El Gobierno aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana con algunas recomendaciones de AI, Oxfam y Greenpeace

11 de julio de 2014 | LAINFORMACION.COM | Titular original: El Gobierno no incluye la mayor parte de las recomendaciones de AI, Oxfam y Greenpeace en su Ley Mordaza (Cambio por exigencia de la dirección del medio)

Este viernes el Gobierno ha aprobado la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ‘Ley Mordaza’, una ley que ha sido muy controvertida. Ha levantado ampollas desde que se anunció, el pasado mes de noviembre, y la polémica se ha enfocado en la serie de conductas que pretende sancionar. No obstante, fuentes del Ministerio confirmaron, antes de presentarla en Consejo de Ministros, que se habían incluido algunas de las recomendaciones de los diferentes órganos consultivos, entre ellos organismos como Amnistía Internacional, Oxfam Intermón o Greenpeace.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido el encargado de presentarla. Entre las medidas aprobadas se encuentran la regularización de las identificaciones, que dejarán de ser indiscriminadas y por razones étnicas, las retenciones, que pasarán a tener una duración máxima de seis horas o las contramanifestaciones o cualquier tipo de intento de impedir una manifestación, que serán sancionadas.

En la medida que regula las retenciones y las limita a seis horas, por ejemplo, Fernández Díaz ha asegurado que ha escuchado las recomendaciones de organismos de la sociedad civil. “Se dirigieron a nosotros, pudieron vernos les atendimos y, efectivamente recogimos algunas de sus observaciones”, explicó. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la expedición de un volante acreditativo que demuestre a las personas retenidas “a los efectos que proceda”, la aplicación del principio de proporcionalidad como respuesta a la petición para que la disolución de las manifestaciones “sea la última medida que se tome” y el principio de no injerencia en cuanto a los cacheos e identificaciones.

En este sentido, los tres organismos, Greenpeace, Oxfam Intermón y Amnistía Internacional, han considerado positivo el hecho de que se hayan incluido, según un comunicado expedido por los tres órganos conjuntamente a propósito de la ley, las recomendaciones sobre el principio de no injerencia y el de proporcionalidad. También han considerado positivo que la disolución sea la última medida que se tome en las protestas y el hecho de que no se haya aumentado la cuantía de las multas.

No obstante y aunque todavía van a analizar el texto con detalle, han lamentado el hecho de que “el Ministro no haya mencionado o no haya incluído aspectos que son fundamentales como la introducción de mecanismos de control de la actividad policial y de rendición de cuentas. Tampoco se ha hecho mención  al uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad o a cómo queda el aspecto de las infraestructuras críticas o la infracción de escalamiento”, han añadido.

Además Greenpeace, una de las organizaciones que ha emitido sus recomendaciones, junto a Amnistía y Oxfam Intermón, considera que el Gobierno ha cumplido poco. “Ha matizado que muchas de las demandas que nosotros hicimos coincidían con recomendaciones que han hecho otras instituciones“, asegura Sara del Río, en referencia a las recomendaciones que sí se han tenido en cuenta. “El texto se ha modificado porque se han detectado muchas irregularidades y defectos de forma. Entendemos que han escuchado nuestras demandas pero la gran mayoría, en el caso de Greenpeace, no han sido incluidas“, añade.

Del Río ha remarcado que, aunque sí se ha modificado la norma desde el texto original, presentado el pasado mes de noviembre, “esta nueva ley de seguridad incluye conductas vinculadas a la conducta pacífica que serán sancionables” como la protesta que la misma organización ha llevado a cabo esta mañana, subiéndose al faro de la Moncloa, y “para los movimientos sociales, sigue siendo una ley represora”. Así, como consecuencia, han convocado, junto a la organización No somos delito una protesta a las 19:00 de la tarde en la plaza de Colón.

En cuanto a la ley, Del río ha remarcado que pocas diferencias ha habido en la rueda de prensa de este viernes con la de la presentación de la norma, en noviembre. “Es el mismo discurso del día que mandó el primer texto, a pesar de que ha sufrido serias modificaciones, porque estaba cargado de errores”, ha explicado.

“Pero el mensaje sigue siendo el mismo, lo que quiere es repetir el discurso de argumentar y justificar una ley (que sirve) para poner pegas y dificultar la protesta pacífica”, ha lamentado Del Río.

