Una ‘vuelta al cole’ sin ayudas y con libros deficientes

30 de septiembre de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Aterrizaje caótico de la LOMCE en los libros de texto

Siete reformas en democracia no han sido capaces de satisfacer las necesidades de la educación española. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida como ‘Ley Wert’, ha entrado en vigor en septiembre. Se trata de una reforma que ha convertido la última “vuelta al cole” en un momento más duro de lo que ya lo es habitualmente. La desaparición de las becas para libros de texto en prácticamente todas las comunidades autónomas ha sido el primer golpe que han acusado los hogares y uno de los que más protestas ha generado. En Madrid, las becas directas para libros se han sustituido por un sistema de dotaciones económicas que se entregan directamente a los centros, pero éstas son muy inferiores. Ángel Álvarez, profesor de 5º de Primaria, se une a las críticas contra la nueva ley del ministro y desde su centro, el colegio bilingüe Rosa Chacel, en Collado Villalba, denuncia que “el dinero global que la Comunidad destina a la ayuda para libros ahora es mucho menor”. Álvarez no puede más que lamentar esta situación, y más cuando a estas alturas, con el curso empezado, no han llegado más que el 40% de las subvenciones que debería haber recibido el colegio.

Los hogares no sólo se ven abocados a tener que apretarse aún más el cinturón tras perder las becas si quieren hacerse con los libros, sino que, además, la Ley Wert consiguió que se modificaran los contenidos de más de 180 asignaturas. Aunque para este curso 2014-2015 son sólo tres los cursos en los que se implanta la ley –1º, 3º y 5º de Primaria–, Educación ha conseguido aumentar todavía más los costes que deberán afrontar los padres. Y, paradójicamente, a pesar de que la nueva reforma beneficiaría, según el Ministerio, a los propios alumnos y a las familias, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos siente que esta ley se ha redactado sin tener en cuenta la opinión de ninguno de ellos.

Si se hiciera caso a la nueva regulación, todos los libros de estos tres cursos –y de los cursos iniciales de la Formación Profesional, donde también se implanta la Lomce durante el curso 2014-2015– deberían ser nuevos. Aun así, Álvarez asegura que “en Madrid están permitiendo usar libros de cursos anteriores” en determinadas asignaturas, como Lengua o Matemáticas, donde el contenido es prácticamente igual al de anteriores ediciones. Como también asegura la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), “otras comunidades autónomas, algunas incluso del mismo partido que el Gobierno [el Partido Popular], han recomendado a los centros no cambiar los libros de texto y reutilizar los del curso anterior”.

La Ley Wert ha supuesto que se modifiquen los contenidos de más de 180 asignaturas

En este contexto, Paula, madre de dos pequeños de cuatro y siete años, lamenta que estén cambiando “cada dos o tres años” los libros, ya que a sus hijos no les será posible compartir material escolar. “Cada año en libros de texto te puedes gastar más de 200 euros, sin contar con los cuadernos, lapiceros, estuches, etc.”, critica. Y no todas las familias pueden permitírselo. “En Historia, por ejemplo, podría entender que se cambiaran los libros cada diez años, porque van cambiando las cosas, pero no tiene sentido cambiar los libros de un año para otro, no es necesario”, lamenta. Por ello la CEAPA ha mostrado su “más profundo rechazo” a la compra de nuevo material, una medida que califica de “innecesaria, injustificada e inmoral”, ya que existen “toneladas de libros utilizables en los centros” y la situación de muchas familias no les permite afrontar un gasto que puede “parecer pequeño pero que supone un importante esfuerzo”. Asimismo, consideran que es una reforma que sólo beneficia a las empresas editoriales.

Otro de los problemas de la modificación del contenido de los libros de texto es el tiempo: las editoriales han tenido que sacar el material en tiempo récord y no en pocos lugares no han llegado a tiempo. Los libros de los hijos de Olga, funcionaria residente en Madrid, no llegaron a tiempo, a pesar de haberlos encargado en junio. “Las editoriales han hecho pocos libros porque no se sabe qué va a pasar con esta ley en el futuro, y no quieren que sobren libros”. Álvarez, por su parte, asegura que en su centro se han encontrado con el material “recién sacado” en septiembre, cuando en general pueden hacerse con el material desde junio y que incluso en una de las nuevas asignaturas, Valores Éticos, los libros no han llegado a la escuela.

