Catalá recoge un testigo cargado de polémicas

Tamara Fariñas R. | 11 de octubre de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Justicia

Al ahora exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón no le salió bien su plan de reformar la Ley del Aborto y, tras la retirada de la polémica norma, tuvo que presentar su dimisión. No obstante, en sus 1.006 días al frente de la cartera ha tenido tiempo de implementar y acabar imponiendo muchas normas que no han pasado desapercibidas, tanto por la sociedad en general como por los sectores vinculados a la Justicia.

Ahora, con Rafael Catalá tomando el testigo de uno de los ministerios que, junto al de Educación y Hacienda, se ha enfrentado a más protestas durante la última legislatura ‘popular’, la sociedad contiene la respiración ante el próximo movimiento de la cartera. Catalá, que tomó posesión del cargo de ministro de Justicia el pasado lunes 29 de septiembre tras su paso por el Ministerio de Fomento como secretario de Estado, aseguró que “revisará” las tasas judiciales, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la del Có­digo Penal, aprobadas durante la era Gallardón, aunque aún no ha detallado cómo lo hará. Durante el poco más de un año que queda para acabar la legislatura, Catalá tendrá que decidir también sobre la conocida como ‘Ley Mordaza’ y concretar los cambios en la actual Ley del Aborto.

El nuevo ministro tiene en su mano la posibilidad de reducir la tensión de cara a las próximas elecciones generales, que tendrán lugar antes de diciembre de 2015, o, por el contrario, de seguir la senda del que fue alcalde de Madrid y tensar aún más la cuerda social entre la población y el Ministerio de Justicia. En este contexto, Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la De­mo­cracia, ha valorado “positivamente” la salida de Gallardón del Ejecutivo. Eso sí, lo ha hecho “con la esperanza de que se abra una nueva etapa en el ámbito de la Justicia”.

Lo que Gallardón sí aprobó

La Ley de Tasas ha sido, sin duda, una de las que más polémica han levantado en todo el país. Decenas de colegios de abogados colgaron en sus puertas y ventanas, desde los meses anteriores a la aprobación de la Ley 10/2012, sus carteles manifestando su desacuerdo con la norma, que, según el Ejecutivo, pretendía recaudar más de 300 millones de euros. Afán recaudatorio es lo que la mayor parte de los detractores cree que está detrás de esta medida que, desde noviembre, aleja a los ciudadanos de su derecho constitucional de acceso a la justicia imponiendo tasas excesivamente altas a litigios sencillos, como las demandas por impagos de deudas pequeñas.

Desde Jueces para la Democracia insisten en que Gallardón no ha sabido enfocarse a la “modernización de las estructuras judiciales” y que, por el contrario, lo que sí ha hecho durante su mandato ha sido centrarse en “el recorte de elementos esenciales del servicio público (…), vulnerando seriamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…) y dejando fuera de la Justicia por razones económicas a amplios sectores de la sociedad”. En el mismo sentido se pronunció la comisaria de Justicia y Derechos Humanos de la Comisión Europea, Viviane Reding, que aseguró que vigilaría el caso español de cerca.

La imposición de estas tasas lleva a España a una situación preconstitucional, un salto que no es la primera vez que se vislumbra durante la última legislación del conservador Partido Popular: las tasas judiciales son un concepto que no estaba incluido en la ley desde 1959.

Ésta no ha sido la única norma que al ministro le ha dado tiempo a poner en marcha: la reforma del Registro Civil ha tenido también mucha repercusión entre los trabajadores y los defensores de la Justicia y no ha pasado desapercibida entre los que acusaban al exministro de querer privatizar el derecho a poder ser defendidos ante la Justicia. Con esta norma, Gallardón consiguió que trámites que hasta ahora habían sido gratuitos, como la nacionalización, el cambio de nombre o el matrimonio civil, pasaran a ser servicios de pago. Otro de los primeros cambios realizados por Gallardón afectó al sistema de elección de miembros del CGPJ, ya antes muy dependiente de las mayorías parlamentarias y ahora bajo el control del partido en el Gobierno. Es otra de las piezas que deberá mover el nuevo ministro. Bosch acusa al ahora exministro de vulnerar el papel de este organismo y de olvidarse de la división de poderes, clave de un Estado de Derecho, y de hacerlo además en un momento “en el que se investigan judicialmente centenares de casos de corrupción”.