El sólo hecho de que se haya aprobado ya ha levantado la ira de Greenpeace, que considera que “esta ley no responde a una necesidad” por lo que “no tiene sentido”. “Para nosotros el problema está en la ley en sí”, asegura Sara del Río, portavoz de Greenpeace. En este sentido, también han denunciado que no hayan recibido el texto final antes de presentarse en el Consejo, algo a lo que se había comprometido el Consejero de Estado. “Fue una de las primeras cosas a las que se comprometieron, compartir con los órganos el texto final, y no lo han hecho”, asegura. Por eso no han podido conocer el contenido de la reforma hasta la rueda de prensa que se realizó después del Consejo.

Desde Greenpeace aseguran que, aunque incluyan algunas de las recomendaciones, la medida en sí “sigue siendo un texto represivo” porque “maximiza un riesgo que no existe”. Asimismo, han denunciado también que la ley está basada únicamente en la prevención, hasta el punto de que “se permiten redadas cuando hay sospechas de que alguien puede cometer una infracción”.  Así, han denunciado que esta nueva norma “está más centrada en reprimir las manifestaciones que en mantener la seguridad internacional”.

¿Cuáles fueron las recomendaciones de estos organismos?

Amnistía Internacional, Greenpeace, y Oxfam Intermón fueron algunos de esos órganos que presentaron sus propuestas al jefe del gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, recomendaciones éstas no sólo a la Ley Mordaza sino a todo el paquete de medidas de austeridad.

Una de las medidas que forman parte del decálogo que presentaron las tres organizaciones es la que hace referencia a esta nueva Ley Mordaza y piden, concretamente que se garantice que “ni la reforma del Código Penal ni la reforma de la Ley Ciudadana limiten el derecho a la manifestación pacífica de manera injustificada y contraria al Derecho internacional”.

Las tres organizaciones y, en mayor medida, Greenpeace, que ha realizado numerosas acciones desde que se planteó el proyecto de ley, siendo la última este mismo viernes, durante la mañana previa a la presentación de la reforma en el Consejo de Ministros, consideran que se ha producido un uso excesivo de la fuerza y los malos tratos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Desde la organización han lamentado que las denuncias interpuestas en estos casos no hayan sido investigadas de forma exhaustiva, imparcial y efectiva. En este sentido, la recomendación de los organismos fue que se garantizasen estas investigaciones, se hiciesen públicas y se garantizasen los procedimientos disciplinarios y penales si fuera necesario contra los agentes.

Asimismo, también denunciaron el hecho de que se sobreseyeran procesos judiciales por la falta de identificación del policía “a pesar de haber quedado constatada la agresión” y que no se hayan hecho públicos los resultados “de las investigaciones internas a agentes en el marco de las cargas policiales ocurridas tras la manifestación frente al Congreso del 25 de septiembre”.

En este sentido, las tres organizaciones también pidieron que la Policía llevara la debida identificación de manera visible, como ya exige la Ley para evitar que se repita la posibilidad de que se cometan abusos sin poder rendir cuentas.

Además, habían pedido que se llevaran a cabo medidas concretas y contundentes para evitar estigmatizar a determinados colectivos, como ocurre con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a la que han acusado de pertenecer a “organizaciones filoetarras” o de “utilizar prácticas nazis”.

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Uno de cada seis jóvenes en España no estudia ni trabaja

10 de julio de 2014 | LAINFORMACION.COM | Casi 700.000 jóvenes de menos de 25 años no estudian ni trabajan pero el 79% de ellos están en busca activa de empleo.

Uno de cada seis jóvenes en España ni estudia ni trabaja, es decir, que encaja en la llamada categoría de los ‘ni-nis’, mientras que antes de la crisis éstos apenas suponían uno de cada diez, según un informe de Asempleo y Analistas Financieros Internacionales (AFI).

No obstante, aunque las cifras de desempleo juvenil son dramáticas,desde Asempleo han indicado a Lainformacion.com que el objetivo de este informe no es “criminalizar a los ninis“, esa categoría de jóvenes comprendidos entre los 16 y los 24 años que ni estudian no trabajan. De hecho, de todos los desempleados incluidos en esta categoría, casi el 80% están en busca activa de empleo, es decir, en situación de actividad, una cifra que ha aumentado con los años.

