Catalá recoge un testigo cargado de polémicas

Tamara Fariñas R. | 11 de octubre de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Justicia

Al ahora exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón no le salió bien su plan de reformar la Ley del Aborto y, tras la retirada de la polémica norma, tuvo que presentar su dimisión. No obstante, en sus 1.006 días al frente de la cartera ha tenido tiempo de implementar y acabar imponiendo muchas normas que no han pasado desapercibidas, tanto por la sociedad en general como por los sectores vinculados a la Justicia.

Ahora, con Rafael Catalá tomando el testigo de uno de los ministerios que, junto al de Educación y Hacienda, se ha enfrentado a más protestas durante la última legislatura ‘popular’, la sociedad contiene la respiración ante el próximo movimiento de la cartera. Catalá, que tomó posesión del cargo de ministro de Justicia el pasado lunes 29 de septiembre tras su paso por el Ministerio de Fomento como secretario de Estado, aseguró que “revisará” las tasas judiciales, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la del Có­digo Penal, aprobadas durante la era Gallardón, aunque aún no ha detallado cómo lo hará. Durante el poco más de un año que queda para acabar la legislatura, Catalá tendrá que decidir también sobre la conocida como ‘Ley Mordaza’ y concretar los cambios en la actual Ley del Aborto.

El nuevo ministro tiene en su mano la posibilidad de reducir la tensión de cara a las próximas elecciones generales, que tendrán lugar antes de diciembre de 2015, o, por el contrario, de seguir la senda del que fue alcalde de Madrid y tensar aún más la cuerda social entre la población y el Ministerio de Justicia. En este contexto, Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la De­mo­cracia, ha valorado “positivamente” la salida de Gallardón del Ejecutivo. Eso sí, lo ha hecho “con la esperanza de que se abra una nueva etapa en el ámbito de la Justicia”.

Lo que Gallardón sí aprobó

La Ley de Tasas ha sido, sin duda, una de las que más polémica han levantado en todo el país. Decenas de colegios de abogados colgaron en sus puertas y ventanas, desde los meses anteriores a la aprobación de la Ley 10/2012, sus carteles manifestando su desacuerdo con la norma, que, según el Ejecutivo, pretendía recaudar más de 300 millones de euros. Afán recaudatorio es lo que la mayor parte de los detractores cree que está detrás de esta medida que, desde noviembre, aleja a los ciudadanos de su derecho constitucional de acceso a la justicia imponiendo tasas excesivamente altas a litigios sencillos, como las demandas por impagos de deudas pequeñas.

Desde Jueces para la Democracia insisten en que Gallardón no ha sabido enfocarse a la “modernización de las estructuras judiciales” y que, por el contrario, lo que sí ha hecho durante su mandato ha sido centrarse en “el recorte de elementos esenciales del servicio público (…), vulnerando seriamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…) y dejando fuera de la Justicia por razones económicas a amplios sectores de la sociedad”. En el mismo sentido se pronunció la comisaria de Justicia y Derechos Humanos de la Comisión Europea, Viviane Reding, que aseguró que vigilaría el caso español de cerca.

La imposición de estas tasas lleva a España a una situación preconstitucional, un salto que no es la primera vez que se vislumbra durante la última legislación del conservador Partido Popular: las tasas judiciales son un concepto que no estaba incluido en la ley desde 1959.

Ésta no ha sido la única norma que al ministro le ha dado tiempo a poner en marcha: la reforma del Registro Civil ha tenido también mucha repercusión entre los trabajadores y los defensores de la Justicia y no ha pasado desapercibida entre los que acusaban al exministro de querer privatizar el derecho a poder ser defendidos ante la Justicia. Con esta norma, Gallardón consiguió que trámites que hasta ahora habían sido gratuitos, como la nacionalización, el cambio de nombre o el matrimonio civil, pasaran a ser servicios de pago. Otro de los primeros cambios realizados por Gallardón afectó al sistema de elección de miembros del CGPJ, ya antes muy dependiente de las mayorías parlamentarias y ahora bajo el control del partido en el Gobierno. Es otra de las piezas que deberá mover el nuevo ministro. Bosch acusa al ahora exministro de vulnerar el papel de este organismo y de olvidarse de la división de poderes, clave de un Estado de Derecho, y de hacerlo además en un momento “en el que se investigan judicialmente centenares de casos de corrupción”.