Próximos movimientos

Ahora Catalá, además de “revisar” las reformas que sí se aprobaron durante la primera etapa del Go­bierno de Mariano Rajoy, tendrá que mover ficha sobre un tablero en el que se fijan muchas miradas que esperan que el nuevo ministro dé marcha atrás a las polémicas normas.

El Gobierno popular intentará “meter por la puerta de atrás” la revisión de la Ley del Aborto con un nuevo Plan de Protección Familiar previsto para antes de que acabe el año, y sigue en su intención de obligar a las jóvenes de 16 y 17 años a contar con el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. El movimiento feminista considera que “la mayoría de las menores consulta a sus padres antes de interrumpir un embarazo no deseado” y que, si no lo hacen, se debe a problemas intrafamiliares en los que puede haber trazas de maltrato. Así lo explicó Mar Gran­dal, del Mo­vi­miento Fe­mi­nis­ta de Madrid y de Católicas por el Derecho a Decidir, cuando la reforma de Gallardón se vio tumbada por el propio Gobierno.

Asimismo, la ‘Ley Mordaza’ y la reforma del Código Penal están pendientes de la decisión del nuevo ministro. De él dependerá que no se acabe criminalizando, por ley, la protesta ciudadana y endureciendo, de forma “populista e injustificada”, las penas, a las que se podría sumar una versión de la cadena perpetua, según Bosch, “de dudosa constitucionalidad”.

Organizaciones civiles contra la ‘Ley Mordaza’

A pesar de que en julio el Gobierno quiso hacer creer que la última versión de su Ley de Seguridad Ciudadana había contado con el apoyo de organismos en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Greenpeace, que ya habían calificado la reforma de “represiva”, la última versión de la ley sigue sancionando prácticas y conductas pacíficas, según estos organismos. Sara del Río, portavoz de Greenpeace, considera que esta nueva reforma, que tendrá que aprobar Catalá, “repite el discurso de justificar el que se pongan pegas y se dificulte la protesta pacífica”.

Un año de enmiendas al Código Penal

La reforma del Código Penal lleva en el Congreso poco más de un año. Se han presentado más de 35 enmiendas y sigue sin recibir una buena acogida desde colectivos como la plataforma No Somos Delito, que denuncia que ésta tiene una intención meramente de negocio, en este caso, de negocio carcelario. No Somos Delito denuncia que se incluya en esta misma ley a “colectivos sociales que no constituyen ningún peligro, como activistas, inmigrantes o personas sin recursos”. Mientras, “se suavizan las sanciones contra los delitos económicos ‘de cuello blanco’.

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El Gobierno aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana con algunas recomendaciones de AI, Oxfam y Greenpeace

11 de julio de 2014 | LAINFORMACION.COM | Titular original: El Gobierno no incluye la mayor parte de las recomendaciones de AI, Oxfam y Greenpeace en su Ley Mordaza (Cambio por exigencia de la dirección del medio)

Este viernes el Gobierno ha aprobado la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ‘Ley Mordaza’, una ley que ha sido muy controvertida. Ha levantado ampollas desde que se anunció, el pasado mes de noviembre, y la polémica se ha enfocado en la serie de conductas que pretende sancionar. No obstante, fuentes del Ministerio confirmaron, antes de presentarla en Consejo de Ministros, que se habían incluido algunas de las recomendaciones de los diferentes órganos consultivos, entre ellos organismos como Amnistía Internacional, Oxfam Intermón o Greenpeace.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido el encargado de presentarla. Entre las medidas aprobadas se encuentran la regularización de las identificaciones, que dejarán de ser indiscriminadas y por razones étnicas, las retenciones, que pasarán a tener una duración máxima de seis horas o las contramanifestaciones o cualquier tipo de intento de impedir una manifestación, que serán sancionadas.

En la medida que regula las retenciones y las limita a seis horas, por ejemplo, Fernández Díaz ha asegurado que ha escuchado las recomendaciones de organismos de la sociedad civil. “Se dirigieron a nosotros, pudieron vernos les atendimos y, efectivamente recogimos algunas de sus observaciones”, explicó. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la expedición de un volante acreditativo que demuestre a las personas retenidas “a los efectos que proceda”, la aplicación del principio de proporcionalidad como respuesta a la petición para que la disolución de las manifestaciones “sea la última medida que se tome” y el principio de no injerencia en cuanto a los cacheos e identificaciones.

