Catalá recoge un testigo cargado de polémicas

Tamara Fariñas R. | 11 de octubre de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Justicia

Al ahora exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón no le salió bien su plan de reformar la Ley del Aborto y, tras la retirada de la polémica norma, tuvo que presentar su dimisión. No obstante, en sus 1.006 días al frente de la cartera ha tenido tiempo de implementar y acabar imponiendo muchas normas que no han pasado desapercibidas, tanto por la sociedad en general como por los sectores vinculados a la Justicia.

Ahora, con Rafael Catalá tomando el testigo de uno de los ministerios que, junto al de Educación y Hacienda, se ha enfrentado a más protestas durante la última legislatura ‘popular’, la sociedad contiene la respiración ante el próximo movimiento de la cartera. Catalá, que tomó posesión del cargo de ministro de Justicia el pasado lunes 29 de septiembre tras su paso por el Ministerio de Fomento como secretario de Estado, aseguró que “revisará” las tasas judiciales, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la del Có­digo Penal, aprobadas durante la era Gallardón, aunque aún no ha detallado cómo lo hará. Durante el poco más de un año que queda para acabar la legislatura, Catalá tendrá que decidir también sobre la conocida como ‘Ley Mordaza’ y concretar los cambios en la actual Ley del Aborto.

El nuevo ministro tiene en su mano la posibilidad de reducir la tensión de cara a las próximas elecciones generales, que tendrán lugar antes de diciembre de 2015, o, por el contrario, de seguir la senda del que fue alcalde de Madrid y tensar aún más la cuerda social entre la población y el Ministerio de Justicia. En este contexto, Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la De­mo­cracia, ha valorado “positivamente” la salida de Gallardón del Ejecutivo. Eso sí, lo ha hecho “con la esperanza de que se abra una nueva etapa en el ámbito de la Justicia”.

Lo que Gallardón sí aprobó

La Ley de Tasas ha sido, sin duda, una de las que más polémica han levantado en todo el país. Decenas de colegios de abogados colgaron en sus puertas y ventanas, desde los meses anteriores a la aprobación de la Ley 10/2012, sus carteles manifestando su desacuerdo con la norma, que, según el Ejecutivo, pretendía recaudar más de 300 millones de euros. Afán recaudatorio es lo que la mayor parte de los detractores cree que está detrás de esta medida que, desde noviembre, aleja a los ciudadanos de su derecho constitucional de acceso a la justicia imponiendo tasas excesivamente altas a litigios sencillos, como las demandas por impagos de deudas pequeñas.

Desde Jueces para la Democracia insisten en que Gallardón no ha sabido enfocarse a la “modernización de las estructuras judiciales” y que, por el contrario, lo que sí ha hecho durante su mandato ha sido centrarse en “el recorte de elementos esenciales del servicio público (…), vulnerando seriamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…) y dejando fuera de la Justicia por razones económicas a amplios sectores de la sociedad”. En el mismo sentido se pronunció la comisaria de Justicia y Derechos Humanos de la Comisión Europea, Viviane Reding, que aseguró que vigilaría el caso español de cerca.

La imposición de estas tasas lleva a España a una situación preconstitucional, un salto que no es la primera vez que se vislumbra durante la última legislación del conservador Partido Popular: las tasas judiciales son un concepto que no estaba incluido en la ley desde 1959.

Ésta no ha sido la única norma que al ministro le ha dado tiempo a poner en marcha: la reforma del Registro Civil ha tenido también mucha repercusión entre los trabajadores y los defensores de la Justicia y no ha pasado desapercibida entre los que acusaban al exministro de querer privatizar el derecho a poder ser defendidos ante la Justicia. Con esta norma, Gallardón consiguió que trámites que hasta ahora habían sido gratuitos, como la nacionalización, el cambio de nombre o el matrimonio civil, pasaran a ser servicios de pago. Otro de los primeros cambios realizados por Gallardón afectó al sistema de elección de miembros del CGPJ, ya antes muy dependiente de las mayorías parlamentarias y ahora bajo el control del partido en el Gobierno. Es otra de las piezas que deberá mover el nuevo ministro. Bosch acusa al ahora exministro de vulnerar el papel de este organismo y de olvidarse de la división de poderes, clave de un Estado de Derecho, y de hacerlo además en un momento “en el que se investigan judicialmente centenares de casos de corrupción”.

Próximos movimientos

Ahora Catalá, además de “revisar” las reformas que sí se aprobaron durante la primera etapa del Go­bierno de Mariano Rajoy, tendrá que mover ficha sobre un tablero en el que se fijan muchas miradas que esperan que el nuevo ministro dé marcha atrás a las polémicas normas.

El Gobierno popular intentará “meter por la puerta de atrás” la revisión de la Ley del Aborto con un nuevo Plan de Protección Familiar previsto para antes de que acabe el año, y sigue en su intención de obligar a las jóvenes de 16 y 17 años a contar con el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. El movimiento feminista considera que “la mayoría de las menores consulta a sus padres antes de interrumpir un embarazo no deseado” y que, si no lo hacen, se debe a problemas intrafamiliares en los que puede haber trazas de maltrato. Así lo explicó Mar Gran­dal, del Mo­vi­miento Fe­mi­nis­ta de Madrid y de Católicas por el Derecho a Decidir, cuando la reforma de Gallardón se vio tumbada por el propio Gobierno.