Próximos movimientos

Ahora Catalá, además de “revisar” las reformas que sí se aprobaron durante la primera etapa del Go­bierno de Mariano Rajoy, tendrá que mover ficha sobre un tablero en el que se fijan muchas miradas que esperan que el nuevo ministro dé marcha atrás a las polémicas normas.

El Gobierno popular intentará “meter por la puerta de atrás” la revisión de la Ley del Aborto con un nuevo Plan de Protección Familiar previsto para antes de que acabe el año, y sigue en su intención de obligar a las jóvenes de 16 y 17 años a contar con el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. El movimiento feminista considera que “la mayoría de las menores consulta a sus padres antes de interrumpir un embarazo no deseado” y que, si no lo hacen, se debe a problemas intrafamiliares en los que puede haber trazas de maltrato. Así lo explicó Mar Gran­dal, del Mo­vi­miento Fe­mi­nis­ta de Madrid y de Católicas por el Derecho a Decidir, cuando la reforma de Gallardón se vio tumbada por el propio Gobierno.

Asimismo, la ‘Ley Mordaza’ y la reforma del Código Penal están pendientes de la decisión del nuevo ministro. De él dependerá que no se acabe criminalizando, por ley, la protesta ciudadana y endureciendo, de forma “populista e injustificada”, las penas, a las que se podría sumar una versión de la cadena perpetua, según Bosch, “de dudosa constitucionalidad”.

Organizaciones civiles contra la ‘Ley Mordaza’

A pesar de que en julio el Gobierno quiso hacer creer que la última versión de su Ley de Seguridad Ciudadana había contado con el apoyo de organismos en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Greenpeace, que ya habían calificado la reforma de “represiva”, la última versión de la ley sigue sancionando prácticas y conductas pacíficas, según estos organismos. Sara del Río, portavoz de Greenpeace, considera que esta nueva reforma, que tendrá que aprobar Catalá, “repite el discurso de justificar el que se pongan pegas y se dificulte la protesta pacífica”.

Un año de enmiendas al Código Penal

La reforma del Código Penal lleva en el Congreso poco más de un año. Se han presentado más de 35 enmiendas y sigue sin recibir una buena acogida desde colectivos como la plataforma No Somos Delito, que denuncia que ésta tiene una intención meramente de negocio, en este caso, de negocio carcelario. No Somos Delito denuncia que se incluya en esta misma ley a “colectivos sociales que no constituyen ningún peligro, como activistas, inmigrantes o personas sin recursos”. Mientras, “se suavizan las sanciones contra los delitos económicos ‘de cuello blanco’.

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¿Tendremos que pagar por ir al Registro Civil?

2 de abril de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Gallardón rectifica y paraliza temporalmente la privatización del Registro Civil

El anteproyecto de reforma de ley, cuyo objetivo era otorgar algunas competencias del Registro Civil a notarios y registradores, finalmente no ha calado. El ministro de Jus­ticia, Alberto Ruiz-Gallardón, se echó para atrás el pasado mes de octubre, pero esto no significa que se haya suspendido definitivamente el proceso de privatización de estos servicios, sino que se ha detenido temporalmente.

En un principio, Gallardón pretendía delegar las competencias del Registro Civil a notarios y registradores de la propiedad que, a pesar de haber accedido a sus cargos a través de oposiciones, no cobran directamente del Estado, sino que sus sueldos se financian a través de aranceles derivados de sus servicios, por lo que, a efectos prácticos, no pueden encuadrarse dentro del colectivo del funcionariado como tal. Esta medida iba acompañada de nuevos aranceles y tasas para servicios, como matrimonios civiles, modificación de nombres y apellidos o la nacionalización, que hasta ahora eran gratuitos.