Comunidades del PP han recomendado a los centros no cambiar los libros y reutilizar los del curso pasado

Sin embargo, según Ángel Álvarez, de CC OO, “los contenidos, en general, prácticamente no varían nada y, además, han tenido despistes muy gordos en la elaboración del modelo”. “En el área de Sociales, en el nuevo currículo sostienen que 1898 fue el año en que España perdió las colonias americanas. Ese año sólo se perdió Cuba, el resto se habían perdido antes, desde 1810”, comenta el profesor, que cree que lo peor de la Lomce es “la sensación de chapucería que ha presidido la redacción en cuanto a aspectos pedagógicos”. Además, “la programación didáctica” ha sido desastrosa. “Lo primero que debe estar en el desarrollo curricular son los objetivos. No se puede trabajar sin objetivos, pero esta ley no los tiene, se centra directamente en los contenidos”, añade. La sensación de haber hecho una “chapuza” también la tienen desde Marea Verde Aragón, quienes han denunciado “la incompetencia de la Consejería en la elaboración del nuevo currículo (…), que es un mero ‘corta y pega’ de documentos de otras comunidades”. Además del plagio, el colectivo educativo aragonés ha denunciado la “desigual concreción de contenidos” en el currículo y falta de coordinación entre los responsables.

Las ayudas a comedor también se recortan

Las becas de comedor han sufrido el mismo recorte que las ayudas para libros, con la eliminación del sistema de dotación de ayudas directas. En un contexto en el que lamentablemente “muchos niños sólo hacen una comida completa en el colegio” pierden, con esta nueva ley, ese derecho. Según denuncia el maestro de Primaria Ángel Álvarez, este recorte es muy perjudicial en especial en “zonas deprimidas socialmente”. “Nosotros teníamos unos 80 niños entre Infantil y Primaria en el comedor. Este año, sólo nos hemos quedado con 20”, lamenta este profesor.

Privilegios a la propaganda religiosa

Este año nace la asignatura de Valores Éticos, un batiburrillo de Religión, Educación para la Ciudadanía, Ética o Alternativa a la Religión; y se desdobla en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales lo que hasta ahora era Conocimiento del Medio. Mientras padres y madres se rascan el bolsillo, otras asignaturas se convierten en objeto de ayudas autonómicas. El Govern, por ejemplo, ha decidido poner en marcha una subvención de hasta 900.000 euros para material que fomente la “cultura religiosa”, eso sí, en instituciones y organizaciones de carácter religioso.

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Los tribunales obligan al Estado a revalorizar las pensiones

19 de julio de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | Un tribunal de San Sebastián falla a favor de dos ciudadanos

En diciembre, el Partido Popular (PP) incumplió una promesa electoral. En esta ocasión se trataba de las pensiones: el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha repetido en numerosas ocasiones que no tocaría estas prestaciones. “De todas las partidas de presupuestos hay una que no hemos querido recortar, y es la de las pensiones”, afirmaba el popular ante los micrófonos de Onda Cero. “Mi primera prioridad es mantener el poder adquisitivo de las pensiones”, recalcaba en una entrevista concedida al diario El País.

Sin embargo, el 30 de noviembre el Gobierno aprobó un decreto-ley en el que recogía, entre otras medidas, la no actualización de las pensiones con la desviación del IPC interanual. Este decreto provocaba que las pensiones no fueran revalorizadas en base al IPC, es decir, que se mantuvieran estáticas a pesar de la subida de impuestos de 2011, obligando a las personas que cobran pensiones a disminuir considerablemente su poder adquisitivo.

“El pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222 euros” Tras una serie de manifestaciones de descontento popular, el Gobierno rectificó a medias y añadió una concesión a los pensionistas: se seguirían sin actualizar las pensiones en función del IPC, pero aquéllas cuya cuantía fuera superior a mil euros se revalorizarían en un 1% y las inferiores a esa cantidad, en un 2%. Este decreto fue finalmente publicado el 28 de diciembre de 2012, y aplicado a los presupuestos del año vigente.

El año 2013 comenzó para los pensionistas con una bajada de las pensiones catastrófica: el IPC interanual al mes de noviembre –la fecha establecida para realizar el cálculo de actualización– era del 2,9%. La diferencia de valor ha provocado pérdidas que a final de año se han materializado en cantidades entre los 97 y los 385 euros, según datos del Gabinete Técnico Confederal de UGT a partir de los datos del Ministerio de Empleo. En condiciones normales, los perceptores deberían haber recibido esa diferencia como compensación por la desviación de precios. No obstante, “el pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222,45 euros”, según los datos del informe sobre la revalorización de las pensiones elaborado por el sindicato UGT, cuantía que tampoco recibió ese pensionista medio.