Asimismo, la ‘Ley Mordaza’ y la reforma del Código Penal están pendientes de la decisión del nuevo ministro. De él dependerá que no se acabe criminalizando, por ley, la protesta ciudadana y endureciendo, de forma “populista e injustificada”, las penas, a las que se podría sumar una versión de la cadena perpetua, según Bosch, “de dudosa constitucionalidad”.

Organizaciones civiles contra la ‘Ley Mordaza’

A pesar de que en julio el Gobierno quiso hacer creer que la última versión de su Ley de Seguridad Ciudadana había contado con el apoyo de organismos en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Greenpeace, que ya habían calificado la reforma de “represiva”, la última versión de la ley sigue sancionando prácticas y conductas pacíficas, según estos organismos. Sara del Río, portavoz de Greenpeace, considera que esta nueva reforma, que tendrá que aprobar Catalá, “repite el discurso de justificar el que se pongan pegas y se dificulte la protesta pacífica”.

Un año de enmiendas al Código Penal

La reforma del Código Penal lleva en el Congreso poco más de un año. Se han presentado más de 35 enmiendas y sigue sin recibir una buena acogida desde colectivos como la plataforma No Somos Delito, que denuncia que ésta tiene una intención meramente de negocio, en este caso, de negocio carcelario. No Somos Delito denuncia que se incluya en esta misma ley a “colectivos sociales que no constituyen ningún peligro, como activistas, inmigrantes o personas sin recursos”. Mientras, “se suavizan las sanciones contra los delitos económicos ‘de cuello blanco’.

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Una ‘vuelta al cole’ sin ayudas y con libros deficientes

30 de septiembre de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Aterrizaje caótico de la LOMCE en los libros de texto

Siete reformas en democracia no han sido capaces de satisfacer las necesidades de la educación española. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida como ‘Ley Wert’, ha entrado en vigor en septiembre. Se trata de una reforma que ha convertido la última “vuelta al cole” en un momento más duro de lo que ya lo es habitualmente. La desaparición de las becas para libros de texto en prácticamente todas las comunidades autónomas ha sido el primer golpe que han acusado los hogares y uno de los que más protestas ha generado. En Madrid, las becas directas para libros se han sustituido por un sistema de dotaciones económicas que se entregan directamente a los centros, pero éstas son muy inferiores. Ángel Álvarez, profesor de 5º de Primaria, se une a las críticas contra la nueva ley del ministro y desde su centro, el colegio bilingüe Rosa Chacel, en Collado Villalba, denuncia que “el dinero global que la Comunidad destina a la ayuda para libros ahora es mucho menor”. Álvarez no puede más que lamentar esta situación, y más cuando a estas alturas, con el curso empezado, no han llegado más que el 40% de las subvenciones que debería haber recibido el colegio.

Los hogares no sólo se ven abocados a tener que apretarse aún más el cinturón tras perder las becas si quieren hacerse con los libros, sino que, además, la Ley Wert consiguió que se modificaran los contenidos de más de 180 asignaturas. Aunque para este curso 2014-2015 son sólo tres los cursos en los que se implanta la ley –1º, 3º y 5º de Primaria–, Educación ha conseguido aumentar todavía más los costes que deberán afrontar los padres. Y, paradójicamente, a pesar de que la nueva reforma beneficiaría, según el Ministerio, a los propios alumnos y a las familias, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos siente que esta ley se ha redactado sin tener en cuenta la opinión de ninguno de ellos.

Si se hiciera caso a la nueva regulación, todos los libros de estos tres cursos –y de los cursos iniciales de la Formación Profesional, donde también se implanta la Lomce durante el curso 2014-2015– deberían ser nuevos. Aun así, Álvarez asegura que “en Madrid están permitiendo usar libros de cursos anteriores” en determinadas asignaturas, como Lengua o Matemáticas, donde el contenido es prácticamente igual al de anteriores ediciones. Como también asegura la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), “otras comunidades autónomas, algunas incluso del mismo partido que el Gobierno [el Partido Popular], han recomendado a los centros no cambiar los libros de texto y reutilizar los del curso anterior”.

La Ley Wert ha supuesto que se modifiquen los contenidos de más de 180 asignaturas

En este contexto, Paula, madre de dos pequeños de cuatro y siete años, lamenta que estén cambiando “cada dos o tres años” los libros, ya que a sus hijos no les será posible compartir material escolar. “Cada año en libros de texto te puedes gastar más de 200 euros, sin contar con los cuadernos, lapiceros, estuches, etc.”, critica. Y no todas las familias pueden permitírselo. “En Historia, por ejemplo, podría entender que se cambiaran los libros cada diez años, porque van cambiando las cosas, pero no tiene sentido cambiar los libros de un año para otro, no es necesario”, lamenta. Por ello la CEAPA ha mostrado su “más profundo rechazo” a la compra de nuevo material, una medida que califica de “innecesaria, injustificada e inmoral”, ya que existen “toneladas de libros utilizables en los centros” y la situación de muchas familias no les permite afrontar un gasto que puede “parecer pequeño pero que supone un importante esfuerzo”. Asimismo, consideran que es una reforma que sólo beneficia a las empresas editoriales.

Otro de los problemas de la modificación del contenido de los libros de texto es el tiempo: las editoriales han tenido que sacar el material en tiempo récord y no en pocos lugares no han llegado a tiempo. Los libros de los hijos de Olga, funcionaria residente en Madrid, no llegaron a tiempo, a pesar de haberlos encargado en junio. “Las editoriales han hecho pocos libros porque no se sabe qué va a pasar con esta ley en el futuro, y no quieren que sobren libros”. Álvarez, por su parte, asegura que en su centro se han encontrado con el material “recién sacado” en septiembre, cuando en general pueden hacerse con el material desde junio y que incluso en una de las nuevas asignaturas, Valores Éticos, los libros no han llegado a la escuela.