En octubre, Gallardón cejó en su empeño de cobrar por servicios que hasta entonces estaban libres de impuestos, pero las últimas negociaciones sugieren que la privatización de estos servicios no se ha suspendido por completo. A pesar de haber insistido en que los registros civiles seguirán exentos de aranceles, el ministro ha asegurado que quienes asumirán estas competencias serán “diferentes funcionarios” pero no ha especificado quiénes.

Dentro del amplio abanico de funcionarios en los que se podrían delegar estas funciones se encuentran, precisamente, los registradores de la propiedad. Todo apunta a que será el Colegio de Regis­tra­do­res el que se encargará al final de todas estas gestiones, especialmente después de que se publicara el contenido de una misiva firmada por el decano de este mismo co­legio, Gonzalo Agui­lera, en la que aseguraba a sus afiliados que tomaba las riendas de los registros civiles.

Antes de anunciarlo, los registradores ya habían expresado su rechazo a encargarse de la gestión del Registro Civil, debido, principalmente, a la decisión del ministro de Justicia de mantener todas estas gestiones gratuitas sin los aranceles que éstos exigían. El traspaso de los registros civiles de manos de los secretarios judiciales a las de los registradores supondrá, además, que el Estado prescinda de los funcionarios y licenciados de tipo A-1, con más experiencia, para ceder competencias a empleados que, según denuncian los colectivos, no tienen ningún conocimiento en la materia.

Los sindicatos exigen garantías

El Sindicato de Secretarios Judicia­les (SiSeJ) ya denunció hace más de un año que, con esta medida, el Es­tado está menospreciando la capacidad de su colectivo.

Numerosos colectivos, entre ellos la Central Sindical Indepen­diente de Funcionarios (C-SIF) y asociaciones de funcionarios de diferentes provincias han seguido presionando para que se detenga esta medida y se mantengan las condiciones laborales de los que hasta ahora se habían encargado de estos trámites.

El sindicato mayoritario de la función pública, Comisiones Obre­ras, ya ha anunciado que trasladará al Grupo Parla­mentario Popular su petición para se garantice este servicio público y se mantengan los 5.194 puestos de trabajo —entre registros civiles únicos, central, juzgados con competencias registrales, juzgados de paz y agrupaciones— que se ve­rían afectados por la reforma del Re­gistro Civil, que representan cerca del 13% del personal de Justicia.

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Leyes menos ciudadanas y más corporativas

18 de septiembre de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Alberto Ruiz-Gallardón se enfrenta a distintos colectivos

La apertura del curso por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha devuelto a la actualidad los puntos más polémicos en materia de derechos desde que el Partido Popular (PP) entró en el Gobierno en diciembre de 2011. El ministro quiere que la reforma del Código Penal entre en vigor el próximo mes de octubre, después de la presentación del anteproyecto de ley el pasado mes de marzo. Un mes después, siempre según la agenda de Gallardón, tendrá lugar la reforma de la Ley del Aborto tras cuatro aplazamientos.

El 3 de septiembre, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) presentó un documento con 6.217 firmas en contra de la aprobación del nuevo Código Penal, previsto para finales de septiembre, en el marco de una campaña contra la “criminalización de la protesta social”. La nueva reforma se ha enfrentado, como prácticamente todas las reformas llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia que desde 2012 que lidera Gallardón, a numerosas críticas, no sólo desde los sectores sociales, sino también desde los propios sectores profesionales del ámbito jurídico.

Modificaciones como la que introduce la prisión permanente revisable incumple al principio de legalidad y de seguridad establecido en el artículo 25.1 de la Constitución, según el punto de vista del Consejo General del Poder Judicial. Ese artículo y el 25.2, que garantiza la posibilidad de reinserción total, también “rayan” la inconstitucionalidad según el dictamen del Consejo General de la Abogacía Española.

