”, según denuncia la plataforma recién creada Salvemos la Hospitalidad. El propio CGPJ emitió en enero un informe no vinculante que pone en cuestión la constitucionalidad de la reforma de Gallardón.

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La Comisión Europea critica las tasas judiciales

19 de febrero de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Copago judicial

La comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, ha criticado el proceso de copago judicial que puso en marcha Alberto Ruiz-Gallardón el pasado mes de noviembre. El más que significativo incremento de tasas en procedimientos civiles, y la aparición de algunas nuevas en procesos que eran gratuitos provocó una cadena de manifestaciones y peticiones cuyo objetivo era detener esta ley. Reding se unió a las críticas hacia el ministro y explicó que un “recargo excesivo” de las tasas judiciales podría provocar una “restricción” del derecho a la Justicia.

A pesar de que el Tribunal de Estrasburgo no considera la exigencia de honorarios una violación en sí del derecho fundamental de acceso a la Justicia, sí cree oportuno remarcar que, en el caso de ser desproporcionada esta exigencia, vulneraría el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, Viviane Reding ha mostrado su preocupación y ha declarado su intención de vigilar de cerca el caso español, para evitar que se restrinja este derecho fundamental de los ciudadanos.

Discriminación

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que a petición de los colectivos de magistrados exigió la paralización de la ley, ha conseguido que Gallardón recule en algunas tasas, pero a pesar de ello el proyecto de incremento de las tarifas en procedimientos civiles seguirá en marcha. La oficina del Defensor del Pueblo tiene hasta el 21 de febrero para recurrir las tasas ante el Tribunal Constitucional. La Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel) se suma también a las protestas contra la Ley de Tasas, argumentando que podría provocar situaciones de discriminación ante el derecho de acceso a la Justicia por motivos económicos.

En Europa, 46 países aplican diferentes tipos de tasas judiciales, pero las tarifas son muy diferentes. En Reino Unido, donde el salario mínimo es de 1.238 libras (1.436 euros), las tasas judiciales en procedimientos civiles oscilan entre 25 y 325 libras (entre 30 y 380 euros); en Dinamarca, cuyo sueldo mínimo, calculado estadísticamente, ronda los 2.000 euros, las tasas judiciales son de cerca de 70 euros, y muchos procedimientos civiles, como los relacionados con el derecho de familia entre otros, están exentos de tasas. Sin embargo, en España, con un salario mínimo de 748 euros, las tasas judiciales impuestas por el Ministerio oscilan entre los 100 y los 1.200 euros.

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El copago judicial pone de acuerdo a todo el sector

22 de enero de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Críticas a la medida desde todas las tendencias políticas

La sociedad española sigue sin aceptar las reformas llevadas a cabo por Alberto Ruiz-Gallardón en el último año. Desde la aprobación de la Ley de Tasas hace poco más de dos meses, la polémica en el ámbito jurídico no ha remitido y el número de quejas sigue creciendo. La Ley 10/2012, que entró en vigor el 22 de noviembre, y con la que el Ministerio de Justicia pretende recaudar alrededor de 300 millones de euros anuales, supone la aplicación de unas tasas de entre 100 y 1.200 euros, tanto para ciudadanos como para empresas. Desde que el Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por Gallardón el día 14 de noviembre, durante la última huelga general, pocas voces se han alzado para defender esta nueva normativa que aleja a los ciudadanos de su derecho constitucional de acceso a la justicia.

Si bien en la ley se habla del incremento en el número de beneficiarios de la justicia gratuita, no se puede obviar que la clase media será la más perjudicada con esta nueva medida. La Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos recuerda, además, que las nuevas tasas propuestas por Gallardón suponen una regresión en el tiempo, recuperando la ley de acceso a la justicia de la era preconstitucional.

El Constitucional ha paralizado las tasas judiciales en Catalunya, pero no son las que introduce la nueva Ley

A pesar de que Justicia insiste en que la medida no es “una cuestión meramente tributaria”, numerosos colectivos de la abogacía han reaccionado contra ella. Antonio Massé, abogado con más de 30 años de experiencia, considera la medida una “norma técnicamente mala e injusta”, fruto del “afán recaudatorio” del Gobier­no, y la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Margarita Robles, la ve “absolutamente desproporcionada” ya que “lo que se está haciendo desde el Ministerio de Justicia es limitar los derechos de los ciudadanos para acceder a la Adminis­tración de Justicia”. La Confederación Española de Abo­gados Jóvenes (CEAJ) ya había planteando también numerosas razones por las que se oponía a la aprobación de esta ley. Entre ellas, se encontraba el problema autonómico, en concreto en la comunidad de Catalunya, con una regulación propia de tasas judiciales. Al entrar en vigor esta nueva medida, los ciudadanos catalanes se verían obligados a pagar dos veces por la justicia. Así pues, el Tribunal Constitu­cional se ha visto obligado a suspender las tasas judiciales en Catalunya, pero no las que implican la nueva Ley de Tasas, sino las que la Generalitat aplicaba con anterioridad.

Los colegios de abogados de todo el Estado también han comenzado su lucha por paralizar esta ley. En Ourense se pidió la suspensión cautelar de la norma que aplica las tasas, recurso que fue admitido a trámite ya que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En Málaga, además de esto, han pedido a la Defensora del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, petición que han llevado a cabo también los miembros de la Plata­forma Ciudadana por una Justicia de Todos. El sábado 19 se celebró en Madrid una manifestación en la que los colegiados de todo el país entregaron las firmas recogidas contra la nueva medida de privatización de la Justicia.