Comunidades del PP han recomendado a los centros no cambiar los libros y reutilizar los del curso pasado

Sin embargo, según Ángel Álvarez, de CC OO, “los contenidos, en general, prácticamente no varían nada y, además, han tenido despistes muy gordos en la elaboración del modelo”. “En el área de Sociales, en el nuevo currículo sostienen que 1898 fue el año en que España perdió las colonias americanas. Ese año sólo se perdió Cuba, el resto se habían perdido antes, desde 1810”, comenta el profesor, que cree que lo peor de la Lomce es “la sensación de chapucería que ha presidido la redacción en cuanto a aspectos pedagógicos”. Además, “la programación didáctica” ha sido desastrosa. “Lo primero que debe estar en el desarrollo curricular son los objetivos. No se puede trabajar sin objetivos, pero esta ley no los tiene, se centra directamente en los contenidos”, añade. La sensación de haber hecho una “chapuza” también la tienen desde Marea Verde Aragón, quienes han denunciado “la incompetencia de la Consejería en la elaboración del nuevo currículo (…), que es un mero ‘corta y pega’ de documentos de otras comunidades”. Además del plagio, el colectivo educativo aragonés ha denunciado la “desigual concreción de contenidos” en el currículo y falta de coordinación entre los responsables.

Las ayudas a comedor también se recortan

Las becas de comedor han sufrido el mismo recorte que las ayudas para libros, con la eliminación del sistema de dotación de ayudas directas. En un contexto en el que lamentablemente “muchos niños sólo hacen una comida completa en el colegio” pierden, con esta nueva ley, ese derecho. Según denuncia el maestro de Primaria Ángel Álvarez, este recorte es muy perjudicial en especial en “zonas deprimidas socialmente”. “Nosotros teníamos unos 80 niños entre Infantil y Primaria en el comedor. Este año, sólo nos hemos quedado con 20”, lamenta este profesor.

Privilegios a la propaganda religiosa

Este año nace la asignatura de Valores Éticos, un batiburrillo de Religión, Educación para la Ciudadanía, Ética o Alternativa a la Religión; y se desdobla en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales lo que hasta ahora era Conocimiento del Medio. Mientras padres y madres se rascan el bolsillo, otras asignaturas se convierten en objeto de ayudas autonómicas. El Govern, por ejemplo, ha decidido poner en marcha una subvención de hasta 900.000 euros para material que fomente la “cultura religiosa”, eso sí, en instituciones y organizaciones de carácter religioso.

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La reforma fiscal de Rajoy, todo un ejemplo a seguir, según ‘The Wall Street Journal’

23 de junio de 2014 | LAINFORMACION.COM | ‘The Wall Street Journal’ cree que Rajoy lo ha hecho mejor que otros dirigentes

El diario estadounidense The Wall Street Journal ha dedicado este lunes un extenso editorial a la reforma fiscal de Mariano Rajoy. El rotativo considera adecuadas las nuevas medidas tributarias impulsadas por el Gobierno español y, especialmente, su apuesta por no subir el IVA, pese a las recomendaciones la Comisión Europea de subir este impuesto indirecto.

Bruselas ha mostrado su malestar por el hecho de que España no haya seguido todas las sugerencias y advertencias que le había hecho para redactar el texto, mientras que desde WSJ creen que el Gobierno de Rajoy se merece “una bonificación por no haber seguido un mal consejo”.

La Comisión Europea pidió este mes a Madrid que ampliase la lista de productos y servicios sujetos al IVA del 21% para recaudar impuestos. Tampoco le hace gracia que los impuestos ambientales de España sean de los más bajos de la Unión Europea y sugirió un gravamen más pesado al diésel.

Sin embargo, Madrid ha ignorado este consejo y, para el diario, ha tomado una buena decisión determinando que una economía en crecimiento es más importante que el hecho de que el déficit presupuestario esté en el 4,2% o el 4,8% del PIB el próximo año.

Por otro lado, la “racionalización del sistema” asociada a la reforma fiscal haría que se reduzca el mercado negro “más rápido de lo que lo haría cualquier inspector de fraude“. Sobre la rectitud fiscal, WSJ asegura que el Gobierno de Rajoy “lo ha hecho mejor que muchos otros”: gracias a la congelación de salarios de los funcionarios, medida que se puso en marcha a poco de que el presidente accediera al cargo, las pensiones públicas se han descolgado de su índice de inflación.

Así, también ha llevado a cabo medidas impopulares y austeras que, no obstante, para este periódico han sido “beneficiosas” ya que han ayudado a “impulsar el gasto público hasta el 44,8% en 2013 desde el 46,% de 2010, aun cuando la economía se había contraído”, mientras el gasto medio de la zona euro equivalía al 49.7% del PIB, 0,7 puntos porcentuales por debajo.

Para el diario no hay duda: todavía queda mucho por recortar. El WSJ no cree que haya demasiados españoles que “echen de menos la DIrección de Infraestructuras Deportivas y Gestión Económica” y la reforma laboral “todavía está a medias” ya que “empleadores y empleados permanecen encadenados” ante las protecciones de los trabajadores no negociables que, según el diario, limitan la movilidad laboral y hacen que sea más difícil para los trabajadores españoles encontrar nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, la reducción de impuestos de Rajoy ha supuesto, para WSJ, un paso más en la dirección hacia el crecimiento, dando portazo a los que creían que las políticas de crecimiento requieren un mayor gasto público en lugar de la de la reducción de impuestos que, combinada con incentivos a la inversión, las reformas laborales y de pensiones, sí favorece el crecimiento. Para el WSJ, “otros países europeos se ayudarían a sí mismos si siguieran el ejemplo de España“.