Al margen de estos organismos, en Madrid se ha creado la Plata­forma Otro Derecho Penal es Posible —integrada por personas de varios colectivos, entre ellos Legal Sol, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, SOS Racismo o la Asociación Libre de Abogados (ALA). Para Nerea García, activista de las Brigadas Vecinales de Observación de Dere­chos Humanos y participante en este espacio, con estas nuevas reformas “aumenta el control social y la represión y se alargan condenas con conceptos jurídicos arbitrarios”. En la búsqueda de algún punto menos negativo en torno a la nueva legislación, García ha asegurado que “casi nada” es positivo, ya que muchas de las valoraciones que hace la nueva legislación son de tipo moral, y que “valoran situaciones futuras no basadas en hechos”.

Uno de los primeros puntos que mencionó Gallardón una vez colocado en la cartera de Justicia fue la cuestión del aborto. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley Orgánica 2/2010 despenalizó la práctica de la interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas, una práctica que podía ser llevada a cabo de forma libre y voluntaria sin intervención de terceros. Para los embarazos de entre 14 y 22 semanas, la Ley del Aborto durante la etapa zapaterista permitía la interrupción del embarazo en caso de graves riesgos para la vida o la salud, tanto de la madre como del feto. A partir de la semana 22, siempre según el proyecto de Gallardón, sólo podría interrumpirse en caso de detectar una enfermedad extremadamente grave e incurable, para lo que era necesaria una decisión clínica.

Esta ley, conocida como ley de plazos, sustituyó a la que se había mantenido vigente hasta ahora, una ley redactada y publicada en 1985, en la que sólo estaba despenalizado el aborto en tres casos: riesgo para la salud de la madre, violación o malformación del feto, siempre y cuando se realizara antes de la 12ª semana. La Ley de Supuestos, que Gallardón pretende restablecer en su nuevo Código Penal, tiene una diferencia: según la nueva legislación, desaparecerá el tercer supuesto –el de malformación del feto–, por lo que la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo ha denunciado que esta reforma llevará a la clandestinidad a la práctica totalidad de mujeres que se enfrenten a esta situación. Asimismo, se suprimirá el derecho de menores de edad a decidir sobre la interrupción de sus embarazos, derecho al que hasta ahora han podido acogerse las jóvenes de 16 y 17 años.

La reforma del Código Penal incluye el incremento de las penas por delitos que, hasta ahora, habían sido considerados faltas. En este sentido, por ejemplo, los hurtos menores pasan a formar parte de la conducta delictiva tipificada por el nuevo Código Penal. Asimismo, la calificación de “atentado” cambia de sentido: a partir de la entrada en vigor de la nueva reforma, cualquier agresión, uso de violencia, amenaza o similar contra la autoridad puede ser calificado de atentado. Las protestas sociales, práctica habitual durante los últimos tres años, pasan a formar parte también de la conducta delictiva tipificada por la ley, por lo que cualquier tipo de resistencia no pasiva podrá ser castigada con hasta un año de cárcel. La vía administrativa se refuerza con el articulado de la Ley. En un principio, el Gobierno lanzó al aire una amenaza para incluir la resistencia pasiva en la lista de conductas delictivas calificadas de “atentado”. Finalmente, dio un paso atrás y rectificó, aunque el resto de texto también contiene posibles limitaciones de la libertad de expresión y reunión.

En el nuevo articulado, la “malversación”, definida como administración desleal de fondos públicos, es calificada de delito, así como la recepción de sobornos, la ocultación de bienes en procedimientos de embargo o el encubrimiento de situaciones de crisis económica en los deudores. No obstante, en un punto que se presentaba como necesario, más en un momento de destape de numerosos fraudes y casos de corrupción dentro de las formaciones políticas, Gallardón no ha querido tipificar la financiación ilegal de partidos políticos como delito, tampoco se modifica la regulación del fraude fiscal. Además el juez podrá rebajar los grados de las penas en caso de fraude si se produce la devolución de lo defraudado una vez que el acusado está imputado. Asimismo, la nueva reforma no modifica la reciente regulación de delitos contra la Seguridad Social –a partir de un euro defraudado– , que desde diciembre de 2012 es mucho más “gravosa” que la de fraude fiscal contra la Hacienda Pública.