En este sentido, los tres organismos, Greenpeace, Oxfam Intermón y Amnistía Internacional, han considerado positivo el hecho de que se hayan incluido, según un comunicado expedido por los tres órganos conjuntamente a propósito de la ley, las recomendaciones sobre el principio de no injerencia y el de proporcionalidad. También han considerado positivo que la disolución sea la última medida que se tome en las protestas y el hecho de que no se haya aumentado la cuantía de las multas.

No obstante y aunque todavía van a analizar el texto con detalle, han lamentado el hecho de que “el Ministro no haya mencionado o no haya incluído aspectos que son fundamentales como la introducción de mecanismos de control de la actividad policial y de rendición de cuentas. Tampoco se ha hecho mención  al uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad o a cómo queda el aspecto de las infraestructuras críticas o la infracción de escalamiento”, han añadido.

Además Greenpeace, una de las organizaciones que ha emitido sus recomendaciones, junto a Amnistía y Oxfam Intermón, considera que el Gobierno ha cumplido poco. “Ha matizado que muchas de las demandas que nosotros hicimos coincidían con recomendaciones que han hecho otras instituciones“, asegura Sara del Río, en referencia a las recomendaciones que sí se han tenido en cuenta. “El texto se ha modificado porque se han detectado muchas irregularidades y defectos de forma. Entendemos que han escuchado nuestras demandas pero la gran mayoría, en el caso de Greenpeace, no han sido incluidas“, añade.

Del Río ha remarcado que, aunque sí se ha modificado la norma desde el texto original, presentado el pasado mes de noviembre, “esta nueva ley de seguridad incluye conductas vinculadas a la conducta pacífica que serán sancionables” como la protesta que la misma organización ha llevado a cabo esta mañana, subiéndose al faro de la Moncloa, y “para los movimientos sociales, sigue siendo una ley represora”. Así, como consecuencia, han convocado, junto a la organización No somos delito una protesta a las 19:00 de la tarde en la plaza de Colón.

En cuanto a la ley, Del río ha remarcado que pocas diferencias ha habido en la rueda de prensa de este viernes con la de la presentación de la norma, en noviembre. “Es el mismo discurso del día que mandó el primer texto, a pesar de que ha sufrido serias modificaciones, porque estaba cargado de errores”, ha explicado.

“Pero el mensaje sigue siendo el mismo, lo que quiere es repetir el discurso de argumentar y justificar una ley (que sirve) para poner pegas y dificultar la protesta pacífica”, ha lamentado Del Río.

El sólo hecho de que se haya aprobado ya ha levantado la ira de Greenpeace, que considera que “esta ley no responde a una necesidad” por lo que “no tiene sentido”. “Para nosotros el problema está en la ley en sí”, asegura Sara del Río, portavoz de Greenpeace. En este sentido, también han denunciado que no hayan recibido el texto final antes de presentarse en el Consejo, algo a lo que se había comprometido el Consejero de Estado. “Fue una de las primeras cosas a las que se comprometieron, compartir con los órganos el texto final, y no lo han hecho”, asegura. Por eso no han podido conocer el contenido de la reforma hasta la rueda de prensa que se realizó después del Consejo.

Desde Greenpeace aseguran que, aunque incluyan algunas de las recomendaciones, la medida en sí “sigue siendo un texto represivo” porque “maximiza un riesgo que no existe”. Asimismo, han denunciado también que la ley está basada únicamente en la prevención, hasta el punto de que “se permiten redadas cuando hay sospechas de que alguien puede cometer una infracción”.  Así, han denunciado que esta nueva norma “está más centrada en reprimir las manifestaciones que en mantener la seguridad internacional”.

¿Cuáles fueron las recomendaciones de estos organismos?

Amnistía Internacional, Greenpeace, y Oxfam Intermón fueron algunos de esos órganos que presentaron sus propuestas al jefe del gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, recomendaciones éstas no sólo a la Ley Mordaza sino a todo el paquete de medidas de austeridad.

Una de las medidas que forman parte del decálogo que presentaron las tres organizaciones es la que hace referencia a esta nueva Ley Mordaza y piden, concretamente que se garantice que “ni la reforma del Código Penal ni la reforma de la Ley Ciudadana limiten el derecho a la manifestación pacífica de manera injustificada y contraria al Derecho internacional”.