Sólo un pero a la reforma de Rajoy

Sólo una pega le pone el diario estadounidense The Wall Street Journal a la reforma fiscal de Mariano Rajoy: el umbral de ingresos para la tasa impositiva. Un umbral que ha pasado hasta los 60.000 euros desde los 300.000 y que supondrá que personas con ingresos medios acabarán pagando más, a pesar de haber reducido los impuestos.

Según el diario, esto no tiene sentido más que como una “forma contraproducente de compensar la pérdida de ingresos” pero una medida que puede socavar el apoyo político para la reforma. Todo lo demás son elogios.

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¿Tendremos que pagar por ir al Registro Civil?

2 de abril de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Gallardón rectifica y paraliza temporalmente la privatización del Registro Civil

El anteproyecto de reforma de ley, cuyo objetivo era otorgar algunas competencias del Registro Civil a notarios y registradores, finalmente no ha calado. El ministro de Jus­ticia, Alberto Ruiz-Gallardón, se echó para atrás el pasado mes de octubre, pero esto no significa que se haya suspendido definitivamente el proceso de privatización de estos servicios, sino que se ha detenido temporalmente.

En un principio, Gallardón pretendía delegar las competencias del Registro Civil a notarios y registradores de la propiedad que, a pesar de haber accedido a sus cargos a través de oposiciones, no cobran directamente del Estado, sino que sus sueldos se financian a través de aranceles derivados de sus servicios, por lo que, a efectos prácticos, no pueden encuadrarse dentro del colectivo del funcionariado como tal. Esta medida iba acompañada de nuevos aranceles y tasas para servicios, como matrimonios civiles, modificación de nombres y apellidos o la nacionalización, que hasta ahora eran gratuitos.

En octubre, Gallardón cejó en su empeño de cobrar por servicios que hasta entonces estaban libres de impuestos, pero las últimas negociaciones sugieren que la privatización de estos servicios no se ha suspendido por completo. A pesar de haber insistido en que los registros civiles seguirán exentos de aranceles, el ministro ha asegurado que quienes asumirán estas competencias serán “diferentes funcionarios” pero no ha especificado quiénes.

Dentro del amplio abanico de funcionarios en los que se podrían delegar estas funciones se encuentran, precisamente, los registradores de la propiedad. Todo apunta a que será el Colegio de Regis­tra­do­res el que se encargará al final de todas estas gestiones, especialmente después de que se publicara el contenido de una misiva firmada por el decano de este mismo co­legio, Gonzalo Agui­lera, en la que aseguraba a sus afiliados que tomaba las riendas de los registros civiles.

Antes de anunciarlo, los registradores ya habían expresado su rechazo a encargarse de la gestión del Registro Civil, debido, principalmente, a la decisión del ministro de Justicia de mantener todas estas gestiones gratuitas sin los aranceles que éstos exigían. El traspaso de los registros civiles de manos de los secretarios judiciales a las de los registradores supondrá, además, que el Estado prescinda de los funcionarios y licenciados de tipo A-1, con más experiencia, para ceder competencias a empleados que, según denuncian los colectivos, no tienen ningún conocimiento en la materia.

Los sindicatos exigen garantías

El Sindicato de Secretarios Judicia­les (SiSeJ) ya denunció hace más de un año que, con esta medida, el Es­tado está menospreciando la capacidad de su colectivo.

Numerosos colectivos, entre ellos la Central Sindical Indepen­diente de Funcionarios (C-SIF) y asociaciones de funcionarios de diferentes provincias han seguido presionando para que se detenga esta medida y se mantengan las condiciones laborales de los que hasta ahora se habían encargado de estos trámites.

El sindicato mayoritario de la función pública, Comisiones Obre­ras, ya ha anunciado que trasladará al Grupo Parla­mentario Popular su petición para se garantice este servicio público y se mantengan los 5.194 puestos de trabajo —entre registros civiles únicos, central, juzgados con competencias registrales, juzgados de paz y agrupaciones— que se ve­rían afectados por la reforma del Re­gistro Civil, que representan cerca del 13% del personal de Justicia.

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La marea verde balear suma 18 días de huelga en cuatro meses

14 de enero de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | El gobierno se enroca en sus posiciones mientras se extienden las protestas

A pesar de haber contado con altas cifras de seguimiento, los días de huelga de la marea verde balear todavía no han dado sus frutos y el conflicto educativo se encuentra en un impasse sin solución aparente. El martes 7 de enero, las Islas Baleares vivieron una nueva jornada de huelga, sumando 18 días de protestas en los últimos cuatro meses.