Cuatro puntos clave :

• Penas
Artículos 32 a 94. Se introduce la pena de prisión permanente revisable. Aumentan los plazos para acogerse al tercer grado penitenciario. Aumenta el plazo de cumplimiento de pena para acceder a permisos de salida.
• Multas 
Artículos 80 a 94. Se incrementa la subjetividad y los aspectos que tienen que valorar los jueces para establecer multas o trabajos a la comunidad. Las penas entre un y tres años de prisión son sustituidas por expulsión para todos los penados extranjeros, aunque estén residiendo “legalmente” en España. Se introduce la prohibición de relacionarse con personas que puedan facilitar o inducir a cometer delitos.
• Propiedad intelectual
Capítulo XI. Se castiga con un incremento de penas el “top manta”. Se vulnera la intervención mínima que debe realizar el Derecho Penal en la vida de las personas. Se establecen penas para quien “facilite el acceso” (mediante enlaces) a cualquier obra intelectual, aún sin beneficio económico directo.
• Delitos de odio
Artículo 510. Se castigan más actos de intolerancia: aumenta el número de conductas y se introduce la responsabilidad de personas jurídicas y asociaciones sin personalidad jurídica.

Se reintroduce la Ley de Supuestos

La nueva Ley del Aborto será aprobada, previsiblemente, “antes de que termine el mes de octubre”, sin embargo, ésta es la quinta fecha que Gallardón da para su entrada en vigor. Mientras países anclados en legislaciones anacrónicas –como es el caso de Irlanda, un país históricamente adherido a la religión católica, que dio un paso adelante incluyendo en julio en su legislación el derecho al aborto en caso de que la mujer corra peligro físico o mental-, España da pasos atrás con la sustitución de una Ley de Plazos en favor de otra de Supuestos. Antes de su aprobación, el día 28 de septiembre, varios colectivos feministas han convocado manifestaciones “Por el derecho al aborto. Nuestros cuerpos, nuestras vidas” en el contexto de una movilización internacional por el derecho a decidir.

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA | Leer artículo original aquí…

Todo lo que nunca quiso saber sobre el copago judicial

16 de abril de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Guía para conocer las tasas judiciales

Desde el mes de noviembre, cuando entró en vigor la Ley 10/2012, ha habido un bombardeo informativo en torno a la cuestión de la aplicación de tasas en procedimientos judiciales que hasta entonces eran gratuitos. Se paralizaron los pagos de tasas por falta de formularios en las instituciones públicas, se detuvieron en algunas comunidades autónomas para evitar duplicidades de liquidaciones, y el Gobierno ha intentado recular en algunas cuestiones concretas, para disminuir la presión a la que el Ministerio de Justicia se estaba viendo sometido. Pero, ¿en qué se ha quedado la aplicación de tasas?

La nueva política de pago de tasas judiciales abre el abanico de pagadores y provoca un incremento del gasto por parte de los ciudadanos. Hasta ahora sólo las personas jurídicas con una facturación de más de diez millones de euros estaban obligadas a pagar las tarifas en procedimientos judiciales. A partir de la nueva ley, las personas físicas con más de 15.000 euros percibidos anualmente tendrán que pagar la misma cantidad que las empresas con facturaciones millonarias.

¿Cuánto pagaremos?

La cuota de liquidación en procedimientos jurídicos oscilará entre los 150 euros en procesos verbales y cambiarios de jurisdicción civil, y los 1.200 para los recursos de casación, tanto en el ámbito civil como en el contencioso-administrativo: unas cuotas muy altas si las comparamos con otros países europeos.