Asimismo, la revalorización de su pensión para 2013 debería haberse realizado sobre ese 2,9%, sin embargo, al hacerla sobre el 1% o el 2% –según la cuantía de la pensión percibida– en tan sólo dos años la merma del poder adquisitivo ha sido doble: la pérdida de la compensación del año 2012 y la pérdida de revalorización para 2013.

Las pensiones a tribunal

Varios tribunales han fallado a favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en San Sebastián, falló a mediados de junio a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013 de acuerdo al valor de los impuestos al consumo, y obligó al Gobierno a pagar a ambos “una paga única compensatoria por el desvío del IPC durante 2012 calculada sobre un 2,9%”, así como a proceder a la “revalorización de su pensión para el año 2013 sobre un 2,9% de la percibida el año anterior”. La Federación Metal, Construcción y Afines de UGT (MAC-UGT) manifestó entonces su acuerdo con la sentencia y declaró que esperaba que se abriera así “el camino a que se les reconozca a todos los pensionistas” su derecho legítimo, sustraído tras la publicación del decretazo.

Varios tribunales han fallado a favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en San Sebastián, falló a mediados de junio a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013 El pasado 5 de julio, otro tribunal, en este caso de Burgos, falló a favor de 25 vecinos de la provincia, quienes verán revalorizadas sus pensiones en base al 2,9% del IPC interanual y recibirán de la Tesorería los atrasos correspondientes.

También a mediados del mes de junio otro ciudadano de Barcelona presentó su demanda, apoyado por el Col·lectiu Ronda, organismo en defensa de los trabajadores y su protección social, contra la decisión del Gobierno de no revalorizar su pensión. Antes del juicio, que fue archivado a la espera de sentencia en el plazo máximo de un año, una veintena de pensionistas presentaron sus propias demandas.

Fundamentación legal

Que las demandas hayan llegado a buen puerto es signo de que el decreto-ley aprobado por los populares tiene algo de irregular. UGT ha recalcado, con el apoyo de los fallos de los tribunales, que el decretazo es contrario al artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, que implica que “las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, será revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año”.

La ultraactividad de los convenios entra en barrena

La reforma laboral del Gobierno de Rajoy daba un año de límite para que los convenios pendientes de renovación se prorrogaran de forma automática. La fecha límite llegó el lunes 8 de julio, y con ella cerca de 1.324 convenios que afectan a 1,8 millones de personas quedan en el aire, según datos de CC OO y UGT.

El aumento previsible de la conflictividad —y de los casos llevados a los tribunales— llevó a los sindicatos de concertación y a las patronales a firmar el 23 de mayo un acuerdo confederal. No obstante, como ha dicho un representante de la patronal CEOE, el acuerdo no es sino “un código de buenas prácticas en las mesas de negociación”.

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Nuevo varapalo a la Ley de Dependencia

29 de mayo de 2013 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Partido Popular incumple más promesas: a los 1.100 millones recortados deben añadirse dos nuevos decretos reales en materia de dependencia que está previsto que se pongan en marcha este año.

Las reformas propuestas y puestas en marcha por el Partido Popular (PP) han eliminado de forma drástica la mayoría de las garantías sociales de la ciudadanía. Parecía que  la Ley de Dependencia iba a sufrir su peor momento durante 2012, con la introducción del copago, la desaparición de las subvenciones en las cuotas de los cuidadores, los recortes de entre el 15% y el 90% en las prestaciones y la nueva regulación de grados de dependencia. Sin embargo, a menos de cinco meses del comienzo del nuevo año, la situación parece empeorar ya que, durante 2013, el PP pretende recortar 1.108 millones de euros sólo en materia de Dependencia.

1.100 millones

A golpe de Real Decreto, la Ley de Dependencia sufre una estrategia por parte de los populares que, según la secretaria del Fórum de Política Feminista, Begoña San José, intenta “dinamitarla sistemáticamente”. El Programa Nacional de Reformas de 2013, publicado el pasado 30 de abril, prevé la puesta en vigor de nuevos decretos reales que, junto a los aprobados durante 2012, suponen la pérdida de la mayor parte de las garantías sociales ofrecidas a las personas dependientes. En el programa de reformas se propone el incremento de “en torno al 5%” de los costes que deben aportar los beneficiarios de los servicios de dependencia, así como dos nuevos decretos con los que, presuntamente, se ahorrarán casi 500 millones de euros más durante el próximo año 2014.