Las tres organizaciones y, en mayor medida, Greenpeace, que ha realizado numerosas acciones desde que se planteó el proyecto de ley, siendo la última este mismo viernes, durante la mañana previa a la presentación de la reforma en el Consejo de Ministros, consideran que se ha producido un uso excesivo de la fuerza y los malos tratos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Desde la organización han lamentado que las denuncias interpuestas en estos casos no hayan sido investigadas de forma exhaustiva, imparcial y efectiva. En este sentido, la recomendación de los organismos fue que se garantizasen estas investigaciones, se hiciesen públicas y se garantizasen los procedimientos disciplinarios y penales si fuera necesario contra los agentes.

Asimismo, también denunciaron el hecho de que se sobreseyeran procesos judiciales por la falta de identificación del policía “a pesar de haber quedado constatada la agresión” y que no se hayan hecho públicos los resultados “de las investigaciones internas a agentes en el marco de las cargas policiales ocurridas tras la manifestación frente al Congreso del 25 de septiembre”.

En este sentido, las tres organizaciones también pidieron que la Policía llevara la debida identificación de manera visible, como ya exige la Ley para evitar que se repita la posibilidad de que se cometan abusos sin poder rendir cuentas.

Además, habían pedido que se llevaran a cabo medidas concretas y contundentes para evitar estigmatizar a determinados colectivos, como ocurre con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a la que han acusado de pertenecer a “organizaciones filoetarras” o de “utilizar prácticas nazis”.

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Leyes menos ciudadanas y más corporativas

18 de septiembre de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Alberto Ruiz-Gallardón se enfrenta a distintos colectivos

La apertura del curso por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha devuelto a la actualidad los puntos más polémicos en materia de derechos desde que el Partido Popular (PP) entró en el Gobierno en diciembre de 2011. El ministro quiere que la reforma del Código Penal entre en vigor el próximo mes de octubre, después de la presentación del anteproyecto de ley el pasado mes de marzo. Un mes después, siempre según la agenda de Gallardón, tendrá lugar la reforma de la Ley del Aborto tras cuatro aplazamientos.

El 3 de septiembre, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) presentó un documento con 6.217 firmas en contra de la aprobación del nuevo Código Penal, previsto para finales de septiembre, en el marco de una campaña contra la “criminalización de la protesta social”. La nueva reforma se ha enfrentado, como prácticamente todas las reformas llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia que desde 2012 que lidera Gallardón, a numerosas críticas, no sólo desde los sectores sociales, sino también desde los propios sectores profesionales del ámbito jurídico.

Modificaciones como la que introduce la prisión permanente revisable incumple al principio de legalidad y de seguridad establecido en el artículo 25.1 de la Constitución, según el punto de vista del Consejo General del Poder Judicial. Ese artículo y el 25.2, que garantiza la posibilidad de reinserción total, también “rayan” la inconstitucionalidad según el dictamen del Consejo General de la Abogacía Española.

Al margen de estos organismos, en Madrid se ha creado la Plata­forma Otro Derecho Penal es Posible —integrada por personas de varios colectivos, entre ellos Legal Sol, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, SOS Racismo o la Asociación Libre de Abogados (ALA). Para Nerea García, activista de las Brigadas Vecinales de Observación de Dere­chos Humanos y participante en este espacio, con estas nuevas reformas “aumenta el control social y la represión y se alargan condenas con conceptos jurídicos arbitrarios”. En la búsqueda de algún punto menos negativo en torno a la nueva legislación, García ha asegurado que “casi nada” es positivo, ya que muchas de las valoraciones que hace la nueva legislación son de tipo moral, y que “valoran situaciones futuras no basadas en hechos”.

Uno de los primeros puntos que mencionó Gallardón una vez colocado en la cartera de Justicia fue la cuestión del aborto. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley Orgánica 2/2010 despenalizó la práctica de la interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas, una práctica que podía ser llevada a cabo de forma libre y voluntaria sin intervención de terceros. Para los embarazos de entre 14 y 22 semanas, la Ley del Aborto durante la etapa zapaterista permitía la interrupción del embarazo en caso de graves riesgos para la vida o la salud, tanto de la madre como del feto. A partir de la semana 22, siempre según el proyecto de Gallardón, sólo podría interrumpirse en caso de detectar una enfermedad extremadamente grave e incurable, para lo que era necesaria una decisión clínica.