Gallardón se queda solo

La ley, que no entró con buen pie, no deja de recibir fuertes críticas desde todos los ámbitos. Javier Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional, manifestó su desacuerdo con la misma, que considera desacertada puesto que “los males de la Justicia” no se evitan incrementando las tasas. Por su parte, el grupo Legálitas ha presentado ya el primer recurso contra la medida, que considera abusiva ya que “imposibilita al ciudadano acceder a los juzgados y tribunales en defensa de sus derechos e intereses”.

Aunque no hay todavía actuaciones concretas de desobediencia ante esta ley que gran parte de la abogacía considera inconstitucional, ya se plantea la idea de evitar los pagos. José Sánchez Recuero, decano del Colegio de Abogados de Toledo, considera la orden como un “golpe al Estado de De­recho”, e invita a los ciudadanos a que desobedezcan su cumplimiento, ya que ésta sólo obedece a “fines recaudatorios”.

El CGPJ critica el Código Penal

La reforma del Código Penal propuesta por Alberto Ruiz-Gallardón es otra de las medidas de Justicia que están siendo objeto de críticas. El CGPJ ha aprobado un informe no vinculante en el que se pone en duda la constitucionalidad de dos puntos de la medida. Por un lado, considera que la prisión permanente revisable que figura en el proyecto de reforma vulnera el artículo 25 de la Constitución. Por el otro, consideran irregular la nueva custodia de seguridad, ya que se amplía hasta diez años la libertad vigilada. El CGPJ estima que esto supone “alargar innecesariamente la pena”, y que podría ser también una vulneración del principio de legalidad incluido en el artículo 25 de la Constitución.

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Nacionalizarse o casarse por lo civil será más caro tras la reforma del Registro Civil

8 de enero de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Gobierno del PP modifica la Ley 20/2011 para introducir tasas de acceso a servicios básicos

El Cuerpo de Secretarios Judiciales ha mostrado su descontento con el anteproyecto de reforma de la ley que pretende otorgar algunas competencias en materia de Registro Civil a notarios y registradores ajenos al funcionariado público. La Ley 20/2011 fue aprobada durante la pasada legislatura por una amplia mayoría en las Cortes, aprobación que incluía el voto del Partido Popular. En ella no estaba incluido ningún tipo de tasas y en un principio todos los trámites de Registro Civil no suponían coste alguno a los ciudadanos. No obstante, en el borrador de la reforma que quiere llevar adelante el Gobierno de Mariano Rajoy, se atribuyen a organismos no estatales determinadas competencias que hasta entonces pertenecían a los secretarios judiciales y se proponen aranceles para algunas de ellas.

La Ley 20/2011 de Registro Civil, que se aprobó el 21 de julio del pasado año y que se esperaba que entrara en vigor el próximo 2014, planteaba la creación de un modelo de registro electrónico con una única base de datos informatizada para todo el territorio estatal. De esta manera, se facilitaría el trabajo a las oficinas registrales del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la reforma que pretende llevar a cabo el Partido Popular evitaría que esta ley se pusiera en marcha, por lo que el procedimiento de modernización del Registro no quedaría amortizado. Asimismo, se prevé ceder gran parte de las competencias a registradores de la propiedad y notarios no funcionarios. Por ello, el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) considera inoportuna esta reforma basándose, principalmente, en el esfuerzo y los recursos invertidos en el proceso de digitalización y modernización del Registro Civil, que una vez finalizado permitiría “ofrecer un servicio más eficaz y con los menores costes para los ciudadanos”.

Olmo Calvo | Periódico Diagonal
Olmo Calvo | Periódico Diagonal

El Sisej considera que ésta es “otra reforma privatizadora” del Gobierno, ya que algunos trámites como el sistema público de registros o el de matrimonios civiles dejan de estar en manos del Estado para ser cedidos a registradores y notarios. Esto supondría un encarecimiento de la justicia para el ciudadano debido a la aplicación de algunas tasas que no estaban previstas por esta ley. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha insistido en que no se trata de una privatización de servicios públicos, sin embargo, no ha negado que habrá nuevas tasas para trámites que hasta ahora eran gratuitos. Matrimonios civiles, cambios de nombre o apellidos y procesos de nacionalidad podrían ser algunas de las gestiones para las que sería necesario pagar una cuota que, según el Ministerio, oscilará entre los diez y los 40 euros. Los miembros del Sisej han acusado al Gobierno de ver la Justicia como una “oportunidad de negocio” y no como un servicio público, así como de desmantelar el Estado social y democrático de derecho. Además de esto, la aplicación de aranceles sobre trámites registrales hasta ahora gratuitos podría provocar, según los miembros del Sisej, una desmotivación por parte de la ciudadanía a la hora de realizar las inscripciones de pago, lo que redundaría en una falta de “concordancia del registro con la realidad”.

El sindicato, que considera que el Gobierno menosprecia la capacidad de su colectivo, ha pedido que rectifique su posición y que no se lleve a cabo la reforma. La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) también ha criticado esta nueva reforma, al considerar que ésta supone la depreciación de quienes llevarán a cabo estos procedimientos: el Estado prescindirá para ello de los secretarios judiciales y licenciados en Derecho de tipo A-1 para ceder sus competencias a notarios y registradores sin ningún tipo de conocimiento ni experiencia en la materia. No es la primera vez que los secretarios judiciales muestran su desaprobación hacia la actuación del Ministerio, a quien atribuye la culpa de la “involución y retroceso en la administración de justicia” del último año.

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