Desde el Partido Popular han intentado explicar que esos más de 1.100 millones de euros no forman parte de un nuevo recorte, sino que responden a las medidas acordadas con las comunidades autónomas, que se empezaron a aplicar durante el verano de 2012 y que continuarán hasta finales de 2014. El tijeretazo ha sido disfrazado por el Gobierno popular como una medida de ahorro prometida a Bruselas; no obstante, la desinformación provoca que los cálculos de los que habla el Ejecutivo de Mariano Rajoy no coincidan con la realidad: el aumento de alrededor del 5% que los beneficiarios deberán aportar a los costes de los servicios no es suficiente para alcanzar ese ahorro de 1.108 millones de euros.

El secretario de Estado para Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, también ha asegurado que el que se haya puesto en marcha un recorte de más de mil millones de euros en Dependencia “es rotundamente falso”, ya que es lo que prevén ahorrar hasta 2014. Casi la mitad de esa cantidad, 527 millones de euros, explica Moreno, “se lo ahorran las comunidades autónomas, y en especial la Junta de Andalucía”. Moreno afirma que esta reforma ya está empezando a dar frutos, ya que ha aumentado el número de beneficiarios y que, según explica, el Gobierno garantiza la asistencia “a aquel que más lo necesita, a ese gran dependiente que muchas veces está postrado en una cama las 24 horas del día”. Esta afirmación choca con la realidad, ya que no son pocas las situaciones que, desde que se iniciaron los recortes, han empeorado drásticamente: Dolors Carrasquilla, vecina del Port de Sagunt (Comunitat de València), lleva más de dos meses encadenada al Palau de la Generalitat tras haberse visto afectada por una reducción del grado de invalidez que sufre por causa de una enfermedad crónica y que la mantiene postrada en una silla de ruedas. La Sanidad valenciana también fue la encargada de retirar una prótesis a Adrián García, de 23 años, por no poder pagar los 152 euros que costaba. No sólo los valencianos sufren las consecuencias de los recortes en Dependencia: en Galicia, más de 14.000 cuidadores familiares perderán las prestaciones. La rebaja en las subvenciones por parte del Gobierno central, incrementada considerablemente por parte de las comunidades autónomas –y especialmente por las gobernadas por el PP, como Valencia o Galicia– es la culpable de que la aplicación de la Ley de Depen­dencia empiece a ser insostenible.

Las mentiras

El 21 de marzo el INS comunicó a Dolors que no revisará su caso y no recuperará la condición de gran invalidez

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con Ana Mato al frente, ha asegurado que no endurecerá estas medidas “ni este año, ni el que viene, ni después”; sin embargo, en el Programa de Reformas ya se plantean tres nuevos decretos que se aplicarán a lo largo de 2013 y 2014 y que, al contrario de lo que prometen, sí empeorarán la situación de la Depen­dencia en el Estado. Este último gran recorte supone un enorme varapalo a la Dependencia, y ha sido recibido con sorpresa incluso por comunidades populares, como la de Castilla y León, donde recuerdan que no tienen previsto “ningún ajuste en dependencia para conseguir ahorro” y que las aportaciones de los usuarios, fijadas el pasado año, se mantendrán.

Desde el primer tijeretazo a la Ley de Dependencia en 2012, los populares no han dejado de intentar justificar sus reformas. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Asuntos Sociales, Susana Camarero, defendió el pasado mes de julio los recortes en Dependencia escudándose, como ya es habitual, en la mala gestión del Gobierno socialista e intentando promover la idea de que el objetivo de la reforma era “hacer la Dependencia más sostenible y perdurable en el tiempo, y garantizar la viabilidad de las prestaciones”. Sin embargo, Mariano Rajoy ya había puesto en duda la sostenibilidad de la Dependencia incluso antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno “Realmente hoy no [es viable]. Lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda”; así contestaba en una entrevista publicada por el diario El País en noviembre de 2011. El Partido Popular incumple, una vez más, una de sus promesas y provoca que la insostenibilidad de la Ley de Dependencia de la que hablaba hace ahora un año y medio esté causada por sus constantes recortes en garantías sociales.

La Rioja recorta sobre el recorte en dependencia

El Gobierno de La Rioja “ha suavizado las incompatibilidades de Dependencia”, según el consejero de Servicios Sociales, José Ignacio Nieto. Esto se traduce en un recorte en Dependencia en esta Comunidad, dirigida por Pedro Sanz, del PP, que se une al recorte de diez millones en el presupuesto para 2013. Sin previo aviso, el Gobierno de Sanz publicó en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), un recorte del 50% en partidas como la ayuda a domicilio y la prestación por cuidados en el entorno familiar, además de establecer criterios restrictivos como la imposibilidad de desempeñar un trabajo a tiempo completo si se solicita la prestación por dependencia.

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Recogido también en Agencia de Noticias de Aragón Ara Info, en Rebelion.org, en Afate (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Tenerife) en Cyclopaedia.