Los inactivos, en porcentaje, han disminuido desde que comenzó la crisis”, aseguran desde Asempleo. “Es decir, cada vez más jóvenes están buscando empleo, cada vez más quieren trabajar”, añade. Sin embargo, “el mercado no es capaz de ofrecerles empleo”, por eso España tiene una de las cifras más altas de desempleo de la Unión Europea, con un 55,5%.

No es de extrañar que los jóvenes hayan decidido “activarse” y buscar empleo si se tienen en cuenta el resto de datos que arrojan las encuestas y sondeos anteriores.

El último informe del grupo de recursos humanos Randstad sobre el tiempo de búsqueda de empleo, concluye que el número de personas que lleva más de dos años en búsqueda de empleo se ha multiplicado por diez durante los últimos seis años. Por otro ladoel número de hogares con todos sus miembros activos en paro subió en el primer trimestredel año en 53.100, lo que supone un 2,7% más que en el trimestre anterior, hasta situarse en 1.978.900.

Así, estas podrían ser algunas de las razones por las que los más jóvenes de las familias se ven forzados a buscar trabajo.

Uno de cada seis jóvenes no estudia ni trabaja, pero busca

Al cierre del primer trimestre del año, había en España 697.073 jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan. De ellos, el 79% son parados que no se están formando pero sí están buscando activamente un empleo, y el 21% se encuentra en la actividad, esto es, que ni estudia ni trabaja ni busca empleo.

Según este informe, la gran parte de estos jóvenes inactivos (dos de cada tres) asegura estar desempeñando labores del hogar, por lo que su situación de inactividad no se debe, por ejemplo, a una incapacidad permanente sobrevenida o a la realización de tareas de voluntariado, sino al “desánimo generalizado” o a su escaso éxito en el mercado de trabajo.

El mismo día que Asempleo hacía público este informe, el director general de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Ignacio Calderón, advertía acerca de la idea que se suele transmitir de los jóvenes españoles como unos ninis que sólo hacen “botellón”.

Para Calderón, esta idea lo único que provoca es que la sociedad tome una postura detrás de la cual hay una injusticia y una “irrealidad”. Así lo ha indicado durante la jornada ‘Jóvenes y medios de comunicación: el desafío de tener que entenderse’, que se ha celebrado este jueves en el Instituto RTVE, en Madrid, y que ha sido organizada por el Centro Reina Sofía de la FAD.

Durante la Jornada, la socióloga y miembro de ‘Sociológica Tres’ Elena Rodríguez ha explicado que los jóvenes creen que la imagen que se transmite de ellos es “simplificadora, a base de estereotipos, enfatizando lo negativo”, que se da una imagen aunque “no del todo falsa”, sí “parcial” de ellos y que los estudios “falsean”.

Por ello, Rodríguez considera que tanto las instituciones, como los responsables de los estudios sobre juventud como los medios de comunicación deben entonar el mea culpa. Concretamente, ha indicado que “todos” buscan “titulares sin tener en cuenta la diversidad”.

La experta ha precisado que, según el último Informe de la Juventud en España con datos de 2012, se han producido cambios en la juventud en los últimos años que pueden deberse a la crisis o a un cambio social más general.

Desde un punto de vista estructural, los expertos se han encontrado con que “aumenta el porcentaje de jóvenes que vuelven a estudiar”, con un incremento de la tasa de paro juvenil unida a un empeoramiento de las condiciones laborales; y con una emancipación tardía.

Baleares, Andalucía y Canarias, las comunidades con más ‘ninis’

Según el informe de Asempleo, ocho de cada diez ninis tiene entre 20 y 24 años, más de la mitad son varones y prácticamente tres de cada cuatro son de nacionalidad española. El 70,9% de este colectivo presenta un nivel de formación bajo, es decir, no ha terminado la educación básica, el 20,4% un nivel medio y tan sólo el 8,7% cuenta con un alto nivel educativo.

Por comunidades autónomas, Baleares, Andalucía y Canarias presentan el mayor número de ninis, con más del 20% del total de jóvenes, por encima de la media nacional, situada en el 17,2%. También superan esta media Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con más de un 19% de jóvenes ‘ninis’.