En esta última jornada se ha unido, según los datos de la Assemblea de Docents, cerca del 55% del colectivo educativo de las islas, cifra que las autoridades de la Conselle­ria d’ Educació, Cultura i Univer­si­tats del Govern balear han reducido hasta el 11%. “Que en la 18º jornada de huelga haya habido tanta gente es muy significativo”, aseguró el portavoz de la Assemblea, Miquel Àngel Tortell. De hecho, participaron tantas personas que han podido rodear el IES Marratxì (Pal­­ma), unas instalaciones de 600 m2, dando dos vueltas. “Y aún había más gente”, añadió Tortell, orgulloso de la solidaridad demostrada entre el colectivo educativo.
Aunque el colectivo docente es el único que tiene “un mínimo de protección legal a la hora de protestar”, Tortell aseguraba que la sociedad se ha volcado con la huelga. “En la última jornada, los padres sabían que hacíamos huelga y no llevaron a sus hijos a la escuela. La gente está de nuestro lado”, afirma Tortell.
Tanto los recortes que han afectado a la Educación a nivel estatal, aunque con especial incidencia y gravedad en las islas, como la imposición del TIL –el decreto que califica de obligatorio el trilingüismo– han sido los detonantes no sólo de esta última huelga, sino de los parones educativos que han tenido lugar desde comienzos de curso. Y no serán los únicos, ya que la Assemblea de Docents tiene previstas más protestas para la primavera y para el final del curso escolar.
Eso sí, en esta ocasión también ha tenido que ver la apertura de expedientes contra varios educadores de diferentes institutos baleares, entre los que se encuentra uno contra el director del IES Marratxì, que, según Tortell, cuenta con más de 20 años de experiencia en el cargo y al que cariñosamente apodan “el BOE humano porque se conoce todas las leyes”.

Grabación secreta

Tortell aseguró que el expediente se había abierto debido a una “grabación secreta de una alumna”, algo bastante insólito. “Si un alumno graba en secreto a un profesor, se le puede caer el pelo y la Conselleria abriría un expediente contra el alumno”, aseguraba el portavoz de la Assemblea. “En este caso, ha servido para abrir el expediente contra el propio director”, añadía.
“Esto es intolerable –se indignaba Tortell–. Es intolerable que la Admi­nistración utilice para expedientar a un profesor una grabación secreta, tergiversada y sacada de contexto”. En este mismo instituto también se han abierto diversas diligencias contra “cuatro o cinco” profesores más, y una “organización de ultraderecha” ha presentado más de una veintena de denuncias tanto a edu­ca­dores como a la propia Caja de Re­sistencia, el órgano encargado de recoger donaciones en apoyo al colectivo docente. “Es intolerable una Administración que hace caso a la ultraderecha más rancia y que ataca continuamente a la Educación pública –se quejaba Tortell–. Pero por cada paso que ellos den, nosotros daremos dos”, añade.
Las negociaciones sobre los “puntos de reflexión” que reivindica el colectivo de educadores baleares se han visto completamente paralizadas. A pesar de las continuas peticiones para que el presidente de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá (PP), se siente en la mesa de negociaciones con los profesores, no ha habido ninguna respuesta. “Desde navidades hemos registrado tres solicitudes pidiendo a Bauzá que se siente a negociar con nosotros”, explicaba Tortell.
Ha habido muchas reuniones de la Conselleria con diferentes agrupaciones educativas, sin embargo, Bauzá no ha hecho ningún intento por negociar con la Assemblea de Docents baleares. “La situación ahora mismo es de esquizofrenia. Están histéricos, violentos, y muy poco por la labor de negociar”, explica Tortell, quien asegura que para el Govern todo lo que funciona mal en la edu­cación pública balear “es culpa de los profesores”.

Trilingüismo

El punto sobre la imposición del trilingüismo –el TIL– ha sido uno de los más polémicos durante las numerosas jornadas de huelga de la edu­cación balear: un proyecto que Tor­tell ha calificado de “despropósito educativo”. “Una metodología que pretende que se impartan en lengua extranjera asignaturas no lingüísticas lo único que provocará será el aumento del fracaso escolar”, denunciaba Tortell, quien sostiene que “ni siquiera un 30% del profesorado está capacitado para hacerlo”.
Imponer la impartición de asignaturas no lingüísticas en un idioma extranjero exige, como poco, una amplia y extensa formación para el profesorado. Sin embargo, “los certificados B2 –los exigidos para impartir las clases en inglés– se han repartido a cambio de 100 euros haciendo cursos cutres”, según Tortell. Ahora, las Islas Baleares cuentan con muchos profesores que tienen el título exigido pero no las capacidades ni los recursos lingüísticos necesarios para impartir clases en inglés. “Lo único que pretenden con esto es mermar las horas de catalán”.
Tortell asegura que nadie de la Administración pública ha querido dar explicación alguna y ha denunciado que los políticos a cargo de la cuestión educativa en las Islas Ba­leares ni siquiera tienen relación con el mundo educativo. “Para nosotros, la crisis tiene forma de niño pequeño (…) y el TIL está muy lejos de las necesidades de los más pequeños –denuncia Tortell–. La única solución a esto es que las urnas los quiten de los puestos de responsabilidad”.

37,5% menos en ayudas para libros de texto

El 7 de enero, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte anunció que destinará 20 millones de euros a subvencionar libros de texto y materiales didácticos. En la convocatoria anterior, esta cifra era de 32 millones, lo que supone un tijeretazo del 37,5%. De estos 20 millones, 1.440.390 van a los centros gestionados por el Ministerio en Ceuta y Melilla. El resto, 18.559.610 euros, se reparte atendiendo a dos criterios: la tasa de riesgo de pobreza que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el número de alumnos y alumnas matriculadas.

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Los tribunales obligan al Estado a revalorizar las pensiones

19 de julio de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Un tribunal de San Sebastián falla a favor de dos ciudadanos

En diciembre, el Partido Popular (PP) incumplió una promesa electoral. En esta ocasión se trataba de las pensiones: el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha repetido en numerosas ocasiones que no tocaría estas prestaciones. “De todas las partidas de presupuestos hay una que no hemos querido recortar, y es la de las pensiones”, afirmaba el popular ante los micrófonos de Onda Cero. “Mi primera prioridad es mantener el poder adquisitivo de las pensiones”, recalcaba en una entrevista concedida al diario El País.