Estarán sujetos a estas tasas todos los procedimientos de jurisdicción de lo contencioso-administrativo, lo social y lo civil –pero no los procesos penales– con algunas excepciones: solicitudes de concursos voluntarios por los deudores, juicios monitorios y demandas de juicios verbales de menos de 2.000 euros, recursos de lo contencioso-administrativo por parte de funcionariado público, recursos de lo contencioso-administrativo cuando sean por silencio o inactividad de la Administración pública, procesos relacionados con la custodia de hijos menores y, por último, procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. El último real decreto que modificaba esta ley incluye además otras exenciones tarifarias: las separaciones y divorcios llevados a cabo por mutuo acuerdo –los que sean sin acuerdo pagarán una tasa de más de 150 euros–; los procedimientos de desahucios y todos aquellos impuestos por víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos. Además, se han reducido las cuantías en primera instancia, las tarifas en procedimientos laborales para todos los trabajadores –incluyendo a los funcionarios– y las de reclamaciones en materia de consumidores.

Estas nuevas tasas judiciales deberán pagarlas ya no sólo las personas jurídicas –entes, organismos, empresas, etc.– sino que pasan, por vez primera, a ser soportadas también por personas físicas, siempre que se perciban más de 14.900 euros anuales por unidad familiar. Además, reciben una rebaja tarifaria del 60% los trabajadores por cuenta ajena y autónomos que interpongan recursos de casación y suplicación en materia social.

¿Qué se hará con ese dinero?

Sólo en dos casos se procederá a la devolución de las tasas: cuando se alcance una terminación extrajudicial en la que se ahorre parte de los costes, y cuando las tasas son acumulativas. En este último caso, se pagan todas las tasas, Justicia se queda sólo con las de uno de los procesos y se devuelven las tasas correspondientes a los demás.

El Estado pretende, con la imposición de estos aranceles, recaudar fondos para, según explican, mantener la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, para esto han tenido que acudir a un sistema de pago utilizado durante el Franquismo, y que ya había sido derogado en los ‘80.

La reforma del CGPJ inclina la balanza hacia el poder legislativo

18 de marzo de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Parlamento asume más control judicial

A finales de 2012 el Ministerio de Justicia aprobó, tras varios meses de negociaciones con la oposición, un anteproyecto de reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debe tener una conclusión final en los próximos meses. En ella se modifican los procedimientos de nombramiento de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para solventar los problemas de “excesiva politización” que se le atribuyen a la ley. El viernes 1 de marzo, se abordó esta cuestión en el Consejo de Ministros y se concluyó con la aprobación del proyecto de reforma, que se remitirá a las Cortes para su puesta en marcha en septiembre.

Tras el desprestigio que el caso Carlos Dívar ocasionó al órgano de gobierno del Poder Judicial de España, debido al escándalo de los viajes privados del expresidente del CGPJ financiados con dinero público, el PP prometió ceder a los jueces la potestad de elegir a 12 de los 20 vocales del órgano, sin embargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consideró que de esa manera no se evitaba la “politización” que había dentro del gobierno de los jueces. Así pues, la propuesta que puso sobre la mesa en diciembre de 2012 daba la vuelta a todo lo prometido en etapa electoral y proponía que fueran las Cortes quienes designaran directamente a los vocales.

La nueva reforma sustituye el anterior procedimiento e introduce el criterio de representatividad, por lo que a partir de su puesta en vigor, las Cortes deberán escoger al menos a tres magistrados del Supremo, tres magistrados con más de 25 años de carrera judicial, a cuatro con menos de 25 años de experiencia y al menos a dos jueces. Hasta entonces, las cámaras no tenían la obligación de incluir en el CGPJ a los jueces no asociados, pero tras la reforma deberán tenerse en cuenta e incluirse proporcionalmente en la conformación del órgano. Otra de las remodelaciones que se incluyen en el anteproyecto es la de reducir el número de firmas necesarias para que los jueces no asociados puedan presentar candidaturas al CGPJ. En caso de ponerse en marcha la ley, precisarían tan sólo de 25 avales de compañeros en lugar de los 100 que se exigen con la ley hoy vigente.