Por norma general, existe un mayor peso de jóvenes que ni estudian ni trabajan en aquellas regiones donde la tasa de paro juvenil está por encima de la media. También la tasa de abandono escolar temprano incide negativamente en este indicador.

Las regiones donde el peso de los ninis sobre el total de jóvenes es menor están encabezadas por País Vasco (10,2%), Cantabria (11,9%), Castilla y León (12%) y Aragón (13%). En Extremadura, Andalucía y Madrid, los ‘ninis’ con bajo nivel de formación superan el 77% del total, mientras que en Cantabria, Navarra y País Vasco los tienen una formación media o alta representan casi la mitad.

De todos los jóvenes en España, dentro de esta categoría de ninis que no trabajan, no estudian pero tampoco buscan empleo sólo se enmarcan en torno a 140.000, una cifra relativamente baja si tenemos en cuenta que entre los 16 y los 24 años, España cuenta con 4.088.204, según el INE.

¿Cuál es la solución al problema de los jóvenes?

Desde Asempleo, esperan que las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para combatir el retraso de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, las altas tasas de desempleo juvenil y, por consiguiente, las implicaciones económicas que éste tiene para el país sean efectivas.

Mientras, los expertos apuntan a dos grandes opcionesseguir formándose o emigrar, no para estudiar sino para trabajar. Antes, según ha explicado Miguel Ángel Rodríguez, subdirector de estudios y programas de la FAD, un 70% apostaba por la primera opción, pero ahora cada vez está “más en boga” emigrar. Concretamente, 700.000 personas han salido desde el inicio de la crisis. Los expertos creen que en los próximos cinco años continuará acentuándose esta tendencia.

Mientras, los expertos indican que el mercado de trabajo español “no conseguirá rentabilizar la formación laboral juvenil” pues “los más cualificados serán absorbidos en su mayoría en empleos por debajo de sus titulaciones”, excepto aquellos formados en sectores emergentes como las TIC o el sector energético, con buen acceso al empleo.

También destacan el paso de un joven “pasota” a un joven “activista comprometido”, algo que revela que los jóvenes “han espabilado”. De hecho, los expertos recomiendan atender y “no ignorar o despreciar” las propuestas de cambio de los jóvenes.

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Una ley de protección del menor que “entra a saco” en la familia

9 de julio de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | Anteproyecto de ley de protección a la infancia

El Gobierno español aprobó, el pasado 25 de abril, el Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia, un texto valorado de manera positiva por algunas organizaciones, como la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf), pero que ha sido tachado de “insuficiente” por gran número de colectivos y profesionales por los derechos de la infancia.

“Lo han dignificado un poco más, aunque siguen aplicando los mismos métodos, pero con más cautela”, asegura a Diagonal Juan Ignacio Ruiz Huerta, exresponsable del Área Social y Trabajo del Defensor del Pueblo, en relación al trato que se dará a los jóvenes con problemas de conducta tras la aprobación de esta ley. Ruiz Huerta participó en 2009 en el informe del Defensor del Pueblo sobre la situación de los menores con trastornos de conducta o en situación de dificultades sociales que llegaba poco después de que, en el centro de menores tutelados de Picón del Jarama, un adolescente que se encontraba aislado en su habitación se quitara la vida. La publicación del informe, en el que se detallaban las deficiencias de los centros de menores, sirvió para que, en cierto modo, se moderase la actuación en estos centros. Según explica Ruiz Huerta, desde entonces “los centros de menores tienen la sensación de que un ojo les vigila constantemente”.

Ruiz Huerta se expresa con dureza sobre la reforma planteada por el Gobierno, de la que afirma que no solventa las carencias de la anterior, sino “todo lo contrario, es más de lo mismo”, asegura. “No se ha aprovechado la oportunidad para hacer una buena ley”, añade. En esta nueva norma, los conceptos de situación de riesgo y situación de desamparo vuelven a estar en un limbo jurídico. Según Ruiz Huerta, en el texto se definen las situaciones de riesgo de forma muy indeterminada, con términos ambiguos como conflicto. “¿En qué familia no hay ningún conflicto? Esta ley permite, además, entrar a saco en una familia y quitar la patria potestad”, señala.