Sin embargo, el 30 de noviembre el Gobierno aprobó un decreto-ley en el que recogía, entre otras medidas, la no actualización de las pensiones con la desviación del IPC interanual. Este decreto provocaba que las pensiones no fueran revalorizadas en base al IPC, es decir, que se mantuvieran estáticas a pesar de la subida de impuestos de 2011, obligando a las personas que cobran pensiones a disminuir considerablemente su poder adquisitivo.

“El pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222 euros” Tras una serie de manifestaciones de descontento popular, el Gobierno rectificó a medias y añadió una concesión a los pensionistas: se seguirían sin actualizar las pensiones en función del IPC, pero aquéllas cuya cuantía fuera superior a mil euros se revalorizarían en un 1% y las inferiores a esa cantidad, en un 2%. Este decreto fue finalmente publicado el 28 de diciembre de 2012, y aplicado a los presupuestos del año vigente.

El año 2013 comenzó para los pensionistas con una bajada de las pensiones catastrófica: el IPC interanual al mes de noviembre –la fecha establecida para realizar el cálculo de actualización– era del 2,9%. La diferencia de valor ha provocado pérdidas que a final de año se han materializado en cantidades entre los 97 y los 385 euros, según datos del Gabinete Técnico Confederal de UGT a partir de los datos del Ministerio de Empleo. En condiciones normales, los perceptores deberían haber recibido esa diferencia como compensación por la desviación de precios. No obstante, “el pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222,45 euros”, según los datos del informe sobre la revalorización de las pensiones elaborado por el sindicato UGT, cuantía que tampoco recibió ese pensionista medio.

Asimismo, la revalorización de su pensión para 2013 debería haberse realizado sobre ese 2,9%, sin embargo, al hacerla sobre el 1% o el 2% –según la cuantía de la pensión percibida– en tan sólo dos años la merma del poder adquisitivo ha sido doble: la pérdida de la compensación del año 2012 y la pérdida de revalorización para 2013.

Las pensiones a tribunal

Varios tribunales han fallado a favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en San Sebastián, falló a mediados de junio a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013 de acuerdo al valor de los impuestos al consumo, y obligó al Gobierno a pagar a ambos “una paga única compensatoria por el desvío del IPC durante 2012 calculada sobre un 2,9%”, así como a proceder a la “revalorización de su pensión para el año 2013 sobre un 2,9% de la percibida el año anterior”. La Federación Metal, Construcción y Afines de UGT (MAC-UGT) manifestó entonces su acuerdo con la sentencia y declaró que esperaba que se abriera así “el camino a que se les reconozca a todos los pensionistas” su derecho legítimo, sustraído tras la publicación del decretazo.

Varios tribunales han fallado a favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en San Sebastián, falló a mediados de junio a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013 El pasado 5 de julio, otro tribunal, en este caso de Burgos, falló a favor de 25 vecinos de la provincia, quienes verán revalorizadas sus pensiones en base al 2,9% del IPC interanual y recibirán de la Tesorería los atrasos correspondientes.

También a mediados del mes de junio otro ciudadano de Barcelona presentó su demanda, apoyado por el Col·lectiu Ronda, organismo en defensa de los trabajadores y su protección social, contra la decisión del Gobierno de no revalorizar su pensión. Antes del juicio, que fue archivado a la espera de sentencia en el plazo máximo de un año, una veintena de pensionistas presentaron sus propias demandas.

Fundamentación legal

Que las demandas hayan llegado a buen puerto es signo de que el decreto-ley aprobado por los populares tiene algo de irregular. UGT ha recalcado, con el apoyo de los fallos de los tribunales, que el decretazo es contrario al artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, que implica que “las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, será revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año”.

La ultraactividad de los convenios entra en barrena

La reforma laboral del Gobierno de Rajoy daba un año de límite para que los convenios pendientes de renovación se prorrogaran de forma automática. La fecha límite llegó el lunes 8 de julio, y con ella cerca de 1.324 convenios que afectan a 1,8 millones de personas quedan en el aire, según datos de CC OO y UGT.

El aumento previsible de la conflictividad —y de los casos llevados a los tribunales— llevó a los sindicatos de concertación y a las patronales a firmar el 23 de mayo un acuerdo confederal. No obstante, como ha dicho un representante de la patronal CEOE, el acuerdo no es sino “un código de buenas prácticas en las mesas de negociación”.

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Nuevo varapalo a la Ley de Dependencia

29 de mayo de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Partido Popular incumple más promesas: a los 1.100 millones recortados deben añadirse dos nuevos decretos reales en materia de dependencia que está previsto que se pongan en marcha este año.

Las reformas propuestas y puestas en marcha por el Partido Popular (PP) han eliminado de forma drástica la mayoría de las garantías sociales de la ciudadanía. Parecía que  la Ley de Dependencia iba a sufrir su peor momento durante 2012, con la introducción del copago, la desaparición de las subvenciones en las cuotas de los cuidadores, los recortes de entre el 15% y el 90% en las prestaciones y la nueva regulación de grados de dependencia. Sin embargo, a menos de cinco meses del comienzo del nuevo año, la situación parece empeorar ya que, durante 2013, el PP pretende recortar 1.108 millones de euros sólo en materia de Dependencia.