Críticas de dentro

Como lleva ocurriendo en numerosas ocasiones desde que el Partido Popular empezara a gobernar, los colectivos judiciales han mostrado su desacuerdo también con esta reforma. Las agrupaciones de jueces sufrirán, con esta nueva ley, una pérdida sustancial de influencia a la hora de la toma de decisiones, influencia que pasará directamente a los miembros de las Cortes. La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) considera que la cesión de la designación de los vocales a las Cortes Generales lo único que consigue es “subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo”. Joaquim Bosch, portavoz de JpD, cree que las justificaciones de Gallardón para llevar adelante esta reforma no son aceptables, ya que pierden de vista la limitación de la división de poderes y sólo obedecen “a un intento de acumulación de poder por parte del Ejecutivo”.

La recomendación que se introduce de designar parte del CGPJ a tres magistrados del Tribunal Supremo y a otros tres con más de 25 años de experiencia en la carrera judicial también ha levantado numerosas críticas. A pesar de que Ruiz-Gallardón considera necesario constituir un “gobierno de los jueces más veteranos”, ha sido advertido de que esa “gerontocracia” crearía una fractura en la toma de decisiones, debido principalmente a la pérdida de percepción real de personas que llevan más de 25 años sin ejercer su profesión en un juzgado. La Asociación Profe­sional de la Magistratura, de carácter conservador, ha criticado una ley que “atenta contra independencia judicial” al reducir los medios con que cuenta el CGPJ y permitir el ejercicio privado simultáneamente a la vocalía en el órgano.

La reforma, que se encontraba en proceso de negociación con el PSOE, fue finalmente aprobada el pasado viernes 1 de marzo en el Consejo de Ministros, e introduce además algunas otras modificaciones. Entre ellas, el Ministerio de Justicia opta por la reducción de costes, ajuste que se podría plasmar en la nueva norma en forma de procedimientos acordes con la constancia a efectos de la ley de transparencia de las retribuciones de los miembros del CGPJ o la suspensión de incompatibilidad de cargos, salvo en los cinco altos cargos. El proyecto también incluiría modificaciones como instaurar la obligatoriedad de poseer la titulación de Derecho para acceder a los concursos meritorios para los diferentes puestos.

Resumen en un minuto

20 juristas nombrados por el Parlamento: Cada cámara parlamentaria escogerá diez vocales del CGPJ, cuatro serán juristas “de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional” y otros seis se elegirán en función del turno judicial.

Las Cámaras asumen más control: Hasta ahora, cada cámara escogía seis de entre 36 candidatos propuestos tanto por las asociaciones de jueces, como por jueces no asociados. A partir de la reforma todas las candidaturas se enviarán al Parlamento.

Reducción de comisiones: La Comisión Permanente del CGPJ, formada por el presidente y seis vocales, asume las competencias de 15 comisiones que desaparecen. La Comisión Permanente será rotatoria en el caso de los seis vocales.

Menos vocales con dedicación exclusiva: La dedicación exclusiva se limita a  a los seis miembros de la Comisión Permanente, al presidente y al vicepresidente del Supremo. Esto ha sido criticado por el riesgo de que se produzcan incompatibilidades.

Cuenta atrás para el Código Penal

Mientras la reforma del Poder Judicial comienza ahora su andadura, el proyecto de reforma del Código Penal apura fases hasta su aprobación, prevista para la segunda mitad del año. Además de la prisión permanente revisable, el anteproyecto incluye la supresión de las faltas y la ampliación de los supuestos de atentado y resistencia a la autoridad. Otro de los puntos conflictivos es el que modifica el artículo 318 bis del Código Penal, que contempla la petición de penas de cárcel para aquellas personas “que lleven a cabo actos de solidaridad con las personas en situación administrativa irregular”, según denuncia la plataforma recién creada Salvemos la Hospitalidad. El propio CGPJ emitió en enero un informe no vinculante que pone en cuestión la constitucionalidad de la reforma de Gallardón.

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