Pobreza y reclusión

Aunque la nueva ley recoge una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que indica que la situación de pobreza no es motivo para quitar la patria potestad, en base a la obligación de los Estados de impulsar la reintegración familiar, y contempla los artículos 18 y 39.4 de la Consti­tución, sobre los derechos de la familia, el texto señala que esta situación de pobreza de padres o tutores “no será en ningún caso la única circunstancia para valorar la situación de desamparo”, dejando la puerta abierta a tomarse como causa cuando la pobreza vaya acompañada de otros supuestos.

Según explica Ruiz Huerta, el trastorno de conducta en menores es un término que, clínicamente, no está aprobado. La Asociación Clínica de Psiquiatría de Estados Unidos lo eliminó como concepto clínico por su “excesiva peligrosidad”. Sin embargo, aunque el término en sí haya desaparecido, el Gobierno español lo recupera en esta reforma y va más allá, denominándolo enfermedad o deficiencia mental.

Una “enfermedad” o “deficiencia” que, en España, no puede ser diagnosticada, dado que la especialidad de psiquiatría infantil no existe en el Estado español. Entonces ¿quién la diagnostica? Ruiz Huerta tiene la respuesta: “Los médicos de los centros de menores”, que obtienen rédito económico por los niños, niñas y adolescentes en este régimen. De hecho, la media de lo que estas instituciones reciben es de 3.980 euros mensuales por niño, una cifra que hace que diagnosticar una “enfermedad” en el niño sea altamente rentable para una entidad amparada bajo la denominación de sin ánimo de lucro. Aunque no todo es negativo, señala este especialista, parece que pocas partes de esta nueva reforma tendrán efectos positivos.

En cuanto a la situación de los centros de menores, aunque con la nueva legislación se necesita una “autorización judicial para ingresar al niño”, la supervisión y la vigilancia acaba cuando el menor entra por la puerta del centro, por lo que será complicado mejorar las condiciones que existen en este tipo de centros, donde se seguirá aplicando, por ejemplo, el castigo de aislamiento. El ingreso en este tipo de instituciones es, también, más fácil con la nueva norma, ya que el período para que los padres recurran una orden por situación de desamparo pasa de los tres a los dos meses en un proceso que, según señala Ruiz Huerta, “debería estar supervisado por el fiscal, pero no lo está; sigue estando sujeto al criterio de la Administración, sin contrastar la opinión de las familias”.

Sin posibilidad de vuelta atrás tras dos años

Redacción
Una de las novedades de la nueva legislación será que, dos años después de que se declare la situación de desamparo del niño, sólo el Ministerio Fiscal podrá impugnar la situación, perdiendo la familia biológica el derecho a pedir que se revoque la decisión. En cuanto a la guardia voluntaria, aquella solicitada por los padres, se limitará a dos años, tras los cuáles el menor deberá volver con su familia biológica o dictarse sobre él una medida de protección estable.

La reforma fiscal de Rajoy, todo un ejemplo a seguir, según ‘The Wall Street Journal’

23 de junio de 2014 | LAINFORMACION.COM | ‘The Wall Street Journal’ cree que Rajoy lo ha hecho mejor que otros dirigentes

El diario estadounidense The Wall Street Journal ha dedicado este lunes un extenso editorial a la reforma fiscal de Mariano Rajoy. El rotativo considera adecuadas las nuevas medidas tributarias impulsadas por el Gobierno español y, especialmente, su apuesta por no subir el IVA, pese a las recomendaciones la Comisión Europea de subir este impuesto indirecto.

Bruselas ha mostrado su malestar por el hecho de que España no haya seguido todas las sugerencias y advertencias que le había hecho para redactar el texto, mientras que desde WSJ creen que el Gobierno de Rajoy se merece “una bonificación por no haber seguido un mal consejo”.

La Comisión Europea pidió este mes a Madrid que ampliase la lista de productos y servicios sujetos al IVA del 21% para recaudar impuestos. Tampoco le hace gracia que los impuestos ambientales de España sean de los más bajos de la Unión Europea y sugirió un gravamen más pesado al diésel.

Sin embargo, Madrid ha ignorado este consejo y, para el diario, ha tomado una buena decisión determinando que una economía en crecimiento es más importante que el hecho de que el déficit presupuestario esté en el 4,2% o el 4,8% del PIB el próximo año.