1.100 millones

A golpe de Real Decreto, la Ley de Dependencia sufre una estrategia por parte de los populares que, según la secretaria del Fórum de Política Feminista, Begoña San José, intenta “dinamitarla sistemáticamente”. El Programa Nacional de Reformas de 2013, publicado el pasado 30 de abril, prevé la puesta en vigor de nuevos decretos reales que, junto a los aprobados durante 2012, suponen la pérdida de la mayor parte de las garantías sociales ofrecidas a las personas dependientes. En el programa de reformas se propone el incremento de “en torno al 5%” de los costes que deben aportar los beneficiarios de los servicios de dependencia, así como dos nuevos decretos con los que, presuntamente, se ahorrarán casi 500 millones de euros más durante el próximo año 2014.

Desde el Partido Popular han intentado explicar que esos más de 1.100 millones de euros no forman parte de un nuevo recorte, sino que responden a las medidas acordadas con las comunidades autónomas, que se empezaron a aplicar durante el verano de 2012 y que continuarán hasta finales de 2014. El tijeretazo ha sido disfrazado por el Gobierno popular como una medida de ahorro prometida a Bruselas; no obstante, la desinformación provoca que los cálculos de los que habla el Ejecutivo de Mariano Rajoy no coincidan con la realidad: el aumento de alrededor del 5% que los beneficiarios deberán aportar a los costes de los servicios no es suficiente para alcanzar ese ahorro de 1.108 millones de euros.

El secretario de Estado para Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, también ha asegurado que el que se haya puesto en marcha un recorte de más de mil millones de euros en Dependencia “es rotundamente falso”, ya que es lo que prevén ahorrar hasta 2014. Casi la mitad de esa cantidad, 527 millones de euros, explica Moreno, “se lo ahorran las comunidades autónomas, y en especial la Junta de Andalucía”. Moreno afirma que esta reforma ya está empezando a dar frutos, ya que ha aumentado el número de beneficiarios y que, según explica, el Gobierno garantiza la asistencia “a aquel que más lo necesita, a ese gran dependiente que muchas veces está postrado en una cama las 24 horas del día”. Esta afirmación choca con la realidad, ya que no son pocas las situaciones que, desde que se iniciaron los recortes, han empeorado drásticamente: Dolors Carrasquilla, vecina del Port de Sagunt (Comunitat de València), lleva más de dos meses encadenada al Palau de la Generalitat tras haberse visto afectada por una reducción del grado de invalidez que sufre por causa de una enfermedad crónica y que la mantiene postrada en una silla de ruedas. La Sanidad valenciana también fue la encargada de retirar una prótesis a Adrián García, de 23 años, por no poder pagar los 152 euros que costaba. No sólo los valencianos sufren las consecuencias de los recortes en Dependencia: en Galicia, más de 14.000 cuidadores familiares perderán las prestaciones. La rebaja en las subvenciones por parte del Gobierno central, incrementada considerablemente por parte de las comunidades autónomas –y especialmente por las gobernadas por el PP, como Valencia o Galicia– es la culpable de que la aplicación de la Ley de Depen­dencia empiece a ser insostenible.

Las mentiras

El 21 de marzo el INS comunicó a Dolors que no revisará su caso y no recuperará la condición de gran invalidez

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con Ana Mato al frente, ha asegurado que no endurecerá estas medidas “ni este año, ni el que viene, ni después”; sin embargo, en el Programa de Reformas ya se plantean tres nuevos decretos que se aplicarán a lo largo de 2013 y 2014 y que, al contrario de lo que prometen, sí empeorarán la situación de la Depen­dencia en el Estado. Este último gran recorte supone un enorme varapalo a la Dependencia, y ha sido recibido con sorpresa incluso por comunidades populares, como la de Castilla y León, donde recuerdan que no tienen previsto “ningún ajuste en dependencia para conseguir ahorro” y que las aportaciones de los usuarios, fijadas el pasado año, se mantendrán.

Desde el primer tijeretazo a la Ley de Dependencia en 2012, los populares no han dejado de intentar justificar sus reformas. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Asuntos Sociales, Susana Camarero, defendió el pasado mes de julio los recortes en Dependencia escudándose, como ya es habitual, en la mala gestión del Gobierno socialista e intentando promover la idea de que el objetivo de la reforma era “hacer la Dependencia más sostenible y perdurable en el tiempo, y garantizar la viabilidad de las prestaciones”. Sin embargo, Mariano Rajoy ya había puesto en duda la sostenibilidad de la Dependencia incluso antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno “Realmente hoy no [es viable]. Lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda”; así contestaba en una entrevista publicada por el diario El País en noviembre de 2011. El Partido Popular incumple, una vez más, una de sus promesas y provoca que la insostenibilidad de la Ley de Dependencia de la que hablaba hace ahora un año y medio esté causada por sus constantes recortes en garantías sociales.

La Rioja recorta sobre el recorte en dependencia

El Gobierno de La Rioja “ha suavizado las incompatibilidades de Dependencia”, según el consejero de Servicios Sociales, José Ignacio Nieto. Esto se traduce en un recorte en Dependencia en esta Comunidad, dirigida por Pedro Sanz, del PP, que se une al recorte de diez millones en el presupuesto para 2013. Sin previo aviso, el Gobierno de Sanz publicó en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), un recorte del 50% en partidas como la ayuda a domicilio y la prestación por cuidados en el entorno familiar, además de establecer criterios restrictivos como la imposibilidad de desempeñar un trabajo a tiempo completo si se solicita la prestación por dependencia.