Esta ley, conocida como ley de plazos, sustituyó a la que se había mantenido vigente hasta ahora, una ley redactada y publicada en 1985, en la que sólo estaba despenalizado el aborto en tres casos: riesgo para la salud de la madre, violación o malformación del feto, siempre y cuando se realizara antes de la 12ª semana. La Ley de Supuestos, que Gallardón pretende restablecer en su nuevo Código Penal, tiene una diferencia: según la nueva legislación, desaparecerá el tercer supuesto –el de malformación del feto–, por lo que la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo ha denunciado que esta reforma llevará a la clandestinidad a la práctica totalidad de mujeres que se enfrenten a esta situación. Asimismo, se suprimirá el derecho de menores de edad a decidir sobre la interrupción de sus embarazos, derecho al que hasta ahora han podido acogerse las jóvenes de 16 y 17 años.

La reforma del Código Penal incluye el incremento de las penas por delitos que, hasta ahora, habían sido considerados faltas. En este sentido, por ejemplo, los hurtos menores pasan a formar parte de la conducta delictiva tipificada por el nuevo Código Penal. Asimismo, la calificación de “atentado” cambia de sentido: a partir de la entrada en vigor de la nueva reforma, cualquier agresión, uso de violencia, amenaza o similar contra la autoridad puede ser calificado de atentado. Las protestas sociales, práctica habitual durante los últimos tres años, pasan a formar parte también de la conducta delictiva tipificada por la ley, por lo que cualquier tipo de resistencia no pasiva podrá ser castigada con hasta un año de cárcel. La vía administrativa se refuerza con el articulado de la Ley. En un principio, el Gobierno lanzó al aire una amenaza para incluir la resistencia pasiva en la lista de conductas delictivas calificadas de “atentado”. Finalmente, dio un paso atrás y rectificó, aunque el resto de texto también contiene posibles limitaciones de la libertad de expresión y reunión.

En el nuevo articulado, la “malversación”, definida como administración desleal de fondos públicos, es calificada de delito, así como la recepción de sobornos, la ocultación de bienes en procedimientos de embargo o el encubrimiento de situaciones de crisis económica en los deudores. No obstante, en un punto que se presentaba como necesario, más en un momento de destape de numerosos fraudes y casos de corrupción dentro de las formaciones políticas, Gallardón no ha querido tipificar la financiación ilegal de partidos políticos como delito, tampoco se modifica la regulación del fraude fiscal. Además el juez podrá rebajar los grados de las penas en caso de fraude si se produce la devolución de lo defraudado una vez que el acusado está imputado. Asimismo, la nueva reforma no modifica la reciente regulación de delitos contra la Seguridad Social –a partir de un euro defraudado– , que desde diciembre de 2012 es mucho más “gravosa” que la de fraude fiscal contra la Hacienda Pública.

Cuatro puntos clave :

• Penas
Artículos 32 a 94. Se introduce la pena de prisión permanente revisable. Aumentan los plazos para acogerse al tercer grado penitenciario. Aumenta el plazo de cumplimiento de pena para acceder a permisos de salida.
• Multas 
Artículos 80 a 94. Se incrementa la subjetividad y los aspectos que tienen que valorar los jueces para establecer multas o trabajos a la comunidad. Las penas entre un y tres años de prisión son sustituidas por expulsión para todos los penados extranjeros, aunque estén residiendo “legalmente” en España. Se introduce la prohibición de relacionarse con personas que puedan facilitar o inducir a cometer delitos.
• Propiedad intelectual
Capítulo XI. Se castiga con un incremento de penas el “top manta”. Se vulnera la intervención mínima que debe realizar el Derecho Penal en la vida de las personas. Se establecen penas para quien “facilite el acceso” (mediante enlaces) a cualquier obra intelectual, aún sin beneficio económico directo.
• Delitos de odio
Artículo 510. Se castigan más actos de intolerancia: aumenta el número de conductas y se introduce la responsabilidad de personas jurídicas y asociaciones sin personalidad jurídica.

Se reintroduce la Ley de Supuestos

La nueva Ley del Aborto será aprobada, previsiblemente, “antes de que termine el mes de octubre”, sin embargo, ésta es la quinta fecha que Gallardón da para su entrada en vigor. Mientras países anclados en legislaciones anacrónicas –como es el caso de Irlanda, un país históricamente adherido a la religión católica, que dio un paso adelante incluyendo en julio en su legislación el derecho al aborto en caso de que la mujer corra peligro físico o mental-, España da pasos atrás con la sustitución de una Ley de Plazos en favor de otra de Supuestos. Antes de su aprobación, el día 28 de septiembre, varios colectivos feministas han convocado manifestaciones “Por el derecho al aborto. Nuestros cuerpos, nuestras vidas” en el contexto de una movilización internacional por el derecho a decidir.

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA | Leer artículo original aquí…