Por otro lado, la “racionalización del sistema” asociada a la reforma fiscal haría que se reduzca el mercado negro “más rápido de lo que lo haría cualquier inspector de fraude“. Sobre la rectitud fiscal, WSJ asegura que el Gobierno de Rajoy “lo ha hecho mejor que muchos otros”: gracias a la congelación de salarios de los funcionarios, medida que se puso en marcha a poco de que el presidente accediera al cargo, las pensiones públicas se han descolgado de su índice de inflación.

Así, también ha llevado a cabo medidas impopulares y austeras que, no obstante, para este periódico han sido “beneficiosas” ya que han ayudado a “impulsar el gasto público hasta el 44,8% en 2013 desde el 46,% de 2010, aun cuando la economía se había contraído”, mientras el gasto medio de la zona euro equivalía al 49.7% del PIB, 0,7 puntos porcentuales por debajo.

Para el diario no hay duda: todavía queda mucho por recortar. El WSJ no cree que haya demasiados españoles que “echen de menos la DIrección de Infraestructuras Deportivas y Gestión Económica” y la reforma laboral “todavía está a medias” ya que “empleadores y empleados permanecen encadenados” ante las protecciones de los trabajadores no negociables que, según el diario, limitan la movilidad laboral y hacen que sea más difícil para los trabajadores españoles encontrar nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, la reducción de impuestos de Rajoy ha supuesto, para WSJ, un paso más en la dirección hacia el crecimiento, dando portazo a los que creían que las políticas de crecimiento requieren un mayor gasto público en lugar de la de la reducción de impuestos que, combinada con incentivos a la inversión, las reformas laborales y de pensiones, sí favorece el crecimiento. Para el WSJ, “otros países europeos se ayudarían a sí mismos si siguieran el ejemplo de España“.

Sólo un pero a la reforma de Rajoy

Sólo una pega le pone el diario estadounidense The Wall Street Journal a la reforma fiscal de Mariano Rajoy: el umbral de ingresos para la tasa impositiva. Un umbral que ha pasado hasta los 60.000 euros desde los 300.000 y que supondrá que personas con ingresos medios acabarán pagando más, a pesar de haber reducido los impuestos.

Según el diario, esto no tiene sentido más que como una “forma contraproducente de compensar la pérdida de ingresos” pero una medida que puede socavar el apoyo político para la reforma. Todo lo demás son elogios.

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La reforma del CGPJ inclina la balanza hacia el poder legislativo

18 de marzo de 2014 | PERIÓDICO DIAGONAL | El Parlamento asume más control judicial

A finales de 2012 el Ministerio de Justicia aprobó, tras varios meses de negociaciones con la oposición, un anteproyecto de reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debe tener una conclusión final en los próximos meses. En ella se modifican los procedimientos de nombramiento de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para solventar los problemas de “excesiva politización” que se le atribuyen a la ley. El viernes 1 de marzo, se abordó esta cuestión en el Consejo de Ministros y se concluyó con la aprobación del proyecto de reforma, que se remitirá a las Cortes para su puesta en marcha en septiembre.

Tras el desprestigio que el caso Carlos Dívar ocasionó al órgano de gobierno del Poder Judicial de España, debido al escándalo de los viajes privados del expresidente del CGPJ financiados con dinero público, el PP prometió ceder a los jueces la potestad de elegir a 12 de los 20 vocales del órgano, sin embargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consideró que de esa manera no se evitaba la “politización” que había dentro del gobierno de los jueces. Así pues, la propuesta que puso sobre la mesa en diciembre de 2012 daba la vuelta a todo lo prometido en etapa electoral y proponía que fueran las Cortes quienes designaran directamente a los vocales.

La nueva reforma sustituye el anterior procedimiento e introduce el criterio de representatividad, por lo que a partir de su puesta en vigor, las Cortes deberán escoger al menos a tres magistrados del Supremo, tres magistrados con más de 25 años de carrera judicial, a cuatro con menos de 25 años de experiencia y al menos a dos jueces. Hasta entonces, las cámaras no tenían la obligación de incluir en el CGPJ a los jueces no asociados, pero tras la reforma deberán tenerse en cuenta e incluirse proporcionalmente en la conformación del órgano. Otra de las remodelaciones que se incluyen en el anteproyecto es la de reducir el número de firmas necesarias para que los jueces no asociados puedan presentar candidaturas al CGPJ. En caso de ponerse en marcha la ley, precisarían tan sólo de 25 avales de compañeros en lugar de los 100 que se exigen con la ley hoy vigente.