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Recogido también en Agencia de Noticias de Aragón Ara Info, en Rebelion.org, en Afate (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Tenerife) en Cyclopaedia.

Los recortes dejan desprotegidos a los valencianos con diversidad funcional

2 de abril de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Una mujer reclama por medio de una huelga de hambre la restitución de su grado de invalidez

La población valenciana se ha volcado con Dolors Carrasquilla en su lucha por la consecución del grado de gran invalidez por una infección crónica que la obliga a vivir sobre una silla de ruedas. Tras ocho operaciones el pasado año 2012 y más de 30 en total, la Generalitat de Valencia ha decidido reducirle un grado de discapacidad, sin haberse visto ninguna remisión en su enfermedad. Desde el 6 de marzo Carrasquilla se mantiene encadenada al Palau de la Generalitat, de los cuales ha pasado en huelga de hambre desde el 11 de marzo hasta el 4 de abril.

Dolors Carrasquilla, vecina del Port de Sagunt (Valencia) de 42 años, sufre una enfermedad crónica llamada osteomielitis, una infección en la pierna izquierda que la mantiene postrada en una silla de ruedas. Dolors, diagnosticada en 2009 con un grado de gran invalidez –el máximo, que se adjudica a personas con una incapacidad permanente y por la cual necesitan la asistencia de otra persona para actos esenciales de la vida diaria– vio reducida su categoría de minusvalía en 2011, hasta dejarla en el 54%, lo que determina que su grado de incapacidad es absoluta, y no gran invalidez, a pesar de haber empeorado su infección. El 21 de marzo el Instituto Nacional de la Seguridad Social le dio una mala noticia a Dolors: no revisará su caso y, por tanto, no recuperará la gran invalidez. Esto supone, además del recorte de la prestación recibida, la derogación de la gratuidad de su prestación farmacéutica y, por tanto, la aplicación de su copago.

El 21 de marzo el INS le comunicó que no revisará su caso y no recuperará la condición de gran invalidez

La Comunidad Autónoma de Valencia es la que más ha maltratado la Ley de Dependencia durante el último año. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en su informe para puntuar la calidad y aplicación de la Ley de Dependencia en todo el Estado, destaca la “calificación muy deficiente” de la comunidad dirigida por Alberto Fabra (PP), puntuada con un 0,8 sobre 10. José Manuel Ramírez, presidente de esta asociación, considera un “destrozo de la ley” lo que se ha hecho en la comunidad.

No han sido pocos los organismos que han mostrado su descontento con la situación. Producto de la misma, por ejemplo, nació hace algo menos de un mes Vicoval, Asociación para la Vida Independiente de la Comunitat Valenciana, que promueve la participación activa de las personas con discapacidad en la vida pública –social, política y comunitaria–. También la Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència lucha por la derogación de esa nueva ley que establece el incremento del copago farmacéutico y ortoprotésico en personas dependientes. Asimismo, el Foro de Vida Independiente y Divertad apoya a Carrasquilla en su reivindicación y defiende que las Corts supediten el Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria al Estatuto del Discapacitado de la Comunidad Valenciana, que en 2002 fue el primero de estas características aprobado en el Estado.

Tajo a la dependencia

En el último año la Generalitat no ha soltado la tijera en materia de Dependencia. En primer lugar, la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores –cotización de tan solo 160 euros–, dejó de ser abonada por la propia Administración Pública para constituirse en un gasto más del beneficiario. Poco más tarde, se fijó la reducción de un mínimo del 15% en las ayudas a dependientes, reducción que en algunos casos ha alcanzado más del 90%. Esta cuantía depende directamente del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), índice de referencia para la concesión de ayudas públicas, que se mantiene congelado desde 2010 en poco más de 530 euros mensuales. A principios de 2013 se inició, además, el proceso paulatino para incrementar el copago –antes de esta reforma el usuario ya aportaba un 10%– farmacéutico y protésico, y a pesar de que la comunidad tenía hasta el próximo mes de junio para formalizar el aumento del copago, se ha dado prisa para ponerlo en vigor.

Otra de las reformas incluidas en todo este proceso de recortes a la Dependencia valenciana es la nueva estructura de grados de dependencia, con lo que se ha conseguido no disminuir directamente las prestaciones económicas de los usuarios dependientes, pero sí recolocar a las personas incapacitadas en un nivel diferente al que se mantenía hasta hoy: Dolors Carrasquilla es, una vez más, ejemplo de ello, ya que no le han quitado parte de su prestación, sino que le han disminuido el grado de discapacidad.

En la reforma, que entró en vigor en diciembre de 2012, se derogaba, además, parte del artículo 16 de la Ley sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad; con motivo de la supresión de esta parte de la ley, queda eliminada la gratuidad para incrementar el copago farmacéutico, ortoprotésico y las ayudas técnicas a personas con discapacidad.

Dolors Carrasquilla continuará su acampada hasta que consiga que sus reivindicaciones se vean satisfechas: que le devuelvan la discapacidad que se le había reconocido, que se evite la reducción de porcentajes de grados de minusvalía en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, que se elimine la ley de copago farmacéutico.

15% de los recortes en Dependencia

  • Reducción de al menos un 15% en las prestaciones a personas con discapacidad y que, en algunos casos, alcanza el 90%.
  • Supresión de la cotización a los cuidadores abonada por la Administración Pública.
  • Disminución y recolocación de los grados de minusvalía.
  • Incremento del copago farmacéutico y ortoprotésico.
  • Destrucción de empleos relacionados con la atención al dependiente –de 2011 a 2012 se redujo un 0,4%–.

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