Críticas de dentro

Como lleva ocurriendo en numerosas ocasiones desde que el Partido Popular empezara a gobernar, los colectivos judiciales han mostrado su desacuerdo también con esta reforma. Las agrupaciones de jueces sufrirán, con esta nueva ley, una pérdida sustancial de influencia a la hora de la toma de decisiones, influencia que pasará directamente a los miembros de las Cortes. La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) considera que la cesión de la designación de los vocales a las Cortes Generales lo único que consigue es “subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo”. Joaquim Bosch, portavoz de JpD, cree que las justificaciones de Gallardón para llevar adelante esta reforma no son aceptables, ya que pierden de vista la limitación de la división de poderes y sólo obedecen “a un intento de acumulación de poder por parte del Ejecutivo”.

La recomendación que se introduce de designar parte del CGPJ a tres magistrados del Tribunal Supremo y a otros tres con más de 25 años de experiencia en la carrera judicial también ha levantado numerosas críticas. A pesar de que Ruiz-Gallardón considera necesario constituir un “gobierno de los jueces más veteranos”, ha sido advertido de que esa “gerontocracia” crearía una fractura en la toma de decisiones, debido principalmente a la pérdida de percepción real de personas que llevan más de 25 años sin ejercer su profesión en un juzgado. La Asociación Profe­sional de la Magistratura, de carácter conservador, ha criticado una ley que “atenta contra independencia judicial” al reducir los medios con que cuenta el CGPJ y permitir el ejercicio privado simultáneamente a la vocalía en el órgano.

La reforma, que se encontraba en proceso de negociación con el PSOE, fue finalmente aprobada el pasado viernes 1 de marzo en el Consejo de Ministros, e introduce además algunas otras modificaciones. Entre ellas, el Ministerio de Justicia opta por la reducción de costes, ajuste que se podría plasmar en la nueva norma en forma de procedimientos acordes con la constancia a efectos de la ley de transparencia de las retribuciones de los miembros del CGPJ o la suspensión de incompatibilidad de cargos, salvo en los cinco altos cargos. El proyecto también incluiría modificaciones como instaurar la obligatoriedad de poseer la titulación de Derecho para acceder a los concursos meritorios para los diferentes puestos.

Resumen en un minuto

20 juristas nombrados por el Parlamento: Cada cámara parlamentaria escogerá diez vocales del CGPJ, cuatro serán juristas “de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional” y otros seis se elegirán en función del turno judicial.

Las Cámaras asumen más control: Hasta ahora, cada cámara escogía seis de entre 36 candidatos propuestos tanto por las asociaciones de jueces, como por jueces no asociados. A partir de la reforma todas las candidaturas se enviarán al Parlamento.

Reducción de comisiones: La Comisión Permanente del CGPJ, formada por el presidente y seis vocales, asume las competencias de 15 comisiones que desaparecen. La Comisión Permanente será rotatoria en el caso de los seis vocales.

Menos vocales con dedicación exclusiva: La dedicación exclusiva se limita a  a los seis miembros de la Comisión Permanente, al presidente y al vicepresidente del Supremo. Esto ha sido criticado por el riesgo de que se produzcan incompatibilidades.

Cuenta atrás para el Código Penal

Mientras la reforma del Poder Judicial comienza ahora su andadura, el proyecto de reforma del Código Penal apura fases hasta su aprobación, prevista para la segunda mitad del año. Además de la prisión permanente revisable, el anteproyecto incluye la supresión de las faltas y la ampliación de los supuestos de atentado y resistencia a la autoridad. Otro de los puntos conflictivos es el que modifica el artículo 318 bis del Código Penal, que contempla la petición de penas de cárcel para aquellas personas “que lleven a cabo actos de solidaridad con las personas en situación administrativa irregular”, según denuncia la plataforma recién creada Salvemos la Hospitalidad. El propio CGPJ emitió en enero un informe no vinculante que pone en cuestión la constitucionalidad de la reforma de Gallardón.

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